El Senado de la República aprobó una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que modifica la Ley de Vivienda y autoriza que el gobierno federal puede disponer de 286,000 millones de pesos del fondo de los trabajadores para construir, adquirir y rehabilitar viviendas en todo el país, aunque en términos legales lo que establece es que organismos de vivienda pueden utilizar esos recursos bajo nuevas facultades. La votación cerró con 75 votos a favor y 36 en contra, con el respaldo del bloque oficialista y la oposición frontal del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. La modificación del Artículo 56 de la Ley de Vivienda amplía las facultades de organismos como el FOVISSSTE e Infonavit. Hasta ahora, estas instituciones solo podían otorgar créditos individuales; con la nueva norma, podrán también construir, arrendar, rehabilitar y urbanizar terrenos directamente, utilizando los recursos acumulados en los fondos de los trabajadores. La condición establecida en la ley es que cada operación deberá contar con la autorización previa del órgano de gobierno del organismo correspondiente y enmarcarse dentro de los programas oficiales de vivienda. El gobierno presentó esto como la vía para resolver un déficit habitacional que, según cifras mencionadas en el debate, supera ocho millones de viviendas. Senadores del PRI, PAN y MC advirtieron que la reforma abre la puerta a un uso discrecional del ahorro de los trabajadores sin garantías reales de recuperación. La senadora Alejandra Barrales (MC) señaló que, aunque la reforma se presenta como una solución para el problema de vivienda de los empleados, lo que realmente hace es habilitar al gobierno para disponer de fondos que no le pertenecen. La senadora priísta Mely Romero Celis fue más directa: calificó la medida de “huachicol de la vivienda” y advirtió que los recursos fluirán hacia una constructora estatal opaca. También cuestionó que al frente del Infonavit esté Octavio Romero Oropeza, exdirector de Pemex. Para el PAN, el problema de fondo es otro: la reforma no inyecta recursos nuevos al sistema, simplemente redirige los ahorros existentes de los trabajadores hacia proyectos que el gobierno define y controla. Desde la bancada de Morena y sus aliados, la respuesta fue contundente. El senador Gerardo Fernández Noroña acusó al PRI y al PAN de haber entregado precisamente ese ahorro a constructoras privadas durante décadas, generando viviendas con deficiencias y créditos impagables. El senador Manuel Huerta recordó que en 20 años de administraciones del bloque opositor se dejaron seis millones de viviendas abandonadas y varias empresas constructoras en quiebra. La senadora del PVEM María del Rocío Corona Nakamura aseguró que esta reforma eliminará el modelo de las llamadas “viviendas huevito” y fijará una meta concreta de un millón 800 mil nuevos hogares. El Partido del Trabajo, por su parte, destacó que la reforma no solo ampliará el crédito disponible, sino que permitirá al Estado construir y arrendar vivienda directamente, algo que según sus promotores ya comenzó a materializarse con avances desde 2025.