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Siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa recibieron un nuevo revés judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso vinculado con una denuncia contra funcionarios que intervinieron en la investigación del asesinato ocurrido en Villa Gesell, en enero de 2020.
El planteo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, quien representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.
La defensa cuestionaba las condiciones en las que se realizaron las primeras indagatorias y sostenía que sus representados no habían recibido información suficiente sobre los hechos atribuidos ni sobre las pruebas reunidas en su contra.
Por qué la defensa denunció a funcionarios judiciales
La presentación apuntaba contra la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, integrantes del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli. Entre los presuntos delitos denunciados figuraban falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.
Uno de los cuestionamientos centrales estaba relacionado con las actas de las declaraciones tomadas poco después del homicidio. Tomei señaló supuestas diferencias de pocos minutos entre los horarios registrados y argumentó que ese margen no habría permitido cumplir con todas las formalidades legales. También pidió apartar a Zamboni de la investigación, pero el planteo fue rechazado por Mancinelli.
El recorrido judicial que terminó en la Corte Suprema
La denuncia avanzó por distintas instancias hasta que fue desestimada por falta de dolo. Además, se rechazaron pedidos para tomarles declaración testimonial a los rugbiers como víctimas y producir otras pruebas. La defensa insistió con revisiones judiciales y cuestionó el procedimiento utilizado para confirmar el cierre de esa investigación.
Tras decisiones adversas en la Justicia bonaerense, incluida la negativa de la Suprema Corte provincial a habilitar el recurso extraordinario en abril de 2026, el expediente llegó al máximo tribunal nacional. Los jueces consideraron que la presentación no tenía fundamentación autónoma suficiente y que no refutaba adecuadamente los argumentos de la resolución cuestionada.
