La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento en todo el país de un juguete infantil denominado “squishy”.
La medida se oficializó mediante la Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El organismo decidió retirarlo del mercado ante el riesgo de que contenga sustancias químicas perjudiciales para la salud.
La ANMAT prohibió la venta de un juguete “squishy”: los motivos
La decisión se fundamenta en un análisis de laboratorio que detectó en muestras del producto “Squeezy Pinch Family” presencia de bis (2-etilhexil) ftalato, conocido como DEHP, superior a los límites establecidos por la normativa vigente.
Se trata de un plastificante utilizado en materiales plásticos cuya presencia está regulada en juguetes y artículos de puericultura por razones de seguridad.
La prohibición abarca a las distintas presentaciones, modelos, variantes y formatos de juguetes de la marca Pinch Family que se encuentren alcanzados por las condiciones establecidas en la norma.
Los productos analizados son de origen chino y están fabricados con polímero plástico blando, diseñado para ser apretado repetidamente.
Según la norma, el ensayo químico determinó que la concentración de DEHP superaba el 0,2% del peso del material analizado, cuando el límite máximo permitido es del 0,1%.
El estudio fue realizado por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, auditado por el Organismo Argentino de Acreditación.
La disposición establece también que importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas deberán destruir y desechar de forma segura e inmediata los productos que tengan en su poder.
Además, quienes comercialicen estos juguetes a través de sitios web deberán informar de manera destacada sobre los alcances de la medida dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su entrada en vigencia.
La autoridad consideró necesario ampliar los controles ante la posibilidad de que estos productos se distribuyan a través de comercios físicos, redes sociales y plataformas de comercio electrónico, incluso mediante vendedores que no se encuentran radicados en el país.
