LEY SOLIDARIA

¿Vuelve el impuesto a la riqueza? El kirchnerismo propone gravar a los más ricos durante 10 años para pagarle al FMI

El diputado nacional del Frente de Todos, Pablo Carro, ingresó al Congreso un nuevo proyecto inspirado en el impuesto a la riqueza: quiere gravar a los más ricos durante 10 años para pagarle al FMI, todos los detalles.

Ante la deuda pendiente de u$s 44.000 millones que la Argentina sostiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuyo plan de refinanciación acordado entre el Gobierno y el organismo aún se discute en el Congreso ante la necesidad de aprobación del Senado, un diputado nacional del Frente de Todos presentó este martes un polémico nuevo proyecto para sostener los pagos de los compromisos ante el Fondo.

Se trata de un nuevo impuesto a la riqueza, similar al que se estableció en 2020 para enfrentar las consecuencias de la pandemia, pero con una duración de 10 años; para que "las personas más ricas del país" asistan en "aminorar la deuda con el FMI".

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La mente detrás de la idea es Pablo Carro, diputado nacional del Frente de Todos por Córdoba y secretario general de la CTA de la provincia, quién publicó a través de sus redes sociales el proyecto de ley que ya presentó ante el Congreso.

"Necesitamos que los sectores más pudientes de la argentina sostengan un segmento de los esquemas de financiamiento público"

¿DE QUÉ SE TRATA EL NUEVO IMPUESTO A LA RIQUEZA?

El proyecto oficial, denominado "Aporte Solidario Temporario Para Mitigar el Impacto del Endeudamiento con el FMI", propone un impuesto "extraordinario" de 10 años de vigencia para que las mayores fortunas de la Argentina aporten en el pago de la deuda externa frente al Fondo Monetario Internacional.

Tal como el mismo Carro explicó a través de sus redes sociales, este aporte extraordinario alcanzaría a "aquellas argentinas y argentinos que poseen las mayores fortunas, con patrimonios declarados superiores a 320 millones de pesos".

Según el diputado por Córdoba, este aporte es "necesario" para "garantizar que el peso del endeudamiento no recaiga -otra vez- sobre las y los trabajadores, sobre las y los jubilados".

"Necesitamos que los sectores más pudientes de la argentina sostengan un segmento de los esquemas de financiamiento público para recuperar el tejido productivo y de seguridad social en la Nación y en las Provincias argentinas", agregó en el hilo de Twitter que utilizó para presentar el proyecto formal de nueve carillas.

"Que la solidaridad sea la regla", sumó Carro. Y concluyó: "Los que más tienen deben hacer un esfuerzo para paliar los efectos de una deuda que no tiene precedentes". Además, indicó que su proyecto suma el acuerdo de otros dos diputados nacionales: Hugo Yasky, titular de la CTA Nacional, y María Rosa Martínez.

Por otro lado, una reunión del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires llevada a cabo la semana pasada evidenció también que buena parte del kirchnerismo se muestra de acuerdo con una medida similar: cuando Omar Plaini, diputado provincial bonaerense, propuso renovar el impuesto a la riqueza durante la vigencia de la deuda argentina con el FMI, los referentes que se encontraban allí reunidos -entre ellos Máximo Kirchner, actual titular del PJ de la provincia- mostraron su aprobación con una encendida ronda de aplausos.

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LOS ANTECENDENTES: EL IMPUESTO A LA RIQUEZA DE PAGO ÚNICO DEL 2020

La idea de un impuesto a la riqueza de mayor duración a lo largo del tiempo surge de la "Ley de Aporte Solidario y Extraordinario" sancionada a fines del 2020, a través de la cual el actual Gobierno estableció el pago de un impuesto de un único desembolso a las fortunas más grandes del país.

El objetivo de aquellos desembolsos, aprobados finalmente en el Congreso gracias a la mayoría oficialista que por entonces regía, era que los patrimonios declarados superiores a los $200 millones pagaran por única vez un aporte para paliar los efectos negativos sobre la economía de la pandemia por Covid-19 y su confinamiento.

La normativa fue aprobada y puesta en marcha, sin embargo, los números actuales reflejan que el impuesto a la riqueza no fue del todo exitoso: aunque se esperaba recaudar unos $400.000 millones, a diciembre del 2021 solo un 60% de la meta había sido cubierta, con una entrada de dinero de $237.000 millones al fisco.

El infame impuesto a la riqueza también impulsó una serie de acciones judiciales de un porcentaje de los aludidos que se negaron a pagar, mientras que otros simplemente entraron en incumplimiento: el 80% de los patrimonios más pudientes del país pagaron su parte y el otro 20% entró en juicio de ejecución fiscal con la AFIP.

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LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL PROYECTO DE CARRO

  • Alcanzaría a: "Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior" y a quienes residen en el exterior por la totalidad de sus bienes en el país, todos comprendidos según los estándares del impuesto sobre los bienes personales.
  • Tiene en cuenta: "La base de determinación se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley".
  • ¿Cuánto cobrará el Estado?
    • Personas físicas con declaraciones fiscales superiores a los $320 millones: 1,50% del patrimonio.
    • Bienes por entre $400 y $600 millones: $8.250.000, más 1,75% sobre el excedente de $400 millones.
    • Bienes entre $600 y $800 millones: $13.250.000, más el 2,00% sobre el excedente de $600 millones,
    • Bienes entre $800 a $1.500 millones: $18.750.00, más el 2,25% sobre el excedente de $800 millones.
    • Bienes entre $1.500 y $3.000 millones: $39.750.000, más el 2,50% sobre el excedente de $1.500 millones.
    • Bienes desde los $3.000 millones en adelante: $88.500.000, más el 2,75% sobre el excedente de $3 mi millones.
    • Bienes en el exterior: alícuotas entre el 2,00% y el 4,25% de su valuación de acuerdo al patrimonio declarado.

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