Después de la victoria en las elecciones legislativas y con una situación económica que da respiro, el gobierno nacional tomó una postura proactiva. Comenzó a preparar el terreno para cambios de fondo en distintas áreas neurálgicas: desde las reformas laboral e impositiva hasta cambios en el régimen penal, e incluso el impulso —por primera vez— de una ley de presupuesto. Sin embargo, otro de los temas señalados como clave para el futuro del país, la reforma jubilatoria, no fue incluido en la agenda.
Es un tema fundamental, en principio, por lo que significa para las erogaciones del Estado. En 2024, el 40,8% del gasto del Estado nacional se destinó a jubilaciones y pensiones, según datos del ministerio de Economía. Es decir, cualquier discusión sobre el déficit fiscal —de esas que al gobierno le gusta dar— no puede dejar de lado un tema tan relevante.
Pero, sobre todo, es clave por lo que sucederá en el futuro. Entre la baja de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, la demografía argentina sufrirá grandes cambios en los próximos años.
Los datos de las últimas décadas son claros. El pico en la tasa de fecundidad fue en 1977, cuando se llegó a 3,4 hijos por mujer. A partir de allí descendió lentamente, en línea con el resto del mundo, según datos del Banco Mundial. En 2014, había bajado a 2,4 hijos por mujer, pero a partir de ahí se desplomó. En 2023 tocó el piso de 1,5 hijos por mujer, por debajo de la línea de reemplazo. Al mismo tiempo, la esperanza de vida aumenta lentamente. En la actualidad, se calcula en 77 años en promedio, tres más que en el año 2000.
Esa combinación, de menos niños que nacen y adultos que vivirán más años, genera que en el futuro será más difícil financiar el sistema, ya que habrá menor proporción de personas en edad económicamente activa para solventar a los pasivos. No se trata de un problema que solamente existe en Argentina, sino que se replica en muchos lugares del mundo. De hecho, según datos de la ONU, 130 de los 237 países y territorios relevados están por debajo de la línea de reemplazo. Es decir, tienen una fecundidad menor a 2,1 hijos por mujer.
Las soluciones que se han explorado en el exterior han sido diversas. Dinamarca, por ejemplo, tendrá la edad de jubilación más alta del mundo. El país europeo decidió relacionar la esperanza de vida con la edad de retiro y actualizarla cada cinco años. Hoy por hoy es de 67 años. Pero aumentará a 68 años en 2030, a 69 en 2035 y llegará a 70 a partir de 2040.
En general, estas discusiones sobre la extensión de la edad de jubilación han sido muy complicadas para los gobiernos. Como ejemplo local está el caso del gobierno de Cambiemos: después de ganar las elecciones intermedias en 2017, Mauricio Macri impulsó una reforma que terminó con protestas, disturbios y que fue revertida. Y como ejemplo del exterior despunta el caso de Francia. En 2023, la administración de Emmanuel Macron quiso extender la edad jubilatoria de los 62 a los 64 años. Las imágenes de las protestas, que se extendieron durante meses, dieron la vuelta al mundo.
Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social y Dirección Ejecutiva de CIPPEC, analiza la situación del país en diálogo con El Cronista. En principio, observa el bono demográfico que todavía existe y que continuará “por los próximos 15 años. Cada año hay más población en edad activa respecto a la que está en edad dependiente. Eso comenzará a revertirse en la década de 2040”.
En este sentido, cree que el bono representa una oportunidad, ya que “si hay menos dependientes, hay más posibilidades de acumular capital físico y humano y de esa manera aumentar la productividad”. Sin embargo, advierte que es una oportunidad que si no se aprovecha, no volverá.
Respecto al futuro —menos nacimientos y más esperanza de vida—, el economista sostiene que la solución pasa por una combinación de “políticas macroeconómicas, ya que sin crecimiento es imposible financiar el sistema previsional, con reformas en el sistema para que sea más eficiente”.
En este sentido, detalla que se pueden reducir “filtraciones” en el sistema, como los 2,8 millones de beneficiarios que tienen menos de 60 o 65 años. También podrían implementarse incentivos a extender la vida laboral o beneficios proporcionales a los aportes realizados.
Respecto a lo que observa en el exterior, Rofman no cree que exista un modelo fácilmente replicable, ya que cada país tiene sus particularidades. Sin embargo, señala que existen algunas buenas prácticas como “minimizar las excepciones a las reglas del régimen general, adoptar reglas para extender gradualmente la vida activa o asegurar un tratamiento equitativo a toda la población”.
Finalmente, de cara a una posible reforma jubilatoria en la Argentina, el especialista cree que debe haber dos temas centrales a tener en cuenta. El primero, “minimizar las excepciones para que prácticamente toda la población participe de un sistema nacional con reglas creíbles”. El segundo, “ordenar el régimen general para evitar inequidades e ineficiencias, como el requisito de 30 años de aportes o las pensiones por fallecimiento, y a la vez incorporar incentivos para aportar durante toda la vida laboral”. En este sentido, cree que el posible cambio en la edad jubilatoria debe realizarse en el largo plazo, a medida que aumenta la expectativa de vida, pero de forma gradual y previsible. Por ejemplo, aumentando un mes por año, para no afectar a quienes estén próximos a jubilarse.
De esta forma, parece tener sentido por qué el gobierno no incorporó el tema entre las prioridades. Se trata de cuestiones con impacto en el largo plazo y que al mismo tiempo pueden tener un alto costo de imagen. En momentos de mejora en la opinión pública, según muestra la mayoría de las encuestas y después del resultado electoral, las otras reformas planteadas, como la laboral y la fiscal, tienen un mayor impacto en la economía para lo que resta del mandato. Aunque, de una forma u otra, los partos, la biología y la actividad económica invitan a pensar que, más temprano o más tarde, tendrá que darse una discusión para el sistema previsional.
