Jueves  09 de Enero de 2020

Cómo es el plan uruguayo para tentar a 100.000 argentinos a ir a vivir al país vecino

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, pretende flexibilizar algunas regulaciones respecto a la residencia legal y fiscal.

Cómo es el plan del Gobierno uruguayo para tentar a 100 mil argentinos a ir a vivir al país vecino

El nuevo gobierno de Uruguay se propuso conseguir que los argentinos, sus turistas más fieles,  no solo elijan al país vecino pasar vacacionar, sino que los tentarán para que se instalen allí de manera permanente. Como el objetivo de  potenciar la inversión apuntan a empresarios y personas de alto poder adquisitivo.

El fin de semana pasado el presidente electo, Luis Lacalle, se reunió con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), en el marco de la Expo Real Estate de Punta del Este, y les informó que pretendía flexibilizar algunas regulaciones respecto a la residencia legal y fiscal para que 100 mil argentinos vengan a vivir a Uruguay en los próximos 5 años, según publicó el diario uruguayo El Observador.

“Estamos seguros que nuestro país se va a convertir en un destino no solo para invertir sino también para que familias vengan a vivir y disfrutar de nuestras playas”, dijo Lacalle en rueda de prensa tras la reunión.

Una de las flexibilizaciones, según trasladó el presidente electo a Appcu, será reducir los montos que se exigen de patrimonio en bienes inmuebles o en inversiones para facilitar la obtención de la residencia fiscal.

Con este tipo de residencia la persona extranjera pasa a tributar en Uruguay y le sirve para dar de baja su residencia fiscal en su país de origen. Además, quienes configuran la residencia fiscal por primera vez, pueden realizar la opción de no pagar IRPF por sus rendimientos del exterior, según explicó a El Observador el socio de FBM, Fabian Birnbaum.

“Estamos seguros que nuestro país se va a convertir en un destino no solo para invertir sino también para que familias vengan a vivir y disfrutar de nuestras playas”, dijo Lacalle Pou.

Es una idea que también maneja el futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso. “Son lo que se llaman altos consumidores o contribuyentes de alta calidad”, explicó al diario uruguayo. De todos modos, Cardoso aseguró que todavía no habló del tema con Lacalle y que le “sorprendió” que lo mencionara, pero aseguró que es necesario “analizar incentivos” para atraer a ese perfil de inmigrante.

Actualmente existe una diferenciación para obtener la residencia legal (que permite tener la cédula de identidad) entre los ciudadanos de países del Mercosur y Estados asociados y el resto del mundo. Mientras que los primeros solo tienen que demostrar el ánimo de permanecer y residir en Uruguay, los segundos deben además acreditar medios de vida. Para la residencia fiscal no existe ningún tipo de diferencia.

La reciente medida lazada por el presidente Alberto Fernández  de que las inversiones o bienes radicados en el exterior pagarán el doble del Impuesto a los Bienes Personales impulsó a que  algunos argentinos empiecen a analizar cruzar el charco.

Anteriormente pagaban este impuesto quienes tenían domicilio fijado en Argentina lo que permitía que un cambio de domicilio fuera suficiente para no pagar el impuesto. Ahora lo que se exige es la residencia, lo que genera una dificultad mayor para quienes pretendan perder la calidad de contribuyentes en la vecina orilla.

Potenciar la inversión

La idea de Lacalle Pou es dinamizar la inversión para reactivar el sector de la construcción y para eso pretende reducir algunos costos, según le trasladó a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción en la mencionada reunión. El presidente electo ya se comprometió a derogar dos decretos vinculados a la vivienda de interés social (ahora denominada promovida) que, según él, limitaron el crecimiento de la construcción. 

El primero, de junio de 2014, introdujo el tope sobre los precios del 25% de las unidades de este tipo. El otro, de febrero de 2017, establece que los inversores pueden exonerar el 100% del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) cuando los arrendamientos no superen "precios máximos" establecidos por el Ministerio de Vivienda. Si se superan esos valores tope la exoneración es del 40%.

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