Según el Reporte de Contratación Global 2025 de la empresa Deel, la cantidad de argentinos contratados por compañías extranjeras creció un 25% en el último año, lo que posicionó al país como el principal proveedor de talento en América Latina bajo esta modalidad. En ese contexto, los ingresos en moneda extranjera también se volvieron cada vez más habituales. De hecho, el 90% de los freelancers argentinos retiró sus ingresos en dólares, mientras que apenas un 6% opta por percibirlos en pesos. Sin embargo, este fenómeno trae consigo un desafío clave: cómo ingresar y declarar esos dólares correctamente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para evitar sanciones, bloqueos o problemas fiscales. Más allá del método utilizado para ingresar el dinero, el punto clave es su correcta declaración impositiva. Desde el punto de vista normativo, ARCA establece que se pueden ingresar o retirar montos de hasta u$s 10.000, sin necesidad de realizar una declaración. Más allá de este límite, algunas entidades bancarias pueden consultarte el origen de la licitud de esos fondos para comprobar que no se obtuvieron de forma ilícita. Sin embargo, más allá de ese umbral, el aspecto central pasa por la declaración impositiva de los ingresos, especialmente cuando se trata de honorarios o remuneraciones provenientes del exterior. En este sentido, un contador consultado por El Cronista explicó: “Actualmente, una alternativa para regularizar dólares no declarados es depositarlos en una entidad bancaria y adherirse al Régimen Simplificado. De esta manera, los fondos pasan a estar incorporados en el circuito formal”. A la vez, subrayó un principio básico que atraviesa toda la operatoria: “Siempre es conveniente tener declarado todo lo que uno tiene, eso es lo que aconsejan los profesionales. Sino, hay que asumir las consecuencias que pueden llegar a tener de detectarse importes de dinero o bienes no declarados”. En este contexto, uno de los cambios más relevantes en materia tributaria fue la implementación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar la reincorporación de dólares que se encuentran fuera del sistema financiero hacia el circuito económico formal. El sistema pasa de un esquema basado en la presunción de irregularidades a uno en el que el organismo parte de la información disponible y la pone a disposición del contribuyente. Entre los puntos principales: En paralelo, la reforma incluyó una actualización significativa de los montos previstos en el Régimen Penal Tributario, lo que redefine cuándo una conducta pasa a ser considerada delito. Los nuevos umbrales son: Cuando ARCA detecta ingresos no declarados, inicia un proceso de fiscalización y propone al contribuyente que rectifique su declaración jurada para incorporar esos montos Según explicó un abogado tributario consultado por El Cronista: “Eso genera un ajuste en el impuesto a las ganancias o eventualmente, si están inscripto en el monotributo una recategorización”. A partir de allí, las consecuencias pueden escalar en distintos niveles: Incluye: “Las sanciones pueden ser por omisión, equivalentes al 100% del impuesto, o por defraudación, en cuyo caso pueden alcanzar entre dos y seis veces el monto, si se verifica una conducta dolosa”, precisó el especialista. Cuando los montos involucrados superan los umbrales establecidos, la situación puede derivar en una denuncia penal: “Si la diferencia supera los $ 100 millones por impuesto y por período fiscal, el fisco está habilitado a iniciar una acción penal”, explicó. Si el contribuyente no regulariza su situación, el conflicto puede avanzar hacia instancias más severas. “Cuando la determinación del fisco queda firme, ARCA puede iniciar un proceso de ejecución fiscal, lo que habilita el embargo de cuentas bancarias para el cobro de la deuda”, señaló el abogado. Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que la regularización voluntaria, la adhesión a regímenes simplificados y la correcta documentación de los ingresos constituyen las principales herramientas para evitar contingencias.