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Durante la conferencia de prensa de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, trabaja en ajustes a la reforma impulsada contra las llamadas pensiones doradas, luego de detectar una contradicción en la Constitución respecto al límite que pueden recibir exfuncionarios y servidores públicos.
Sheinbaum explicó que la Constitución contempla dos criterios distintos: uno establece como referencia máxima el salario de quien ocupa la Presidencia de la República, mientras que otro señala que las pensiones no deben superar la mitad de dicha remuneración.
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La reforma a las “pensiones doradas” en México
La presidenta señaló que, mientras se resuelve esta contradicción, la Consejería Jurídica aplica de manera provisional el criterio que favorece el mayor derecho. Bajo esta interpretación, las pensiones de determinados organismos no pueden superar el salario correspondiente a la titular del Ejecutivo federal.
La medida contempla instituciones como:
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Luz y Fuerza del Centro
- Nacional Financiera (Nafinsa)
- Banobras
- Otros organismos descentralizados del Gobierno de México
De acuerdo con el Gobierno, los pagos otorgados en estas instituciones deberán ajustarse al límite establecido para la persona titular de la Presidencia de la República.
Sheinbaum cuestiona las pensiones de exfuncionarios del Banco de México
Durante su exposición, la mandataria también hizo referencia a las pensiones que reciben algunos exfuncionarios del Banco de México (Banxico), entre ellos Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, Francisco Gil Díaz y Agustín Carstens.
Sheinbaum señaló que algunos de estos exfuncionarios reciben montos elevados por su paso por la institución y mencionó pensiones mensuales que van desde 150,000 hasta 412,000 pesos, dependiendo del caso.
No obstante, la mandataria aclaró que Banxico no forma parte de la reforma que impulsa el Gobierno de México para establecer límites a las llamadas pensiones doradas.
A pesar de ello, consideró que los montos de algunas asistencias económicas merecen ser revisados y calificó de cuestionables los pagos elevados que reciben determinados exfuncionarios.
El Gobierno planteó que el Banco de México podría analizar estos casos, asi como también señaló que la revisión no debería afectar las pensiones de los trabajadores de la institución en general.
