La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que fortaleció el derecho de miles de mexicanos a recibir indemnizaciones en caso de sufrir daños derivados del servicio público de energía eléctrica. En una decisión tomada en sesión de Pleno, el máximo tribunal resolvió que, a partir de ahora, los afectados por accidentes provocados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrán exigir directamente el pago a la aseguradora que respalda a la empresa estatal, sin tener que iniciar un procedimiento administrativo ante el Gobierno previamente. Con esta determinación, se busca impedir demoras indebidas y reforzar el derecho de las víctimas a recibir una compensación completa cuando existan daños ocasionados por fallas en los servicios públicos del Estado. La resolución tuvo origen tras los Amparos en Revisión 230 y 328/2025, casos vinculados con trabajadores de la construcción que sufrieron fuertes descargas eléctricas mientras desempeñaban tareas cerca de cables con corriente. Las consecuencias físicas fueron severas y afectaron de manera drástica su vida cotidiana. Frente a esta situación, la Corte examinó el alcance del artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, normativa que establece las obligaciones de las aseguradoras ante daños provocados por organismos públicos. El Pleno concluyó que este artículo se ajusta a la Constitución y que, en lugar de limitar derechos, establece un mecanismo directo para que las personas afectadas puedan exigir una compensación inmediata mediante la vía civil. De esta manera, la aseguradora estará obligada a entregar el pago correspondiente directamente a la víctima, evitando procesos burocráticos o gestiones administrativas innecesarias antes de recibir la indemnización. La Corte aclaró además que este derecho podrá aplicarse siempre que exista una póliza de seguro vigente que respalde los riesgos asociados a la operación de la CFE. Si la cobertura resulta insuficiente para reparar por completo los daños (como en casos de lesiones severas, incapacidades permanentes o afectaciones económicas de gran magnitud), las víctimas todavía tendrán la posibilidad de acudir a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para exigir la compensación restante. Este recurso deberá tramitarse mediante un procedimiento administrativo complementario, en el que se tendrá que acreditar que existieron irregularidades, omisiones o negligencia por parte del Estado. Con esta resolución, la SCJN refuerza la protección de las personas afectadas y deja claro que las autoridades deben responder de manera rápida, integral y eficaz por los daños ocasionados por el funcionamiento deficiente de los servicios públicos. El fallo también marca un precedente relevante para miles de mexicanos que han enfrentado accidentes o afectaciones derivadas de fallas en la infraestructura eléctrica o en las operaciones de la CFE, ya que ahora contarán con una vía más sencilla y directa para reclamar una indemnización económica.