La reciente mejora de la calificación soberana de Argentina por parte de Fitch Ratings, que elevó la nota del país de “CCC+” a “B-”, no implica una mejora automática para las provincias y gobiernos subnacionales, según aclaró la calificadora de riesgo en un comunicado en el que alertó que, por el contrario, el frente fiscal provincial se deteriorará en 2026 por la menor asistencia de la Nación y el aumento de las obligaciones de gasto. En un informe difundido este lunes, Fitch sostuvo que las provincias enfrentarán “menor apoyo del Gobierno, mayores responsabilidades de gasto y limitada flexibilidad financiera”, en un contexto donde el ajuste fiscal nacional se trasladó parcialmente a las cuentas provinciales. Si bien la mejora de la calificación soberana eliminó ciertas restricciones que pesaban sobre las provincias cuando Argentina estaba por debajo de “B-”, la agencia aclaró que seguirá evaluando individualmente el perfil crediticio de cada jurisdicción.Si bien la mejora de la calificación soberana eliminó ciertas restricciones que pesaban sobre las provincias cuando Argentina estaba por debajo de “B-”, la agencia aclaró que seguirá evaluando individualmente el perfil crediticio de cada jurisdicción. Fitch explicó que una parte relevante de la consolidación fiscal lograda por el Gobierno nacional se apoyó en una reducción de transferencias discrecionales a las provincias. Según el informe, esas transferencias cayeron desde el equivalente al 1,2% del PBI en 2023 a apenas 0,4% durante 2024 y 2025. La calificadora estima que ese recorte representa cerca del 72% del superávit primario proyectado para 2026. Al mismo tiempo, las provincias debieron absorber mayores costos. Entre ellos, la eliminación del FONID —el fondo nacional que contribuía al financiamiento de salarios docentes— y la limitada implementación de acuerdos para sostener cajas previsionales provinciales. “La presión sobre los balances provinciales aumentó a medida que crecieron sus responsabilidades de gasto”, señaló Fitch. Otro de los puntos críticos identificados por la agencia es el fuerte ajuste sobre la inversión pública. Fitch indicó que el Gobierno nacional redujo en términos reales un 80% las transferencias de capital hacia las provincias y prácticamente paralizó la ejecución de obra pública nacional. Como consecuencia, el gasto de capital provincial cayó en 2024 y 2025 a niveles “históricamente bajos”. La situación podría agravarse con la transferencia a las provincias de mayores responsabilidades sobre rutas nacionales y otras obras de infraestructura. En paralelo, Fitch destacó que la mejora de la posición externa de Argentina permitió reabrir parcialmente el acceso al mercado internacional de capitales. Las provincias emitieron deuda por u$s 2100 millones durante 2025 y otros u$s 2300 millones en los primeros meses de 2026, impulsadas por una mayor demanda de activos argentinos tras la mejora soberana. La calificadora estimó que la emisión provincial acumulada entre 2025 y 2026 representará más del 55% de la acumulación neta de reservas proyectada para el país hacia fines de 2026. Pese al acceso al financiamiento, Fitch prevé un deterioro gradual de las cuentas provinciales. La agencia señaló que, aunque las provincias mantuvieron un leve superávit hasta septiembre de 2025, el año cerró prácticamente equilibrado o con un pequeño déficit. Para 2026, proyecta un rojo consolidado. El informe advierte además que el escenario podría empeorar en 2027, año de elecciones nacionales y provinciales. “Si las provincias consiguen financiamiento, el déficit agregado podría ampliarse hacia un rango de entre 4,5% y 5%, en línea con el deterioro histórico observado en años electorales”, sostuvo Fitch. La calificadora también alertó sobre crecientes tensiones de liquidez en algunas jurisdicciones, que ya comenzaron a solicitar adelantos de coparticipación o buscan regresar al mercado para afrontar vencimientos de deuda y necesidades de inversión. Tras la suba de la nota soberana, algunas provincias dejaron de estar limitadas por el “Country Ceiling” argentino. Santa Fe pasó a quedar limitada directamente por la calificación soberana, al igual que la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Córdoba quedó alineada con la nota del país. En cambio, otras provincias con perfiles crediticios más débiles permanecieron sin cambios dentro de la categoría “CCC-” a “CC”.