La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió un fallo clave en materia ambiental al confirmar la constitucionalidad del decreto que protege la región de Yum Balam, en Quintana Roo. La resolución reafirma la facultad del Estado para imponer límites al uso de la tierra cuando esté en juego el interés público y la conservación ecológica. El caso resuelto en la SCJN se originó a partir de un amparo promovido por ejidatarios cuyos terrenos se encuentran dentro del área natural protegida. Los demandantes argumentaron que el decreto de 1994 vulneraba su derecho a la propiedad agraria, consagrado en la Constitución mexicana. Sin embargo, el máximo tribunal determinó que dichas restricciones no eliminan la propiedad, sino que establecen condiciones legítimas para su ejercicio, especialmente cuando se trata de proteger ecosistemas de alto valor ambiental como Yum Balam. En su resolución, la SCJN dejó en claro que la propiedad de la tierra en México tiene un origen nacional, lo que permite al Estado regular su uso en función del interés colectivo. “La propiedad de las tierras corresponde originariamente a la Nación”, recordó el tribunal, subrayando su facultad para imponer modalidades tanto a la propiedad privada como social. Asimismo, precisó que medidas como la limitación de infraestructura turística o la prohibición de ciertas actividades dentro de áreas protegidas no constituyen una expropiación. “No implica la desaparición del derecho de propiedad, sino limitaciones legítimas a su ejercicio”, señaló la Corte, enfatizando que estas disposiciones buscan cumplir fines constitucionales como la protección del medio ambiente. Respecto al Yum Balam, la SCJN concluyó que su estatus como área natural protegida y su Programa de Manejo están plenamente justificados. “Son herramientas legítimas para cumplir el mandato constitucional de proteger el medio ambiente y la biodiversidad”, determinó el fallo. El tribunal destacó que la implementación de estas medidas debe mantener un balance con los derechos de los ejidos involucrados. “Debe armonizarse con la seguridad jurídica y los derechos de los núcleos agrarios”, puntualizó, marcando un precedente relevante en la relación entre desarrollo, propiedad y conservación ambiental en México.