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En lo que va de 2026, la cantidad de demandas laborales presentadas contra las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) supera las 70.000 y la proyección indica que el año cerrará con un nuevo récord histórico de juicios. Así lo advirtió Fernando Zack, presidente de Provincia ART, durante El Cronista Studio Seguros, donde alertó sobre el impacto que este fenómeno puede tener en la viabilidad del sistema de riesgos de trabajo y en la cobertura de millones de trabajadores registrados en la Argentina.
“La situación es muy preocupante y está poniendo en jaque al sistema de riesgos de trabajo; es una amenaza contra su viabilidad”, expresó Zack. El titular de Provincia ART aseguró que no solo 2026 terminará con cifras inéditas de litigios, sino que “son récords que se vienen rompiendo año a año desde la salida de la pandemia”. Para el directivo, el volumen de demandas refleja un problema que “se está volviendo estructural”.
El riesgo para el sistema
El presidente de la compañía destacó que el verdadero riesgo no radica en la posible quiebra de una aseguradora, sino en el alcance social del sistema: “Lo menos importante es si una compañía quiebra o no; lo que importa es que el sistema le da cobertura a 10 millones de trabajadores registrados en la Argentina”, enfatizó.
Según remarcó, el crecimiento de la litigiosidad amenaza con dificultar la continuidad de esa cobertura, ya que el aumento en la cantidad de juicios implica costos mayores que, en última instancia, se trasladan a los clientes, es decir, a las empresas que generan empleo en el país.
Cómo se originan las demandas
El ejecutivo planteó que detrás del fenómeno hay un mecanismo que calificó como “una estafa al sistema de riesgos de trabajo y una estafa a los empleadores”. En su análisis, explicó que en la mayoría de los casos el trabajador que sufre un accidente o padece una incapacidad no inicia acciones legales: “Recibe la asistencia que le corresponde en función de la incapacidad que tenga y, en general, la historia termina ahí”.
Sin embargo, la gran mayoría de las demandas judiciales —más del 90%, según sus estimaciones— están vinculadas a “accidentes muy menores”, como “un esguince, algún golpe que pasa por la comisión médica, que es una instancia administrativa previa al juicio”.
En esa etapa, cuando la comisión médica determina que no corresponde indemnización, “esa persona es contactada por algún abogado y termina iniciando un juicio a la ART”, relató. “Generalmente los peritos médicos dictaminan cosas que para nosotros son insólitas”, aseguró.
Como ejemplo, mencionó que la aseguradora enfrenta 10.000 juicios iniciados por personal policial —ya sea de la Ciudad de Buenos Aires, de fuerzas federales o de la provincia de Mendoza, donde la empresa opera— en los cuales se reclama una incapacidad psicológica además de la física: “El problema de eso es que: o bien esa incapacidad psicológica no existe y nos están intentando estafar; o bien existe y tenemos 10.000 policías en la calle con un arma en la cintura que tienen incapacidad psicológica”.
Las jurisdicciones más litigiosas
Zack también puso el foco en la jurisdicción como un factor que explica el fenómeno: “Tenemos jurisdicciones que son más litigiosas que otras; la Ciudad de Buenos Aires es una de ellas. La provincia de Buenos Aires también”.
Según su visión, esto se relaciona con los comportamientos de la justicia laboral en cada territorio. “Vemos que hay justicias laborales que ponen tasas de actualización de las sentencias que son muy onerosas, como la Ciudad y la provincia; otras que son más conservadoras en ese caso, lo que desalienta la litigiosidad”, indicó el ejecutivo.
El incentivo económico detrás de los juicios
A pesar de reconocer la necesidad de actualizar las sentencias en los casos legítimos, Zack advirtió sobre el incentivo económico que genera el sistema actual: “Cuando hay un juicio legítimo, obviamente esa sentencia hay que actualizarla, porque producto de la inflación argentina ese capital va perdiendo valor”, señaló.
No obstante, cuestionó que “hacer un juicio se ha transformado en el mejor negocio financiero que se puede hacer en la Argentina”. “Este se tiene que actualizar en función de preservar el valor de ese capital. Si al momento del accidente vale $ 10, que siga valiendo $ 10 en términos reales; no $ 10 más N”.
A su vez, subrayó que existe “un conjunto de abogados cada vez más grande que procuran tener esos casos y generar esos niveles de judicialidad y están siendo muy exitosos”.
