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Las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires tendrán nuevas responsabilidades frente a los daños intencionales que se produzcan dentro de sus instalaciones. El Ministerio de Educación modificó el esquema vigente y estableció que determinados arreglos ya no serán afrontados directamente por el Gobierno de la Ciudad.
La nueva disposición forma parte del “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos” y contempla casos como grafitis, bancos rotos, puertas dañadas y otros deterioros provocados deliberadamente.
A partir de ahora, las autoridades de cada institución deberán analizar cómo resolver estas situaciones cuando no exista un riesgo inmediato para estudiantes o docentes.
Adiós al esquema anterior: qué deberán hacer ahora las escuelas
Hasta el momento, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se encargaba de cubrir las reparaciones de los establecimientos independientemente de cómo se hubiera producido el daño.
Con el nuevo protocolo, esa modalidad cambia para los casos considerados intencionales y que no impliquen un peligro para la comunidad educativa.
En esas situaciones, el equipo de conducción de la escuela y la cooperadora, con el acompañamiento y apoyo de los padres, deberán definir una estrategia para reparar los espacios afectados.
Entre las alternativas previstas aparece la posibilidad de organizar jornadas en las que los propios alumnos participen, junto con padres y otros integrantes de la comunidad educativa, de las tareas de recuperación.
La medida busca que la reparación no sea solamente una cuestión económica, sino que también funcione como una herramienta para reforzar el cuidado y la responsabilidad sobre los espacios compartidos.
Cuándo interviene el Gobierno porteño y quién paga los arreglos
La nueva normativa establece una diferencia clave según el tipo de deterioro. Si el daño representa un riesgo para la seguridad de alumnos o docentes, el Ministerio de Educación deberá intervenir de manera inmediata y hacerse cargo de la reparación.
En cambio, cuando se trate de un deterioro intencional que no genere una situación de peligro, serán las propias instituciones las encargadas de definir cómo solucionarlo.
Para afrontar estos gastos, las escuelas cuentan con recursos provenientes del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y del Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE), que se articula con las cooperadoras. Hasta ahora, estos fondos estaban destinados principalmente a otros gastos vinculados al funcionamiento cotidiano de los establecimientos.
El marco general de la medida surgió a partir de un estudio realizado por la Universidad de San Andrés junto al Ministerio de Educación, que buscó determinar cuáles son las causas del deterioro de las escuelas. Para elaborar el diagnóstico se consultó a 3.000 estudiantes de 1° a 3° año de 42 colegios secundarios distribuidos en las 15 comunas.
El análisis encontró que existe una relación entre el ambiente que se vive dentro de la escuela y el estado de sus espacios. Cuando hay respeto entre los integrantes de la comunidad educativa, se registran menos daños. Además, se observó un efecto de contagio: los estudiantes tienden a cuidar más las instalaciones cuando ven que sus compañeros también lo hacen.
La medida se aplicará en todos los niveles y modalidades educativas, tanto en escuelas públicas como privadas. El protocolo no se limita a establecer pautas frente a los daños, sino que también incluye propuestas para fortalecer el sentido de pertenencia.
Entre ellas están los “Embajadores del cuidado”, donde cada curso se encargará por turnos de supervisar un sector del establecimiento; los últimos minutos de cada clase destinados a ordenar y cuidar el aula; la creación de murales en espacios vandalizados y el desarrollo de huertas escolares o jardines de polinizadores para recuperar y valorar las áreas verdes.
