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Gaming en la Argentina: falta un marco legal para esta industria millonaria

No existe una ley específica que regule de manera integral el impetuoso desarrollo de los eSports y sus profesiones derivadas en el país. Por qué la cuestión que debe resolverse.

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La industria del gaming emergió como un gigante económico a nivel mundial, que genera ingresos astronómicos y cultiva comunidades apasionadas de millones de usuarios. Sin embargo, en muchos países, incluida la Argentina, este fenómeno aún enfrenta desafíos legales significativos.

Nuestro país cuenta con la incipiente propuesta del Proyecto de Ley 4753-D-2020 de reconocimiento de deportes electrónicos, que se presentó en la cámara de Diputados de la Nación. Esta iniciativa tiene como objetivo reconocer a los deportes electrónicos como disciplina deportiva en el ámbito nacional para promover su desarrollo y regulación.

Si bien es un paso hacia el reconocimiento y la regulación de los eSports en el país, también deja en evidencia la necesidad de leyes más específicas y concretas que salvaguarden los derechos de los principales actores de la industria, según explicó Fabiana Fernández, abogada especialista en propiedad intelectual del estudio de abogados Brons & Salas.

"Hay que considerar que este es un proyecto de ley y aún no ha sido aprobado, por lo que puede estar sujeto a modificaciones antes de su eventual promulgación, aunque hubo avances regulatorios en algunas provincias", destacó Fernández, quien y agregó: "No obstante, en Argentina el marco regulatorio para gamers especializados en deportes virtuales no es específico, ya que el país no cuenta con normativas exclusivas promulgadas para esta actividad".

Qué hace falta regular

Para comprender las carencias en regulación, es crucial entender que el gaming no se limita a la diversión. En cambio, evolucionó hacia una industria multimillonaria que abarca una amplia gama de actividades; desde carreras de jugadores profesionales hasta roles de entrenadores, comentaristas y gerentes de equipos, los videojuegos generaron nuevas oportunidades laborales en la Argentina y en todo el mundo.

Además, se convirtió en campo fértil para la producción de eventos, la transmisión en línea, el marketing y la publicidad. Los torneos de eSports atraen a audiencias masivas, lo que es una oportunidad lucrativa para marcas y anunciantes.

Los eSports se transformaron en una industria que mueve millones de dólares y atrae multitudes.

Frente a este escenario, es fundamental que el país desarrolle un marco legal sólido que vaya más allá de las leyes generales relacionadas con el trabajo, los impuestos, la propiedad intelectual y demás. Para Fernández, se trata de profundizar más sobre los derechos intelectuales.

"Muchos gamers crean contenido relacionado con los videojuegos como parte de su actividad con los eSports. Este material puede incluir transmisiones en vivo de sus partidas, videos de juego, guías, reseñas, análisis, tutoriales, entre otros. A partir de esto, los jugadores pueden desarrollar una audiencia y una comunidad en línea, compartir su pasión por los videojuegos y, en algunos casos, generar ingresos a través de patrocinios, publicidad, donaciones de seguidores y otras fuentes", explicó la experta.

Propiedad de contenidos

En esta línea, Fernández destacó la necesidad para los jugadores de prestar especial atención al derecho de imagen, derecho intelectual y de marca. En líneas generales, estos derechos les permiten controlar la reproducción, distribución y exhibición de su imagen, además de que protegen sus identidades en línea y evitan que otros las utilicen sin permiso.

"Ante la falta de leyes específicas que regulan esta actividad, en el caso de generarse relaciones comerciales, es conveniente redactar contratos que establezcan de forma minuciosa todos los aspectos legales que regulen el vínculo jurídico entre las partes", concluyó la abogada.

Así, si bien la industria del gaming alcanzó nuevas alturas en popularidad y rentabilidad, su estatus legal sigue siendo un trabajo en progreso, que exige medidas concretas para garantizar que los principales actores estén protegidos y puedan contribuir al crecimiento económico y cultural del país.

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