La reciente reforma al Artículo 127 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fija un límite a las pensiones pagadas con recursos públicos. En esta línea, ningún jubilado podrá recibir más del 50% del salario de la Presidencia de la República, lo que equivale a cerca de 70,000 pesos mensuales. La medida tiene como objetivo reducir las llamadas “pensiones doradas” en entidades como Pemex, la CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro, donde históricamente se otorgaron prestaciones por encima del promedio. No obstante, la controversia no se centra solo en el monto, sino en la posibilidad de aplicar este tope a pensiones que ya fueron otorgadas. El principal punto de debate es si la reforma puede aplicarse de manera retroactiva. En México, el Artículo 14 constitucional prohíbe que las leyes afecten en perjuicio a las personas con efectos retroactivos. Especialistas en derecho señalan que las pensiones son “derechos adquiridos”, es decir, beneficios que ya fueron reconocidos tras cumplir ciertos requisitos. Por ello, reducir una pensión vigente podría interpretarse como una violación a la Constitución, al modificar condiciones previamente establecidas. El tema ya generó reacciones. Más de 93,000 jubilados de distintas instituciones públicas expresaron su rechazo y anunciaron que recurrirán a la vía legal para frenar la medida. Además de protestas en la Ciudad de México y otros estados, los inconformes planean presentar amparos tanto individuales como colectivos, lo que podría llevar el caso a tribunales federales e incluso instancias internacionales. Argumentan que durante años aportaron bajo ciertas reglas que ahora se pretenden modificar, afectando sus derechos. Por su parte, el gobierno federal defiende la reforma como una acción de austeridad y justicia, orientada a reducir el gasto en pensiones elevadas y eliminar beneficios considerados excesivos. Sin embargo, expertos subrayan que el tema no es solo económico, sino también legal, ya que se debe determinar si el Estado puede cambiar condiciones ya consolidadas sin violar la Constitución. El desenlace dependerá de lo que resuelvan los tribunales. En precedentes similares, el Poder Judicial protegió los derechos adquiridos cuando se demuestra afectación directa. Si los jueces concluyen que hay retroactividad en perjuicio de los jubilados, podrían otorgar amparos que eviten la aplicación del tope en casos concretos. En cambio, si consideran que la medida responde a un interés público superior, la reforma podría mantenerse. Más allá del impacto inmediato, este caso podría marcar un precedente importante para futuras modificaciones al sistema de pensiones en el sector público, al enfrentar dos principios clave: la sostenibilidad financiera del Estado y la protección de los derechos adquiridos.