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El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tiene listo el anteproyecto que dará paso a una nueva ola de desregulaciones y reformas del Estado, que genera especial entusiasmo en el Gobierno nacional.
Se trata de un texto de casi 350 artículos que ingresará por el Senado en los próximos días de acuerdo a la información que obtuvo El Cronista, aunque no será un trámite parlamentario sencillo porque involucra una variedad de materias que requieren acuerdos transversales.
Sobre todo, si se tiene en cuenta la reciente experiencia con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que ya va por el borrador número 15 y las partes no terminan de ponerse de acuerdo para darle aprobación en la Cámara alta.
La lógica es la misma que el ministro viene defendiendo desde el inicio de la gestión: eliminar regulaciones, abrir mercados, reducir requisitos administrativos y favorecer la competencia en actividades económicas que, según el Gobierno, mantienen restricciones heredadas de décadas anteriores.
La iniciativa atraviesa prácticamente toda la economía. Desde el corretaje inmobiliario hasta el cabotaje marítimo, pasando por farmacias, mercado de capitales, fideicomisos, warrants, fondos comunes de inversión, vinos, carne, gas licuado y comercio electrónico, el proyecto intenta construir un nuevo marco regulatorio con una fuerte impronta liberal.
El proyecto también tiene una fuerte apuesta política porque solicita al Congreso declarar una emergencia administrativa y de competencia por seis meses y volver a delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo para modificar o derogar normas que establezcan barreras regulatorias, restricciones a la competencia o requisitos considerados excesivos para el desarrollo de actividades económicas.
La intención es darle continuidad a la agenda desreguladora una vez vencidas las facultades delegadas que acompañaron la Ley Bases y que, en su momento, el Gobierno decidió no prorrogar.
La discusión parlamentaria, sin embargo, promete abrir un nuevo frente de conflicto con colegios profesionales, sindicatos, cámaras empresarias y sectores productivos que ya se pusieron en pie de guerra al conocerse los primeros trazos de este mega proyecto.
Desregulación inmobiliaria: menos requisitos y apertura del mercado
Uno de los capítulos con mayor impacto modifica el régimen de corretaje previsto en el Código Civil y Comercial.
El proyecto elimina la necesidad de matrícula profesional como requisito nacional para ejercer como corredor y establece que bastará con ser mayor de edad y contar con título secundario. También habilita expresamente que personas jurídicas puedan desarrollar la actividad, permite operar mediante plataformas digitales y prohíbe que las provincias o colegios profesionales establezcan barreras como aranceles mínimos, restricciones de residencia o incompatibilidades laborales.
La reforma apunta directamente al esquema de regulación de los colegios inmobiliarios, uno de los sectores que más cuestionó las iniciativas previas del ministro.
Farmacias, venta online y medicamentos
Otro de los ejes retoma parte de las discusiones que el Gobierno ya había iniciado mediante decretos.
El proyecto habilita expresamente la comercialización digital de medicamentos con envío a domicilio, autoriza la intermediación de plataformas tecnológicas para gestionar ventas y amplía la venta de medicamentos de venta libre a otros establecimientos comerciales, siempre bajo las condiciones que determine el Ministerio de Salud.
También flexibiliza horarios de atención, digitaliza los registros obligatorios y permite que las farmacias adopten cualquier forma societaria.
Para el oficialismo, el objetivo es aumentar la competencia y reducir costos para los consumidores.
Cabotaje y marina mercante
Uno de los capítulos más extensos del proyecto apunta al transporte fluvial y marítimo.
La iniciativa habilita la participación de buques extranjeros en el cabotaje nacional bajo nuevas condiciones, flexibiliza los requisitos de tripulación argentina, modifica el régimen laboral marítimo, reduce restricciones para la importación de embarcaciones e incorpora beneficios impositivos para la actividad.
Además, digitaliza documentación, simplifica registros y elimina normas históricas que protegían la reserva de bandera nacional. Se trata de una de las reformas más profundas del sector en décadas y probablemente una de las que mayor resistencia sindical genere durante el debate parlamentario.
Mercado de capitales
La otra gran apuesta del proyecto es financiera. Sturzenegger propone una reforma integral del mercado de capitales para facilitar el acceso al crédito y modernizar instrumentos jurídicos utilizados por empresas e inversores.
Entre otras medidas, incorpora activos virtuales como bienes susceptibles de garantía prendaria, crea un Sistema Federal de Registro de Garantías completamente digital, moderniza el régimen de warrants y prendas, reconoce títulos digitales y tecnología blockchain, amplía las posibilidades de fideicomisos financieros, flexibiliza obligaciones negociables y adapta la legislación para la tokenización de activos financieros.
El objetivo declarado es reducir costos de financiamiento y acercar el sistema argentino a estándares internacionales.
Agro, energía y actividades productivas
El proyecto también introduce modificaciones en múltiples sectores productivos. Entre ellas aparecen la eliminación gradual de los aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), la derogación del régimen de arrendamientos rurales, cambios en la regulación de alcoholes y vinos, modificaciones al régimen del gas licuado de petróleo (GLP), eliminación de restricciones en traductores públicos y cambios en normas vinculadas al libro, el doblaje y distintas actividades culturales.
En todos los casos, el argumento oficial es reducir intervenciones estatales que, según el Ministerio, generan costos administrativos sin aportar beneficios equivalentes.
