La fusión entre Telecom Argentina y Telefónica Argentina sumó una nueva demora. La compañía informó a la Comisión Nacional de Valores que el Tribunal de Defensa de la Competencia extendió por 30 días adicionales el plazo de análisis de la operación, lo que vuelve a postergar una definición sobre una de las mayores transacciones del sector. El plazo original de 45 días -que comenzó a computarse el 24 de febrero- vencía hoy. Con la nueva prórroga, la definición se estiró al menos hasta el 15 de junio. La extensión empezará a correr una vez finalizado ese período inicial y deja abierta la posibilidad de nuevas ampliaciones dentro de los márgenes que prevé la ley. La operación, anunciada en febrero de 2025, implicó la compra de los activos de Telefónica en la Argentina por parte de Telecom y reconfiguró el mapa competitivo del sector. Desde entonces, el proceso regulatorio se convirtió en el principal frente abierto para la compañía, con demoras que ya superan el año sin una resolución definitiva. En ese contexto, la nueva prórroga vuelve a poner trabas a un proceso que se estiró más de lo previsto. La revisión está en manos de la Autoridad de Competencia, que debe evaluar el impacto de la integración en los distintos segmentos del negocio: telefonía móvil, servicios fijos, internet y televisión paga. El análisis de la operación avanzó con señales concretas de alerta por parte de los organismos técnicos. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia elaboró un informe de objeción en el que advirtió que la integración podría restringir la competencia en varios segmentos clave del negocio, desde telefonía móvil hasta banda ancha fija. En paralelo, el Ente Nacional de Comunicaciones también puso el foco en el impacto de la operación sobre la estructura del mercado. En ese análisis, se evaluó el peso que tendría la compañía combinada frente a sus competidores y el riesgo de consolidar una posición dominante en determinadas regiones. El expediente incluyó además requerimientos de información, audiencias y la posibilidad de imponer condiciones para avanzar con la aprobación. Entre las alternativas bajo estudio aparecen desde desinversiones puntuales hasta compromisos de conducta en precios o acceso a redes. El proceso regulatorio no quedó aislado del frente político. El Gobierno intervino en la operación con una medida preventiva que buscó frenar la integración, bajo el argumento de evitar una mayor concentración en el sector. La decisión abrió un conflicto directo con el grupo controlante de Telecom. El Gobierno avanzó con una medida preventiva para frenar la integración bajo el argumento de evitar una mayor concentración en el mercado, lo que abrió un frente directo con la compañía. El propio presidente Javier Milei cuestionó la operación y puso el foco en el riesgo de posiciones dominantes. La compañía, por su parte, sostiene que el mercado mantiene competencia efectiva y que la escala es clave para sostener inversiones en infraestructura. La disputa escaló al plano judicial y derivó en fallos que habilitaron la continuidad del proceso, aunque sin resolver el fondo de la cuestión. En los hechos, la operación quedó sujeta al análisis técnico de Defensa de la Competencia, pero atravesada por tensiones políticas que impactaron en los tiempos. Mientras la aprobación no llega, Telecom debe sostener una operación en transición. La compañía avanza con la gestión del negocio, pero sin poder ejecutar plenamente las sinergias previstas en la integración. Esa situación obliga a mantener estructuras paralelas y a tomar decisiones comerciales bajo un esquema transitorio. En ese marco, la empresa negoció la extensión del uso de la marca Movistar para poder seguir operando el negocio heredado de Telefónica mientras se dilata la definición regulatoria. El pedido de prórroga para continuar utilizando esa marca refleja el impacto concreto de la demora: sin aval definitivo, la integración no puede completarse y la compañía debe sostener una convivencia operativa que estaba pensada como temporal.