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La inteligencia artificial empieza a avanzar sobre una de las industrias más cuidadosas, y adversas al riesgo, a la hora de incorporar nuevas tecnologías: la actividad jurídica.
En ese mercado se posiciona Magnar, una startup de origen chileno que desarrolló una plataforma especializada para abogados y que promete reducir a minutos tareas de búsqueda, análisis y redacción que tradicionalmente pueden demandar varias horas.
La compañía tiene presencia en Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y la Argentina, mientras prepara su próximo desembarco en Brasil. Para financiar su expansión regional, levantó un total de u$s 800.000 en rondas de inversión en las que participaron fondos como BuenaOnda, Platanus Ventures y Punto Cero Ventures.
Magnar fue fundada en 2025 con el objetivo de construir un asistente de inteligencia artificial entrenado para trabajar con normativa, jurisprudencia y documentación jurídica local.
Según la empresa, su plataforma ya es utilizada por más de 25.000 abogados de América Latina y apunta a alcanzar los 50.000 usuarios en 2027.
En la Argentina, donde inició recientemente sus operaciones, el objetivo es llegar a más de 5.000 profesionales durante los primeros meses. El mercado local representa una prueba especialmente exigente debido a la cantidad de normas existentes, sus frecuentes modificaciones y la convivencia de regulaciones nacionales, provinciales y municipales, al ser un país federal.
De varias horas a pocos minutos
La plataforma puede buscar antecedentes, analizar grandes volúmenes de documentación, resumir normas complejas y preparar borradores. El objetivo es reducir el tiempo destinado a tareas repetitivas e intensivas en información, que muchas veces ocupan una parte significativa de la jornada de un abogado.
Una búsqueda que exige revisar manualmente normas, fallos y documentos puede convertirse en una consulta de pocos minutos.
Sin embargo, la empresa aclara que la herramienta no pretende sustituir la interpretación ni la responsabilidad del profesional.
La IA puede encontrar información, estructurarla y producir una primera respuesta. El abogado debe después comprobar las fuentes, evaluar su aplicación al caso concreto y definir la estrategia jurídica.
La propuesta, por lo tanto, consiste en automatizar tareas y no reemplazar personas.
“En Magnar ayudamos a los abogados a hacer mejor y más fácil su trabajo. Nuestro objetivo es que cada profesional de las leyes pueda contar con un asistente de IA confiable para potenciar cada una de sus tareas”, explicó Andrés Arellano, CEO y cofundador de la compañía.
El desafío consiste en adaptar la plataforma a cada jurisdicción. Una herramienta jurídica no puede responder del mismo modo frente a una consulta realizada en Chile, Colombia o la Argentina, porque cada mercado tiene su propia normativa, jurisprudencia y estructura institucional.
La próxima llegada a Brasil llevará esa dificultad a otra escala. Además del cambio de idioma, se trata del mercado jurídico más grande de América Latina y de un país con un sistema normativo extenso y múltiples niveles regulatorios.
El desafío de la “ensaladera legal” argentina
La Argentina ofrece una oportunidad por el tamaño y el nivel de su comunidad jurídica, pero también plantea dificultades particulares.
Los profesionales deben navegar una suerte de “ensaladera legal”, compuesta por leyes, decretos, resoluciones, disposiciones administrativas, normas provinciales y decisiones judiciales que pueden cambiar rápidamente.
Para una IA jurídica, no alcanza con redactar bien. La información utilizada debe estar actualizada, corresponder a la jurisdicción correcta y permitir que el abogado pueda verificar de dónde salió cada afirmación.
“Argentina es un mercado clave para nosotros: tiene una comunidad jurídica enorme y con altísimo nivel profesional. Entendemos que ejercer el derecho aquí implica navegar un ecosistema normativo de alta volatilidad, donde la precisión es innegociable”, señaló Arellano.
La plataforma busca diferenciarse de los modelos de inteligencia artificial de uso general mediante la especialización jurídica y la trazabilidad.
Las respuestas incorporan referencias a las fuentes normativas o jurisprudenciales utilizadas, de manera que el profesional pueda revisarlas antes de incluir el resultado en un escrito, contrato o asesoramiento.
Ese mecanismo no elimina completamente el riesgo de errores o “alucinaciones”, como se denomina a las respuestas falsas o imprecisas generadas por los modelos de IA. Sí permite reducirlo y facilita la revisión posterior, un paso particularmente importante cuando una respuesta incorrecta puede generar consecuencias económicas o judiciales.
Una industria adversa al riesgo
El sector jurídico presenta una barrera adicional para las empresas tecnológicas: trabaja con información sensible y tiene una baja tolerancia al error.
Un estudio puede cargar contratos, expedientes, antecedentes de clientes o documentos sujetos al secreto profesional. Por eso, la seguridad y el tratamiento de los datos pesan tanto como la velocidad de las respuestas.
Magnar informa que opera bajo certificaciones ISO 27001 y SOC 2 Tipo 2, además de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. La compañía también se encuentra en proceso de obtener la certificación ISO 42001, vinculada con la gestión responsable de sistemas de inteligencia artificial.
La posibilidad de identificar las fuentes y mantener protegida la documentación resulta central para convencer a estudios jurídicos que hasta ahora evitaron utilizar herramientas generales por temor a exponer datos confidenciales.
“En cualquier disciplina donde la precisión es un pilar, el rigor técnico no es negociable. Por eso, cada respuesta de Magnar incluye la referencia a su fuente, permitiendo que el abogado encuentre un respaldo inmediato y verificable”, afirmó el cofundador.
La plataforma también se integra con Microsoft Word y diferentes gestores documentales. La intención es que el profesional pueda utilizarla dentro de sus herramientas habituales, sin tener que trasladar permanentemente información entre distintos sistemas.
Un modelo basado en el uso
Otra diferencia se encuentra en la forma de cobro. Magnar no comercializa exclusivamente licencias individuales para cada integrante de un estudio, sino que utiliza un esquema basado en el nivel de uso.
De esta manera, una firma puede habilitar la herramienta para todo su equipo y pagar en función de cuánto se utiliza. El modelo busca evitar que las licencias se conviertan en un cuello de botella y que solo determinados abogados tengan acceso a la plataforma.
La estrategia apunta a acelerar la adopción dentro de estudios y departamentos legales corporativos. Una vez incorporada, la herramienta puede utilizarse para búsquedas jurídicas, revisión documental, preparación de borradores y síntesis de antecedentes.
La apuesta de Magnar es que la IA se transforme en una suerte de sistema operativo del trabajo legal: una capa tecnológica que acompañe las diferentes etapas de una tarea, desde la búsqueda inicial hasta la elaboración de un primer documento.
Sin embargo, la última palabra permanece en manos del profesional. La plataforma puede ahorrar tiempo y ampliar la cantidad de información procesada, pero no tiene la capacidad de reemplazar el conocimiento del caso, la interpretación jurídica ni la responsabilidad de quien firma un escrito.
“El reemplazo es de tareas, no de personas”, resumió Arellano.
