Subsidios: el FMI quiere que el Gobierno incumpla una promesa para bajar el gasto

La segmentación de tarifas de la energía (luz y gas) es insuficiente para bajar los subsidios en la magnitud que precisa la Argentina para cumplir su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y alcanzar la meta de reducción del déficit primario fiscal al equivalente a 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023.

Esa es la conclusión de los técnicos del organismo, que sugieren compensar las demoras en la implementación con medidas más severas, como disminuir los topes de consumos subsidiados de energía, que juzgan generosos.

Sergio Massa criticó al FMI y su absurda contradicción

Operativo reservas: anticipan fin de año complicado y 2023 ajustado

Aunque el Fondo valora que el esquema de segmentación (más de 30% de hogares junto a todas las industrias y comercios) es más abarcativo que lo planeado originalmente (solo al 10% de los usuarios residenciales), los burócratas de Washington proponen ir por más.

En pos de obtener un ahorro de 0,6 puntos porcentuales del PIB el año próximo, el Gobierno deberá trabajar en mejorar la base de datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y cruzarlas con otras bases con las que cuenta el Estado para evitar riesgos de implementación.

Pero, fundamentalmente, el FMI apunta a reorganizar el esquema de la segmentación, ya que el 57% de los hogares quedaron categorizados como de "ingresos bajos" y tendrán una mayor proporción de subsidios. "La composición de los tres grupos debe ser reconsiderada, ya que la categoría de bajos ingresos permanece relativamente grande", sostiene el reporte técnico (staff report).

Y el nudo del problema fiscal es la sugerencia para que el Gobierno ate la evolución de las tarifas a los costos de la generación de energía eléctrica y la producción de gas, en vez de a los salarios.

El FMI sugiere que las tarifas reflejen los costos en vez de actualizarse por la evolución de los salarios y quedar todos los años licuadas frente a la inflación

La promesa oficial era que la gran mayoría de los usuarios siempre iba a tener aumentos de tarifas menores a las subas salariales, por lo que la incidencia de la energía en el gasto de los hogares sería cada año menor e impulsaría a la actividad económica vía consumo privado. En concreto, los hogares de bajos ingresos tendrían una suba de tarifas no mayor al 40% de la evolución salarial, y los de ingresos medios, no más del 80% de ese índice.

El Presupuesto 2023 establece que el recupero de costos de la energía eléctrica por vía de las tarifas que se les cobran a los usuarios será de un 49%, mientras que la programación estacional de Cammesa para noviembre-abril cree que será de un 53%.

Pero el economista Alejandro Einstoss, que trabaja para el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, calcula que los hogares no pagarán el costo pleno y que las tarifas se volverán a atrasar en el año de elecciones.