La oportunidad que abre el canje exige saber por qué no funcionó la anterior

La Argentina es una tierra de oportunidades. La frase la repiten todos los que se maravillan con el potencial de una nación que tiene enormes recursos naturales y humanos. Pero la Argentina también es el país de las oportunidades perdidas, como lo ha reconocido el propio papa Francisco, marcado por una extraña habilidad para caer en precipicios sin proponérselo. Alberto Fernández encontró ayer la salida de un pesado laberinto económico, que deja a su gobierno en el ruta del postergado desarrollo productivo. Su desafío, como aspira toda la sociedad, es que la enorme chance ganada con la reestructuración de la deuda en dólares no se pierda.

El resultado del canje anunciado formalmente ayer fue más que positivo. El Gobierno podrá rescatar 99% de los bonos comprometidos, quedando una porción mínima de acreedores en condiciones de litigar contra el Estado. Supera todas las iniciativas similares a las que se acudió en el pasado, sobre todo las de 2005 y 2010.

En términos macroeconómicos, implica un ahorro cercano a los u$s 38.000 millones en los próximos diez años, frente a la carga financiera que tenía el Estado con inversores privados a fines de 2019. Todavía queda definir cómo se reconfigurará la deuda con el FMI, pero en cualquier caso, la expectativa es que el nuevo acuerdo se traduzca en un alivio para la caja del Estado en los años que le quedan de gestión a Alberto Fernández.

La pregunta es, entonces, qué debe hacer el gobierno argentino para que este nuevo escenario sea considerado beneficioso para la inversión. Porque más allá de que el Estado ponga en juego su vocación de tener un rol activo en la recuperación económica, no hay ninguna posibilidad de que sustituya al sector privado como motorizador del empleo, y por ende, del consumo.

Lo primero sería asumir alguna lección de la experiencia 2005. Sin juzgar la ominosa crisis de 2001, lo que hizo el gobierno de Néstor Kirchner fue aprovechar esa ventana que abrió el default y la posterior reestructuración, fue asumir un ciclo inédito de aumento del gasto público, que entre 2013 y 2015 se duplicó en términos de PBI. Había necesidades insatisfechas, sí. Pero se asumió que el poder del Estado para cubrirlas era ilimitado. Y no lo es. La caída global de 2009 y la fuga de capitales que se inició en 2010 le quitaron al Gobierno capacidad de financiamiento. Su única salida (como en el presente) fue la emisión.

La historia económica remarca que casi todas las crisis financieras y cambiarias tuvieron su origen en una crisis fiscal, producto de un Estado que gasta más de lo que recauda. En ese eje habrá que evaluar los pasos que dé Alberto Fernández para no perder esta oportunidad. La próxima señal a esperar es el Presupuesto 2021 que debe entregar Martín Guzmán antes del 15 de septiembre.

Jefatura de Redacción
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