El Gobierno nacional decidió endurecer su estrategia frente al conflicto universitario y pasar de la defensa presupuestaria al contraataque político en la previa de una nueva marcha federal universitaria. En una ronda con El Cronista y otros medios nacionales en el Ministerio de Capital Humano, su titular, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, buscaron correr el eje hacia una nueva discusión: no solo cuánto dinero reciben las universidades, sino cómo lo administran, cuántos estudiantes egresan y qué resultados obtiene el sistema. Durante el ida y vuelta con preguntas de los periodistas las autoridades de Capital Humano procuraron ordenar la mirada oficial sobre tres ejes: el costo por graduado, la tasa de egreso y el reparto de fondos para hospitales universitarios. También incorpora un capítulo sensible: el impacto de los estudiantes extranjeros en carreras como Medicina. La señal política es clara. El Gobierno intenta correr el debate del “desfinanciamiento” hacia una discusión de eficiencia y transparencia. En otras palabras: busca responder a los reclamos universitarios con datos de gestión, rankings y comparaciones internas del sistema. En ese sentido, plantea que es necesario reordenar el criterio de fondo con el que se asigna el Presupuesto a las casas de altos estudios, sin dejar de lado la variable del volumen de estudiantes pero discriminando entre aquellos que efectivamente cursan y se gradúan, los que pierden la regularidad y aquellos de los que no se tienen información clara sobe su estatus. Respecto a uno de los puntos más sensibles en relación al conflicto actual, la transferencia de fondos relacionados con los centros de salud universitarios, desde el Gobierno informaron que el objetivo es reestructurar el criterio de reparto dentro del ítem Hospitales. Para ello, adelantaron que se impulsará una comisión integrada por los rectores de las casas de estudios que tengan estas instalaciones a cargo para debatir un nuevo criterio de asignación. El punto más delicado de la presentación luego de la conferencia brindada por las autoridades médicas de los hospitales vinculados a la UBA es, de hecho, la incertidumbre que se generó a partir de la advertencia de la falta de fondos y la imposibilidad de mantener la actividad a partir de junio. Álvarez procuró diferenciar entre el ítem Salud en el Presupuesto 2026, de reparto automático, y el refuerzo contemplado bajo el rubro Hospitales, cuya ejecución depende de la subsecretaría. Según la información provista por Capital Humano, el Presupuesto asigna mensualmente a la Universidad de Buenos Aires $4.882.724.440 para gastos de funcionamiento. Ese monto, siempre según la cartera oficial, se distribuye en tres funciones: $150.388.873 para salud, destinados al funcionamiento de los centros de salud; $4.674.185.203 para educación y cultura; y $58.150.364 para ciencia y tecnología. El Gobierno también remarca que la ley presupuestaria incluye una línea específica denominada “Hospitales Universitarios” por $79.763.113.948, destinada a todo el sistema universitario nacional. En ese marco, Capital Humano sostiene que la UBA pidió por nota del 30 de abril que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, siguiendo el concepto de años previos. La lectura oficial es que, si se aceptara ese reclamo, quedarían disponibles apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país. Ese dato es el corazón del argumento del Gobierno: presentar el reclamo de la UBA no como una discusión de incumplimiento, sino como una disputa por la distribución de una partida común. Para reforzar ese punto, la presentación de ambos funcionarios se apoyó en una serie de filminas con transferencias mensuales a la UBA entre enero y abril de 2026, para retrucar el argumento de que no hubo giro de fondos con esa finalidad. Desde el ministerio resaltaron la regularidad en los envíos en ese sentido. Asimismo, se escudaron en la reconducción del Presupuesto nacional en 2024 y 2025 para explicar el por qué no se alteró, en los dos primeros años, el envío de recursos bajo el ítem Hospitales Universitarios. Incluso se apoyan en esa asimetría para defender su argumento de separar entre lo que el Gobierno considera ejecución regular y lo que la universidad reclama como partida específica pendiente para sostener hospitales. Ahí aparece el contraste político. Para la UBA, el problema es que los hospitales universitarios no cuentan con recursos suficientes para sostener su funcionamiento. Para el Gobierno, en cambio, la discusión es si una universidad puede reclamar casi la totalidad de una partida que, según Capital Humano, corresponde al conjunto del sistema. El segundo eje de la ofensiva oficial apunta a los resultados académicos. La presentación de la titular de Capital Humano y el responsable de las universidades incluyó un ranking de costo por graduado en universidades nacionales para 2024. Allí, el ministerio vuelve a ubicar a la Universidad Nacional de las Artes (exIUNA) como el caso más alto, con un costo por graduado de $423.830.487. Según un cuadro específico que detalla la performance sobre esa universidad, en 2024 el centro de estudios registró 22.932 estudiantes informados, de los cuales 12.230 eran estudiantes regulares; 4.574 eran no regulares y de 6.128 estudiantes no se contaba con información sobre materias aprobadas. También se consigna que tuvo 82 egresados en 2024. El dato busca reforzar una idea que el Gobierno viene empujando desde hace meses: que el sistema universitario debe ser medido no solo por su cobertura sino también por sus resultados. Al momento de abordar el panorama general sobre las universidades nacionales, Capital Humano informó una población de pregrado y grado de 1.980.136 estudiantes, de los cuales 886.019 figuran como regulares, 725.253 como no regulares y 368.864 sin información. En ese mismo cuadro, el documento consigna 93.321 egresados y un promedio de financiamiento por egresado de $57.366.497. Para el Gobierno, esos números abren una discusión sobre eficiencia. Para las universidades, en cambio, el riesgo es que esa mirada reduzca el sistema público a indicadores contables, sin contemplar funciones de investigación, extensión, inclusión social y desarrollo territorial. La presentación también dedica un tramo al Decreto 366/2025, que modificó el régimen migratorio y habilita a universidades e instituciones estatales de educación superior a establecer aranceles para extranjeros con residencia temporaria. Según el documento, la medida no afecta a argentinos ni a residentes permanentes, y cada universidad puede definir si cobra o no esos aranceles. El Gobierno sostiene que esta iniciativa apunta a “proteger el sistema educativo” y fortalecer la eficiencia en el uso de recursos públicos. En ese marco, Capital Humano incorporó una filmina sobre extranjeros en carreras de Medicina. Allí se indica que la UBA registra 44.290 estudiantes extranjeros, de los cuales 16.462 cursan Medicina, sobre un total de 41.957 estudiantes en esa carrera. El promedio informado para la UBA es de 39% de estudiantes extranjeros en Medicina. También aparecen otros casos: La Plata, con 8.043 estudiantes extranjeros de Medicina sobre 15.920 alumnos de esa carrera, equivalente al 51%; y Rosario, con 4.517 sobre 13.969, equivalente al 32%. Ese capítulo muestra el componente más ideológico de la presentación: la idea de que el financiamiento universitario debe priorizar al contribuyente argentino y revisar el costo de sostener gratuidad para extranjeros temporarios. El cierre de la presentación apunta a una herramienta de control permanente: un micrositio de datos universitarios. Según Capital Humano, el objetivo será centralizar información pública sobre presupuesto, cantidad de alumnos, tasa de egreso, costos por graduado, estadísticas universitarias y evolución histórica de datos. Ese punto sintetiza la nueva estrategia oficial. El Gobierno no solo busca discutir partidas, sino instalar una lógica de comparación pública entre universidades. La disputa, entonces, ya no pasa únicamente por el financiamiento: apunta al modelo de administración, rendición de cuentas y evaluación del sistema universitario. En el fondo, la pelea con las universidades ingresa en una nueva etapa. Capital Humano intenta transformar un conflicto presupuestario en una discusión sobre productividad del gasto público. Las universidades, por su parte, advierten que esa mirada puede servir para justificar recortes o condicionar el funcionamiento de instituciones que cumplen un rol social, sanitario, científico y territorial. El resultado es una tensión que probablemente seguirá escalando: de un lado, el Gobierno busca mostrar números; del otro, las universidades discuten qué significan esos números y qué parte de la realidad dejan afuera.