Exxon vs. UE: la petrolera demandó al bloque por un nuevo impuesto a las ganancias inesperadas
La compañía acusa al bloque europeo de extralimitarse en su autoridad al imponer una nueva tasa a las empresas petroleras, con la que se planea recaudar hasta 25.000 millones de euros.
ExxonMobil demandó a la Unión Europea (UE) en una apuesta para obligarla a eliminar el nuevo impuesto sobre las ganancias inesperadas de los grupos petroleros, argumentando que Bruselas se excedió en su autoridad.
La demanda es, hasta ahora, la respuesta más significativa contra el impuesto por parte de la industria petrolera, en la mira de los gobiernos en medio del aumento de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania. La iniciativa amenaza la viabilidad de un impuesto que, según la Comisión Europea, recaudaría 25.000 millones de euros "para ayudar a reducir las tarifas energéticas".
Exxon informó que la demanda fue presentada este miércoles por sus filiales alemana y holandesa ante el Tribunal General de la UE en la ciudad de Luxemburgo. En ella se cuestiona la autoridad legal del Consejo de la UE para imponer el nuevo impuesto -un poder históricamente reservado a los países soberanos- y su uso de los poderes de emergencia para conseguir la aprobación de la medida por parte de los Estados miembros.
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Casey Norton, vocero de Exxon, reconoció que los altos costos de la energía "pesan mucho sobre las familias y las empresas", pero sostuvo que el impuesto era "contraproducente" y "socavaría la confianza de los inversores, desalentaría la inversión y aumentaría la dependencia de la energía importada".
En los últimos diez años, Exxon ha invertido u$s 3000 millones en proyectos europeos de refinado, aumentando la producción "en un momento en que Europa lucha por reducir sus importaciones energéticas de Rusia", afirmó Norton.
Norton añadió que Exxon está estudiando "futuras inversiones multimillonarias" en el continente. "Que invirtamos aquí depende principalmente de lo atractiva y competitiva que sea Europa a nivel mundial".
La llamada 'contribución de solidaridad' fue una de las varias medidas acordadas por el Consejo en septiembre para aliviar la carga de los consumidores de energía, con el objetivo de que el dinero recaudado sea destinado a los usuarios más afectados o se invierta en el suministro de energías limpias.
Otras medidas incluían la limitación de los ingresos procedentes de la generación de energía a bajo costo. Según Norton, Exxon no se opone a estas medidas.
El Tribunal General de la UE decidirá si se pronuncia sobre la demanda de Exxon. Si lo hace, cualquier sentencia futura podrá recurrirse ante el Tribunal de Justicia de la UE. Los procedimientos podrían prolongarse durante gran parte del próximo año.
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La Comisión es el órgano ejecutivo de la UE, facultado para proponer legislación. El Consejo es el órgano intergubernamental de la UE, en el que los representantes de los 27 Estados miembros debaten y aprueban la legislación.
El nuevo impuesto entrará en vigor el 31 de diciembre y aplicará un gravamen de al menos el 33% sobre las ganancias imponibles en 2022-23 que superen en un 20% el beneficios promedio entre 2018 y 2021.
Exxon, uno de los mayores proveedores de petróleo de Europa, señaló en noviembre que, debido al nuevo impuesto solidario, su deuda tributaria podría ascender a u$s 2000 millones hasta fines de 2023. La empresa obtuvo unos beneficios mundiales récord de casi u$s 20.000 millones en el tercer trimestre.
Durante la crisis energética, Bruselas ha hecho uso habitual de los poderes de emergencia que le otorga el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE. El artículo establece que "en un espíritu de solidaridad" los Estados miembros pueden aprobar legislación directamente desde la Comisión, eludiendo al Parlamento Europeo, "en particular si surgen dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía".
La demanda de Exxon argumenta que el impuesto extraordinario no solucionará ninguna escasez de suministro energético, por lo que la Comisión y el Consejo se equivocaron al hacer uso de los poderes de emergencia para garantizar su aprobación por mayoría en lugar de por unanimidad.
El Parlamento Europeo ha protestado contra el uso reiterado del artículo 122 por parte de la Comisión, alegando que socava el proceso democrático aunque las leyes tardarían mucho más en aprobarse con su participación.
El aumento de los beneficios de las petroleras este año provocó la presión de los gobiernos occidentales, que han visto cómo la escalada de precios de los combustibles avivaba una inflación galopante y amenazaba con sumir a las economías en la recesión.
El gravamen de la UE fue seguido en noviembre por el del Reino Unido, que aumentó del 25% al 35% su impuesto sobre las ganancias inesperadas de los productores de petróleo y gas y lo prorrogó hasta 2028. La medida provocó las protestas de productores locales, que la consideraron una amenaza para futuras inversiones.
Los impuestos extraordinarios también han sido impugnados en Italia, donde un tribunal desestimó el mes pasado una demanda presentada por ERG, una empresa de energía eólica. El grupo español Cepsa también ha amenazado con demandar a Madrid por un gravamen similar.
Los activistas se han hecho eco de esta acusación. Agathe Bounfour, responsable de petróleo de la ONG Transport & Environment, describió la demanda de Exxon como "un intento de intimidación" y afirmó que las empresas petroleras y de gas habían incurrido en una "flagrante especulación" durante la crisis.
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