Los reguladores de Estados Unidos quieren prohibir la posibilidad de que las auditoras presten servicios fiscales a sus clientes de auditoría. El Consejo de Supervisión de las Auditoras de Empresas Cotizadas (Pcaob, según sus siglas en inglés), organismo supervisor de las firmas creado en Norteamérica a raíz del caso Enron, está a punto de proponer que las auditoras tengan prohibido prestar servicios fiscales a ejecutivos de las compañías cuyas cuentas auditen.

Se espera que el regulador les prohiba también el cobro de comisiones por los trabajos fiscales realizados para clientes auditados. Estas comisiones se fijan en función del éxito de la estrategia fiscal diseñada para el cliente (es decir, según el ahorro en el pago de impuestos). Esto se deriva de las normas sobre independencia del auditor dictadas por la SEC.

El Pcaob intentará, además, prohibir a las firmas prestar ciertos servicios de ingeniería fiscal (para recortar la factura en el pago de impuestos) a clientes de auditoría, que el regulador considera abusivos.

Este organismo convirtió el diseño de las normas sobre servicios fiscales en una de sus máximas preocupaciones, dado que este tipo de trabajo puede poner en peligro la independencia del auditor.

Se trata de un debate que se abrió y cerró varias veces en los últimos años. Y, de hecho, las Big four de la auditoría (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young y KPMG) están presionando para suavizar la reforma impulsada por el organismo estadounidense, ya que la fiscalidad es su mayor fuente de ingresos después de la auditoría.

El Pcaob, que lleva estudiando las normas sobre servicios fiscales desde julio, tiene dificultades para definir qué estrategias de evasión fiscal deben considerarse abusivas.

Por ahora, no se adoptó una decisión definitiva, pero el organismo ya terminó un borrador inicial y podría presentar a consulta pública un documento el próximo mes.

Una mayoría del Pcaob coincide en la necesidad de prohibir a las auditoras el asesoramiento fiscal a ejecutivos de empresas auditadas.

La iniciativa se deriva del escándalo que afectó a la compañía estadounidense Sprint, en la que dos ejecutivos fueron despedidos tras evitar el pago de impuestos por los u$s 288 millones percibidos como opciones sobre acciones, a través de una estrategia fiscal diseñada por Ernst & Young.