Telecom puso en marcha formalmente el proceso de desinversión que le impuso el Gobierno para autorizar la compra de Telefónica de Argentina. La Autoridad Nacional de la Competencia designó al agente que supervisará la venta de seis millones de líneas móviles, más de 200.000 clientes de internet fija y parte del espectro radioeléctrico.
La firma elegida es Together Business Consulting, una consultora boutique respaldada por la red internacional Nexia. Fue seleccionada de una terna presentada por Telecom y deberá monitorear el cumplimiento de las medidas ordenadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia.
La designación abre la etapa decisiva del proceso. Telecom deberá buscar potenciales compradores, presentar las propuestas ante el organismo y avanzar con las transferencias una vez que sean aprobadas por Defensa de la Competencia y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La empresa cuenta con 60 días hábiles para proponer adquirentes, aunque el proceso completo de transferencia de los activos podría extenderse hasta dos años.
Fuentes de la compañía ya habían advertido a El Cronista, antes de la designación del agente, que consideraban excesivo el alcance de las condiciones y demasiado ajustados los plazos establecidos.
En ese contexto, fuentes cercanas a la compañía indicaron que no descartaban recurrir a la vía judicial para cuestionar al menos parte de la resolución. Por ahora, sin embargo, comenzó a cumplir con el cronograma oficial y dio el primer paso con la presentación de la terna de consultoras.
Qué deberá vender Telecom
La principal exigencia es la transferencia de 6 millones de líneas móviles: cuatro millones deberán corresponder al Área Metropolitana de Buenos Aires y los dos millones restantes podrán pertenecer a distintas localidades del interior.
La operación deberá incluir los activos necesarios para garantizar la prestación del servicio. Además, durante dos años, Telecom tendrá que brindarle al comprador acceso a infraestructura, espectro, sistemas e interconexión, para asegurar la continuidad mientras el nuevo operador desarrolla o amplía su propia red.
Telecom debe desprenderse de 6 millones de líneas de telefonía celular y 211.400 abonados de internet, y devolver 130 MHz de esprectro radiofónico
El objetivo del Gobierno es consolidar un tercer jugador en telefonía móvil y evitar que el mercado quede repartido únicamente entre Telecom y Claro. Por ese motivo, la empresa controlada por América Móvil no podrá adquirir las líneas que se pongan a la venta.
Posibles interesados
Entre los posibles interesados, Telecentro aparece como el jugador local mejor posicionado, según fuentes del mercado. La empresa de Alberto Pierri ya opera en internet, televisión y telefonía fija, pero no cuenta con una red móvil de alcance nacional. También hay operadores internacionales que siguen el proceso.
En el mercado vuelven a mencionarse algunos de los grupos que habían analizado la compra de Telefónica de Argentina antes de que Telecom cerrara la operación por u$s 1245 millones, en febrero de 2025. Entre ellos aparecieron la francesa Iliad, del empresario Xavier Niel; Liberty Global; Millicom, dueña de la marca Tigo en América latina.
Por ahora, no está confirmado cuáles de esos interesados iniciaron conversaciones concretas por los activos que Telecom deberá vender. Tampoco está definido si todo el paquete quedará en manos de un único operador o si será dividido entre distintos compradores.
La desinversión también incluye 211.400 abonados de banda ancha fija en localidades donde la empresa resultante de la integración supera el 50% del mercado. Los clientes están distribuidos entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro y podrán ser adquiridos por diferentes prestadores.
Además, Telecom deberá desprenderse de 130 MHz de espectro radioeléctrico. El esquema contempla la devolución inmediata de 60 MHz en todo el país, entregas adicionales en zonas de alta concentración y la colocación del resto en el mercado secundario.
Según el análisis oficial, sin estas medidas la empresa combinada podría concentrar cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones. Con las desinversiones, el Gobierno estima que esa participación se reducirá a alrededor del 50%.
La disputa por las condiciones
Telecom sostiene que las medidas de remediación no reflejan la transformación que atraviesa la industria ni la competencia que ejercen las plataformas digitales y los servicios de conectividad satelital.
La compañía también considera que el negocio requiere cada vez mayor escala para afrontar las inversiones en fibra óptica, redes móviles y nuevas tecnologías. Bajo esa lógica, la obligación de transferir clientes, activos y espectro podría afectar la capacidad de inversión de la empresa integrada.
Fuentes de la compañía habían señalado a El Cronista que la resolución final fue más exigente que algunas de las alternativas discutidas durante el análisis técnico de la operación.
La preocupación no se limita al volumen de activos que deberán venderse, sino también a la obligación de encontrar compradores capaces de cumplir con los requisitos financieros, técnicos y regulatorios dentro de los plazos establecidos.
