El concurso preventivo de Bodega Norton expuso una crisis que se fue gestando durante varios años y que terminó de estallar en medio de un conflicto societario tras la muerte de su principal accionista.
La compañía, una de las bodegas más tradicionales de Mendoza y durante años ubicada entre las cinco mayores exportadoras de vino del país, ingresó al paraguas judicial a fines de octubre de 2025.
Desde entonces, el proceso avanzó mientras la empresa continuó sumando cheques rechazados. Actualmente acumula 355 por más de $4530 millones, de acuerdo con los registros del Banco Central.
El expediente se tramita en el Primer Juzgado Concursal de Mendoza. El período para que los acreedores presentaran sus pedidos de verificación ya finalizó y el proceso continúa ahora con las siguientes etapas previstas.
En una entrevista exclusiva con El Cronista, Tomás Lange, CEO de Bodega Norton, aseguró que el concurso “viene avanzando bien” y confirmó que la empresa ya completó la etapa de verificación de créditos y las posteriores impugnaciones.
Ahora, el síndico deberá revisar esas presentaciones y emitir en octubre un informe ante la jueza. “Recién en febrero de 2027 la jueza emite un informe con el monto final adeudado que hay que sentarse a negociar”, explicó Lange. A partir de entonces, Norton tendrá hasta septiembre de 2027 para alcanzar un acuerdo con sus acreedores.
Fundada en 1895 por Edmund James Palmer Norton, la bodega pasó a manos del grupo austríaco Swarovski en 1989, cuando fue adquirida por Gernot Langes Swarovski.
Desde entonces, la compañía se expandió, desarrolló marcas en el mercado interno y externo, exporta a más de 70 destinos y cuenta con más de 1200 hectáreas de viñedos propios en Luján de Cuyo y el Valle de Uco.
Durante más de tres décadas, la conducción operativa de la bodega estuvo a cargo de Michael Halstrick, quien lideró la empresa primero como delegado del accionista y luego como presidente y CEO.
La inestabilidad en la gestión se dio luego del fallecimiento de Gernot Langes Swarovski, en 2021. Acto seguido, se abrió la sucesión patrimonial y se reordenó el esquema de control de los distintos negocios familiares.
En el caso de Norton, quedó bajo la órbita de la fundación Gernot Langes Swarovski Privatstiftung, con dos beneficiarios: Diana Langes Swarovski, con el 60% de los beneficios, y Halstrick, con el 40%. A partir de ese momento se inició una disputa por la conducción de la empresa que derivó en cambios en el directorio, renuncias anticipadas y, finalmente, la salida de Halstrick de la compañía a fines de 2023.
En los meses siguientes, la conducción quedó marcada por una fuerte rotación de directores y ejecutivos. Parte del directorio pasó a estar integrado por representantes con domicilio en Austria, mientras que, para cumplir con la normativa local, se designaron directores con residencia en Argentina, varios de los cuales terminaron renunciando entre 2024 y 2025.
En julio de 2025, Norton designó como nuevo CEO a Lange, un ejecutivo con trayectoria en distintas multinacionales del sector de bebidas, entre ellas el grupo Pernod Ricard.
Para entonces, la situación financiera ya se encontraba deteriorada. Según consta en el expediente judicial, la empresa arrastraba desde al menos cinco años atrás un nivel de endeudamiento creciente, asociado a una estructura de costos elevada, una estrategia comercial que no logró sostener los márgenes y el aumento de la deuda financiera.
A este escenario se sumaron, las dificultades que viene atravesando la industria vitivinícola, entre ellas: la caída del consumo de vino, el aumento de costos, el impacto de la inflación y las tasas de interés elevadas redujeron el margen operativo de la bodega.
“No estamos exentos de eso, como toda la industria”, reconoció Lange.
Frente a este panorama, Norton discontinuó algunas líneas de baja rentabilidad y concentró su producción en aquellas con mayor potencial. “Estamos mejorando los márgenes y las condiciones comerciales”, aseguró el ejecutivo.
La compañía lleva casi 10 meses operando dentro del concurso sin financiación externa. “Lo que vendemos o lo que sale tiene que entrar. Es caja pura”, resumió.
El deterioro financiero comenzó a hacerse visible hacia fines de 2025, cuando el Banco Central informó el rechazo de más de 100 cheques por un monto superior a los $1400 millones. Desde entonces, la cantidad continuó creciendo hasta alcanzar los niveles actuales.
El reclamo millonario del ex CEO
A la interna por la conducción se sumó el juicio por despido iniciado por Michael Halstrick, quien reclama más de $ 907 millones a la compañía. La demanda fue presentada antes de que Norton recurriera al paraguas judicial.
A fines de 2025, la jueza Lucía Sosa dispuso que el expediente laboral fuera analizado dentro del proceso de reestructuración, para determinar si ese crédito debe incorporarse junto con el resto de las obligaciones de la firma.
La medida abrió la posibilidad de que Halstrick pase a integrar la lista de acreedores, aunque el planteo todavía no tiene una resolución de fondo. Por lo tanto, los más de $ 907 millones reclamados no constituyen hasta el momento una deuda reconocida.
El ex CEO no fue el único ejecutivo que llevó a Norton a la Justicia laboral. Fernando Merlo, ex gerente de Comercio Exterior, también inició una demanda por despido contra la compañía.
El nuevo frente judicial
En los últimos días, Norton sumó otro problema judicial. La Fiscalía de Mendoza ordenó imputar a tres integrantes de la bodega en una causa por una presunta defraudación. La investigación también involucra a un representante de Acindar Pymes SGR.
El caso está relacionado con una deuda con la Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud, que en 2024 le había vendido vino a la compañía por $ 503,25 millones. La operación terminó en conflicto después de que Norton no pudiera afrontar los pagos acordados.
En medio de las negociaciones posteriores, la empresa emitió seis cheques por un total de $ 955 millones. La Justicia analiza ahora si existió una maniobra irregular alrededor de esos documentos, que habían sido entregados a nombre de la cooperativa para luego ser endosados.
La acusación alcanza a David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez, de Norton, y a Carlos Moyano, de Acindar Pymes. Los tres primeros fueron imputados como presuntos coautores y el último como supuesto partícipe primario.
La compañía respondió a las acusaciones a través de un comunicado. “Bodega Norton rechaza cualquier interpretación que atribuya un beneficio indebido o una conducta irregular por parte de la empresa, sus directivos y sus empleados”, señaló.
Además, indicó que ni la firma ni sus colaboradores habían sido notificados de la medida. “Confiamos en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos y determinar que no hubo un accionar contrario a derecho por parte de Bodega Norton”, agregó.
En el mismo documento, se refirió al momento que atraviesa la bodega. “El proceso de reorganización continúa a buen ritmo”, aseguró, y destacó que mantiene el vínculo con la mayoría de sus proveedores históricos.
