En una medida impulsada por el Ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, el General de Brigada Pablo Plaza fue designado como el nuevo titular de la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). La designación de Plaza, un oficial en actividad con un perfil técnico y operativo de alto nivel, marca el inicio de una etapa clave para la OSFA. Su llegada a la presidencia del Directorio no es casual ya que estaba desempeñándose como Director General de Salud del Ejército Argentino, cargo desde el cual supervisaba la infraestructura sanitaria y el bienestar del personal de la fuerza. El nombramiento busca “consolidar la estructura institucional y optimizar las prestaciones de salud para la familia militar en todo el país”. Su llegada se produce días después de la renuncia del General de Brigada (R) Sergio Maldonado apenas cumplidos dos meses de la puesta en marcha de OSFA en reemplazo del eliminado Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Perteneciente al Arma de Caballería y promovido al grado de General de Brigada en diciembre de 2023, Plaza cuenta con una trayectoria que combina la planificación estratégica con la gestión y conducción de sistemas de salud complejos, según difundió el Ministerio de Defensa en X. “A lo largo de su carrera ocupó distintas responsabilidades vinculadas a la administración sanitaria, la planificación operativa y la coordinación de organismos estratégicos dentro de la Fuerza. Quien asume como titular trabajará junto al Directorio, integrado por representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que viene acompañando el proceso de creación y consolidación institucional de la OSFA, con el objetivo de consolidar un sistema de salud moderno, eficiente y al servicio de toda la familia militar”, destaca el anuncio, haciendo énfasis en el perfil de Plaza como un experto con un conocimiento profundo de los desafíos que enfrenta la cobertura médica militar. Tal como informó El Cronista, la reestructuración de la obra social de las Fuerzas Armadas fue anunciada con bombos y platillos hace apenas unos meses: la vieja IOSFA se transformaría en OSFA, separando así la atención médica de las fuerzas federales de los militares. Sin embargo, este proceso probó ser más difícil de lo que se esperaba y, tras dos meses en su cargo, renunció el presidente del organismo, el General de Brigada (R) Sergio Maldonado. En este sentido, a raíz a la deuda con prestadores privados en todo el país, los mismos suspendieron la atención a los afiliados que en gran parte tienen que solventar sus gastos médicos de bolsillo, con salarios atrasados. Según habían dicho fuentes oficiales a El Cronista, esta falencia se solucionaría con el pago de la deuda a la obra social y la creación de la nueva estructura, algo que ya habrían hecho las Fuerzas Armadas, pero no así las Fuerzas de Seguridad. Fuentes cercanas a la Armada contaron a El Cronista que el detonante habría sido el suicidio de un suboficial retirado de 77 años tras haber padecido dificultades de atención de su obra social. En IOSFA, no obstante, niegan esa versión. Afirman que Maldonado continuaba de la gestión de Betina Surballe, nombrada por Luis Petri entonces, como gerente general. Y recalcan que la idea siempre fue que lidere “la primerísima etapa de la creación de OSFA”, para lo cual era ya una “etapa cumplida”. La nueva obra social de los militares, OSFA, fue creada el 19 de febrero de este mismo año. En ese momento comenzó la transición y la eliminación de la vieja estructura, con la intención de separar la atención militar de las fuerzas de seguridad. En ese momento, fuentes calificadas confirmaron en diálogo con este medio que la deuda sería pagada seguramente por el Tesoro Nacional. De hecho, en el decreto se deja claro que será el Ejecutivo el que determinará la forma de solventar dicha deuda. Una realidad es que la obra social no tenía prestaciones suspendidas ni un número de deuda tan alto previo a que Petri asumiera sus funciones. Desde Defensa aseguraron que la actual administración, encabezada por Ariel Guzmán, avanzó en un esquema de regularización en coordinación con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Seguridad y otras áreas del Estado. De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, el aporte de Ejército, Armada y Fuerza Aérea ronda los $80.000 millones. Sin embargo, el frente más complejo sigue abierto: cerca del 60% de la deuda total, estimada en torno a los $250.000 millones, correspondería a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, que aún no avanzaron en su cancelación. Otro punto que permanece opaco es el origen de los fondos utilizados para afrontar los pagos. Ante consultas sobre si las Fuerzas Armadas recurrieron a partidas presupuestarias específicas, reasignaciones internas o incluso a la liquidación de activos, desde el oficialismo señalaron que se trata de decisiones propias de cada fuerza y no hay un detalle consolidado disponible.