La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tomó una serie de decisiones que encendieron alertas en el sistema de salud. A través de resoluciones publicadas este miércoles, el organismo dispuso la prohibición y el retiro urgente de distintos productos por carecer de autorización sanitaria y por presentar riesgos para los pacientes. Entre los casos más sensibles figura una toxina botulínica que se ofrecía para uso dermatológico sin ningún aval oficial. El producto, identificado como “Toxina botulínica ISRADERM”, se vendía de forma clandestina y sin controles básicos de seguridad, según detectó el propio organismo regulador. La investigación surgió tras un relevamiento del Departamento de Control de Mercado, que encontró publicaciones dirigidas al público general a través de redes sociales. ANMAT no logró verificar ni el origen ni la trazabilidad del producto, un punto crítico cuando se trata de sustancias inyectables. Desde el organismo remarcaron la diferencia con marcas habilitadas, como las toxinas botulínicas registradas, que solo se aplican bajo prescripción médica y en ámbitos controlados. En este caso, la ausencia total de inscripción encendió la alarma por posibles efectos adversos graves. La lista de productos prohibidos incluyó un fármaco que se ofrecía como tratamiento para obesidad y diabetes. Se trataba de una presentación identificada como “Lipoless 2,5 mg / Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml”, atribuida a un laboratorio con sede en Paraguay. ANMAT detectó que el medicamento circulaba en plataformas de compraventa online sin autorización para su venta en la Argentina. Tampoco figuraba en los registros oficiales, un requisito indispensable para garantizar calidad, eficacia y seguridad. Por ese motivo, el organismo ordenó frenar su comercialización en todo el país. Las resoluciones también alcanzaron a varios equipos médicos de las líneas Start Profile Prime, Start Profile pHOx Ultra y Start Profile pHOx. En este caso, la prohibición respondió a una situación irregular vinculada a la retención de unidades que quedaron fuera del control del fabricante. La empresa titular de los registros denunció que parte de los equipos permanecía en manos de una persona sin habilitación, lo que impidió asegurar su correcto mantenimiento y seguimiento técnico. Frente a ese escenario, ANMAT dispuso sacar los dispositivos del mercado para evitar riesgos en su uso. Desde el Instituto Nacional de Productos Médicos (INPM) recordaron que las empresas responsables de los productos deben controlar de forma directa o tercerizada los servicios técnicos. La trazabilidad de los equipos, señalaron, resulta clave para garantizar un funcionamiento seguro. El organismo aclaró además que los servicios técnicos que no son titulares de productos no requieren una habilitación específica para operar, siempre que actúen dentro del marco legal. Sin embargo, cualquier irregularidad en la cadena de control puede derivar en sanciones. Las medidas dispuestas por ANMAT no se limitan al retiro de los productos. Las resoluciones prevén la apertura de sumarios administrativos y la aplicación de multas, clausuras, decomisos y suspensiones de actividades, de acuerdo con lo que establece la Ley 16.463. El organismo advirtió que, si las conductas persisten o ponen en riesgo directo la salud pública, los responsables pueden enfrentar consecuencias penales. También dejó abierta la posibilidad de dictar medidas cautelares y de trabajar en conjunto con fiscalías en el marco de investigaciones judiciales.