Un sector del Gobierno presiona a Alberto Fernández para que indulte a Milagro Sala

La positiva reacción del kirchnerismo y otros sectores de la coalición de gobierno por la visita que el presidente Alberto Fernández realizó el miércoles a Jujuy para apoyar a la dirigente Milagro Sala mutó en pocas horas en un fuerte reclamo para que el jefe de Estado, en uso de una de las atribuciones que le concede la Constitución, conceda un indulto a líder de la Tupac Amaru. 

Dirigentes sociales, políticos y de derechos humanos exigieron que Fernández actúe para liberar de prisión a Sala, que está detenida desde enero de 2016, primero en forma preventiva y luego con condenas firmes por orquestar un escrache contra el hoy gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y luego por malversar fondos públicos.

El más enérgico en las primeras horas fue Juan Grabois. El abogado y dirigente social ligado a los trabajadores informales y precarizados insistió en que "Milagro Sala es una presa política, por tanto hay que dar una respuesta política", y sentenció: "Si el Presidente está convencido, que ponga las pelotas arriba de la mesa y se la juegue por algo".

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También el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, luego de celebrar la visita del Presidente a Jujuy, reclamó que "no quede solo en la gestualidad".

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El abogado de Sala, Luis Paz, contó que tuvo la oportunidad de discutir a solas con el Presidente la posibilidad de amnistiar a la dirigente tupamara, habida cuenta de la nula chance que puede tener en el Congreso el pedido de intervención federal de la Justicia jujeña. Ese diálogo ocurrió este miércoles, en la clínica Los Lapachos, de la capital provincial, con ocasión del viaje del Presidente.

"El Congreso dejó pasar una oportunidad, por eso hoy el poder lo tiene el Frente de Todos. Los institutos como el indulto o la amnistía son políticos", insistió el letrado.

El asesor presidencial Ricardo Foster, que viajó a Jujuy junto con el Presidente, deslizó en declaraciones radiales que "si la Corte Suprema interviene, el Presidente puede utilizar su derecho al indulto". Esto quiere decir que, si el máximo tribunal de justicia del país se expide sobre el asunto, Fernández podría beneficiar a la dirigente encarcelada.

El indulto, regulado en el inciso quinto del artículo 99 de la Constitución nacional, establece que el Presidente de la Nación puede indultar o conmutar las penas por "delitos sujetos a la jurisdicción federal". Sala, en principio, fue juzgada y condenada por la Justicia provincial, y el gobernador Morales descartó una vez más conceder tal beneficio.

El indulto, tal como lo refleja la Constitución, está limitado por la imposibilidad de concederlo en los casos de juicio político y en los supuestos previstos en el artículo 36, es decir, frente a "actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático". 

Juristas como Germán Bidart Campos sostienen que tampoco pueden indultarse las penas aplicadas judicialmente por los delitos que define la misma constitución en los artículos 15 (venta de esclavos, trata), 22 (sedición), 29 (suma del poder público), y 119 (traición contra la nación).