Con la privatización de AySA, el plan del Gobierno nacional para transferir activos estatales al sector privado entró en etapa de definiciones. El mes pasado se puso en marcha el proceso por el Belgrano Cargas y a esto se suma la red vial, en la que se concesionaron 9000 kilómetros de rutas.
El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, apunta a captar un ingreso global proyectado de u$s 2300 millones entre concesiones y ventas definitivas de empresas públicas, según detalló el programa financiero para 2026-27.
El diseño financiero del Palacio de Hacienda prevé un flujo de u$s 800 millones en una primera etapa, mientras que los restantes u$s 1500 millones se proyectan hacia el cierre del esquema fiscal pautado para antes de las elecciones presidenciales de 2027.
La hoja de ruta oficial busca no solo dotar de mayor poder de fuego a las reservas del Banco Central frente a los compromisos de deuda externa, sino también consolidar un fuerte alivio sobre el gasto corriente al eliminar los subsidios operativos del Tesoro para mantener infraestructura.
“La privatización de AySA se suma a los procesos de transformación de empresas estatales que el Gobierno Nacional viene llevando adelante. Este proceso tiene el objetivo claro de terminar con la utilización de recursos de los pagadores de impuestos”, detalló el Ministerio de Economía este jueves.
En tanto, Caputo remarcó el miércoles tras la firma de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones viales que se dio “un paso fundamental para transformar la infraestructura argentina”.
Así, se pusieron en construcción los más de 9000 km de rutas nacionales concesionadas al sector privado, “con un nuevo modelo basado en inversión, eficiencia y gestión privada”, según plantea el Ejecutivo.
Se transfiere el mantenimiento a operadores privados, que lo financian con peajes y obtienen beneficios impositivos computados a impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias e IVA.
Además de las rutas y el Belgrano Cargas y Logística, el Gobierno busca avanzar en la privatización de Intercargo. La empresa encargada de las operaciones en tierra de los aviones había comenzado un proceso de venta a principios de año. La misma se ofreció con sus 21 operaciones por u$s 45 millones. Si bien sumaba interesados, las ofertas quedaron por debajo de ese monto y, a principios del mes pasado, la licitación se declaró desierta, lo que llevó al Gobierno a establecer una nueva estrategia, como detalló El Cronista.
Las empresas competidoras esperaban que se habilitara la posibilidad de vender las operaciones de cada aeropuerto y aeródromo por separado. El sindicato de aeronáuticos (APA) denunció en ese marco que comenzó un vaciamiento de operaciones.
A esto se suman las centrales térmicas, los complejos hidroeléctricos que se suman a la salida estatal en Transener y Comahue, además de IMPSA, la primera transferida en la era Milei.
Los planes de privatización de Correo Argentino quedaron postergados hasta después de las elecciones de 2027 para evitar complicaciones logísticas en los comicios. Grandes firmas locales e internacionales mostraron su interés por quedarse con la red logística, clave en los tiempos del e-commerce.
El Congreso frenó la venta de Aerolíneas Argentinas con el rechazo a la Ley Bases. No hay planes para privatizar YPF.
