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La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó que el Gobierno de Donald Trump podrá avanzar con una nueva lista para verificar la elegibilidad de los votantes, con el objetivo de identificar a los extranjeros sin autorización para sufragar.

El fallo, con seis votos a favor y tres en contra, habilita la medida en 23 estados demócratas y en Washington D.C.

La orden ejecutiva había sido firmada por Trump en marzo para reforzar los controles sobre el voto por correo. Una jueza federal la frenó en junio al considerar que el presidente no tiene autoridad para modificar cómo los estados administran sus elecciones.

¿Qué establece la nueva lista del Gobierno de Estados Unidos?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrá elaborar listas de ciudadanía por estado con bases de datos federales, para identificar a quienes no están habilitados para votar en elecciones federales.

Entre los principales cambios que habilita el fallo:

  • El DHS cruzará datos federales para armar listas de ciudadanía por estado.
  • El Servicio Postal exigirá nuevos diseños en los sobres de boletas por correo.
  • Cada estado deberá enviar al Servicio Postal los datos de los votantes por correo.

El Servicio Postal enviará a cada estado una lista de participación con nombres y domicilios de quienes recibieron un voto por correo, pensada para detectar irregularidades. Cabe aclarar que el voto de extranjeros ya es ilegal bajo la ley federal y, según la propia sentencia, los casos registrados son excepcionales.

Si se lleva a cabo, el USPS pasaría a depender directamente del Departamento de Comercio. Foto: EFE.
Si se lleva a cabo, el USPS pasaría a depender directamente del Departamento de Comercio. Foto: EFE.

¿Qué significa este fallo para los votantes y extranjeros en Estados Unidos?

Los estados alcanzados deberán ajustar sus procesos antes de las próximas votaciones: capacitar funcionarios, modificar los sobres de votación y enviar los datos de los votantes al Servicio Postal.

El fallo no impide que los estados demandantes vuelvan a la Justicia si una medida concreta del Gobierno resulta, en los hechos, ilegal. El litigio de fondo sobre la constitucionalidad de la orden sigue abierto en tribunales inferiores.