Hackearon el Ministerio de Economía: qué sospechan y la oferta por los datos

La denuncia -a la que tuvo acceso El Cronista- es "por posibles delitos de acción pública".

El Ministerio de Economía pidió a la Justicia que investigue si sus bases de datos fueron hackeadas y realizará, al mismo tiempo, una auditoría interna luego de detectar la difusión a través de la red social "Twitter" de una "oferta pública de venta de información confidencial" perteneciente a esa dependencia.

La denuncia -a la que tuvo acceso El Cronista- fue rubricada por Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo y Coordinador del Comité de Seguridad de la Información del Ministerio de Economía, quien se presentó a la Justicia para realizar una denuncia penal "por posibles delitos de acción pública".

"En el día de la fecha se ha difundido a través de la red social "Twitter" la existencia de una oferta pública de venta de información confidencial de este Ministerio de Economía Nacional", sostiene la presentación judicial que, adjuntando una imagen de captura, da los detalles de la oferta.

"Si bien desde nuestras áreas técnicas de momento no se ha logrado detectar el acceso ilegítimo a nuestras bases de datos ni la sustracción de claves o información, lo cierto es que la oferta pública realizada torna imprescindible no sólo la exhaustiva investigación interna que se encuentra en curso, sino también la promoción de la pertinente investigación judicial por la posible existencia de delitos de acción pública que podrían afectar en forma directa los intereses del Estado Nacional", fundamenta la presentación.

"El Ministerio de Economía tiene multiplicidad de bases y sistemas informáticos que contienen datos vinculados organismos públicos y privados y, en especial, vinculados a las distintas áreas de gobierno y relativos también a decisiones de política económica y financiera proyectadas o en curso de ejecución. La posibilidad de que se haga o intente hacer uso ilegítimo de las mismas, sea mediante la difusión o venta de datos sensibles o aún la sustracción, modificación o supresión total o parcial de las bases y/o sistemas informáticos, tiene potencialidad no sólo para alterar el eficaz desenvolvimiento de las funciones administrativas propias del área sino también incidir sobre los mercados cambiarios, financieros o de inversiones", argumenta la denuncia.

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