Revelan corrupción en Hewlett Packard de Argentina durante el segundo mandato de Cristina

Las coimas sería de entre 3 y 9 millones de dólares y la investigación deslindó al exministro del Interior Florencio Randazzo así como a la empresa Dinatech. Desde la SEC hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos: qué se sabe de las investigaciones.

Expertos en investigaciones y ética de la multinacional Hewlett Packard (HP) elaboraron un reporte confidencial que confirmó delitos e irregularidades que cometieron ejecutivos de esa compañía en Argentina, durante el segundo período presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, y recomendaron despedir de inmediato a los involucrados.

Bloomberg

El diario argentino La Nación accedió a una copia del reporte de acceso restringido redactado en inglés, que detalla cómo habría sido la maniobra delictiva de entre 3 y 9 millones de dólares.

En todo caso, el reporte aclaró de manera taxativa que no halló indicios de corrupción vinculados a una de sus distribuidoras, Dinatech, y al entonces ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo.

El reporte fue remitido a la jefatura global de la empresa en Estados Unidos tras su finalización hace cuatro años, en mayo de 2018, y quedó sujeto a las reglas de confidencialidad que protegen la relación entre clientes y abogados. 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, imagen de 2021 - Bloomberg

En agosto de ese mismo año, el Departamento de Justicia estadounidense y la Comisión de Valores de ese país (SEC) iniciaron una investigación por presunta corrupción, lavado de activos y extorsión centrada en las operaciones de Hewlett Packard en la Argentina.

En el proceso participó el Equipo de Cumplimiento de los Estándares de Conducta Corporativa (Sbcct) de HP que a su vez convocó al estudio jurídico Fernwick & West como asesor externo a fin de 2017.

Ellos investigaron conjuntamente si ejecutivos y exejecutivos de HP en Argentina habían "extorsionado" a Etertin y otras compañías locales para cobrarles dinero entre 2011 y 2017 a cambio de mantenerlas como distribuidoras de los productos de la empresa tecnológica en el país.

La Comisión Nacional de Valores y el Departamento de Justicia de EE.UU. abrieron la investigación en agosto de 2018 - Bloomberg

Pero no se limitó a eso, sino que la investigación además se enfocó como mínimo en cuatro altos ejecutivos locales de HP que también habían sido acusados de impulsar represalias contra Etertin después de que denunció la presunta operatoria criminal.

QUÉ CONCLUYÓ LA INVESTIGACIÓN

Cuando los expertos emitieron su informe 7 meses después de empezar la investigación, decidieron que había evidencias para concluir que al menos dos de los ejecutivos -el gerente Sergio Venier y la socia María Florencia Grande- habrían exigido o recibido sobornos de Etertin y otras distribuidoras, y recomendaron sus despidos.

Pero también concluyeron que no había indicios contra el gerente de ventas, Ernesto Blanco, ni el máximo responsable de HP en la Argentina, Juan Manuel Blanco.

Según la investigación, los empleados que participaron en las maniobras delictivas habrían actuado en coordinación con Gonzalo Giazitzian, otro ejecutivo local de HP que se había marchado en 2016 y habría "manipulado" programas de la empresa para desviar entre u$s 3 y 9 millones de la distribuidora Etertin en beneficio propio, monto que repartió con sus presuntos cómplices.

PERO LAS SOSPECHAS SE AMPLIARON

En todo caso, las sospechas alcanzaron a Javier Mazzeo, otro exgerente de HP,  destinatario de varios correos electrónicos de Giazitzian. Sin embargo, los investigadores no lograron avanzar más contra él porque ya se había retirado.

Hay otro dato peculiar: al menos tres de los señalados en el informe integran también la lista de sospechosos en la investigación que el Departamento de Justicia y la SEC abrieron en agosto de 2018 por presunta corrupción, lavado y extorsión de Hewlett Packard en la Argentina.

Se trata de Giazitzian, Mazzeo y Venier, citados a declarar en enero pasado cuando una fiscal y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) vinieron a Buenos Aires para avanzar con su indagación. 

Ninguno de ellos se presentó ni respondieron a consultas de la prensa, como tampoco respondió la filial argentina de HP Inc., la compañía dedicada a los ordenadores personales y a las impresoras tras la división de Hewlett Packard en dos firmas a nivel global.

El responsable de Etertin, Diego Verdejo, no fue el único que denunció el sistema de coimas exigido por ejecutivos y exempleados de HP: también lo planteó Esteban Isorna, un exsocio de Etertin que creó su propia firma, Intermaco, y contribuyó con datos sobre la operatoria ilícita que lideraba Giazitzian, amplió el reporte.

En noviembre de 2020, Isorna recibió la visita de agentes del FBI cuando viajó a Miami. Le solicitaron una reunión que concretaron días después, con la asistencia de un fiscal que voló desde Washington para ese encuentro, le confirmó Isorna a La Nación. 

Resultó que la operatoria investigada tenía mayor extensión que la que se supo inicialmente. Porque también se averiguaba si otra distribuidora local, Dinatech, "se involucró en sobornos para garantizarse contratos del gobierno". Y puntualmente al exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, a quien identificaron por su nombre y cargo. 

Lo cierto es que los expertos que realizaron el informe aclararon que "no encontraron documentos ni otras evidencias que indiquen que cualquier tipo de conducta inapropiada en relación con cualquier transacción que involucrara a Dinatech o que cualquier empleado de HP supiera o participara en sobornos vinculados a Dinatech".

Pero según reconstruyó La Nación, para los investigadores del Departamento de Justicia, el FBI y la SEC, Dinatech y su máximo responsable, Eduardo Wassi, continúan bajo la lupa, e integran la lista de nombres de personas físicas y jurídicas sobre las que plantean preguntas y piden precisiones en sus interrogatorios.

En tanto, se supo que los expertos convocados por Hewlett Packard y los investigadores del gobierno estadounidense coincidieron en un foco de interés y preocupación: las llamadas "declaraciones juradas anticipadas de importación" (DJAI) que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impuso a comienzos de 2012.

La investigación oficial del gobierno de Estados Unidos continúa abierta, mientras que la desarrollada a pedido de Hewlett Packard se cerró, con recomendaciones. 

Además del despido de Venier y Grande, propuso mejorar los controles internos y los procedimientos para definir la distribución de negocios y beneficios entre las distribuidoras, además de cortar los vínculos comerciales con dos de ellas, Etertin e Intermarco. Consideró que ambas distribuidoras fueron partícipes integrales en la operatoria delictiva hasta que, por motivos a determinar, decidieron denunciarla.

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