La regulación de las apuestas online volvió a quedar en el centro de la disputa política en el Senado. En la última sesión antes del cierre del período ordinario, el peronismo intentó habilitar el tratamiento sobre tablas de la media sanción de Diputados que establece restricciones sobre la actividad, mientras el oficialismo rechazó avanzar sin dictamen y propuso convocar a un plenario de comisiones la próxima semana.
Detrás de la discusión parlamentaria hay una puja más amplia. Autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina reclamaron al Senado avance con una regulación más restrictiva, mientras las empresas del sector buscan que el eje de la legislación quede puesto en las plataformas ilegales y no sobre los operadores habilitados.
En el medio, el Gobierno tiene su propio proyecto, con un enfoque diferente al de la media sanción que hoy corre riesgo de perder estado parlamentario.
El debate llegó este jueves al recinto después de que el senador formoseño José Mayans pidiera tratar sobre tablas el expediente que llegó desde Diputados. Para habilitar ese tratamiento se necesitan dos tercios de los votos, una mayoría que el oficialismo no estuvo dispuesto a conceder.
“Tenemos una explosión del tema de plataformas de juego, es un problema de adicción entre los jóvenes”, planteó Mayans al fundamentar el pedido.
Además, el senador advirtió que el proyecto está próximo a perder estado parlamentario y reclamó que el Senado defina si está dispuesto a tratarlo.
La respuesta de Patricia Bullrich fue inmediata. La jefa del bloque de La Libertad Avanza sostuvo que el proyecto lleva dos años en el Senado y que el oficialismo no está dispuesto a habilitar un tratamiento exprés de una iniciativa que no tiene dictamen.
“Nosotros no habilitamos temas por dos tercios que no tengan dictamen”, sostuvo Bullrich, aunque propuso convocar para el martes o miércoles de la semana próxima a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales para avanzar con el tratamiento.

La senadora introdujo además una de las diferencias centrales que plantea el oficialismo respecto del proyecto de Diputados: la necesidad de atacar las plataformas que funcionan por fuera del sistema de autorizaciones.
Bullrich planteó que existe un problema con páginas que permiten apostar sin verificar la edad ni establecer restricciones y propuso incorporar herramientas para que el Ente Nacional de Comunicaciones pueda disponer la baja inmediata de esos sitios.
Con 28 votos positivos y 40 negativos, el proyecto de Mayans no consiguió ser votado sobre tablas en el recinto. “Voy a insistir cuando venga el jefe de Gabinete y el jueves para evitar que pierda estado parlamentario”, aseguró Mayans.
En cambio, la moción de Bullrich fue votada con 70 votos a favor, por lo cual pasa a su tratamiento en Comisión.
La discusión detrás de la regulación
La disputa no es solamente parlamentaria. La media sanción de Diputados, aprobada en noviembre de 2024, establece un esquema de regulación mucho más amplio sobre la actividad.
El texto restringe fuertemente la publicidad de las apuestas online, elimina los bonos de bienvenida, prohíbe los patrocinios de empresas de apuestas a clubes, deportistas y competencias y establece controles de identidad y edad para impedir el acceso de menores. Además, también incorpora mecanismos de autoexclusión y limita los medios de pago habilitados.
Ese es justamente uno de los puntos que genera mayor resistencia entre las empresas del sector. Para los operadores, el problema es que una regulación más restrictiva puede imponer nuevas obligaciones y limitar herramientas comerciales a las plataformas autorizadas mientras las ilegales continúan funcionando por fuera del sistema.
Ese planteo ya había aparecido en las conversaciones del sector con El Cronista. Las empresas buscan que el foco de la regulación esté puesto en perseguir a los operadores clandestinos, bloquear sus dominios y cortarles el acceso a los sistemas financieros y tecnológicos que necesitan para funcionar.

De hecho, el Gobierno presentó en mayo su propio proyecto en el Senado con ese enfoque. En este sentido, la iniciativa establece penas para quienes exploten u organicen sistemas de apuestas no autorizados y también alcanza a quienes faciliten su funcionamiento desde los servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales.
Además, incorpora mecanismos para bloquear dominios y restringir operaciones de plataformas sin habilitación.
La diferencia es importante: el proyecto oficial no avanza sobre la publicidad, los patrocinios deportivos y algunas de las restricciones comerciales que sí aparecen en la media sanción de Diputados.
Ahí se encuentra una de las principales disputas de fondo. Para la Iglesia y quienes impulsan el proyecto aprobado por Diputados, la publicidad y la presencia de las casas de apuestas en el deporte forman parte del problema porque amplían la exposición de niños y adolescentes. Para las empresas, en cambio, una regulación que golpee especialmente a los operadores autorizados puede ampliar la brecha frente a quienes trabajan directamente en la ilegalidad.
La Iglesia vuelve a poner presión
La Iglesia se convirtió en uno de los principales actores externos de esta discusión. La Comisión Episcopal de Pastoral Social reclamó públicamente que el Senado avance con la regulación y advirtió sobre el impacto de las apuestas online, especialmente entre niños y adolescentes. El Episcopado ya había pedido en 2025 que la Cámara alta tratara la iniciativa.
La llegada de León XIV a la Argentina volvió a poner el tema en agenda y aceleró una discusión que llevaba casi dos años frenada. El reclamo eclesiástico coincidió con una ofensiva de distintos sectores políticos para evitar que la iniciativa quedara archivada.

Ese punto apareció durante el debate de este jueves. La senadora Nadia Márquez cuestionó que se utilice el reclamo de la Iglesia como argumento para acelerar el tratamiento y planteó que no necesariamente existe acuerdo sobre el contenido de la regulación.
“Si vamos a hablar de lo que pidió el Papa y lo que piden otros cultos, deroguemos el aborto, que lo aprobaron ustedes por un Papa argentino en contra del aborto”, sostuvo Márquez en el recinto.
La senadora aclaró que existe una preocupación por las adicciones y por la ludopatía, pero planteó que eso no implica necesariamente respaldar el texto que llegó desde Diputados. Además, advirtió sobre el conflicto que podría generarse entre una regulación nacional y las competencias de las provincias.
El ida y vuelta
El momento de mayor tensión se produjo cuando Lucía Corpacci cuestionó al oficialismo por no avanzar con el tratamiento.
“Usted dijo que se comprometía a tratarlo, esta es la última sesión, y ustedes miran para otro lado. Atrás de esto hay negocios, dejen de pensar en sus negocios”, lanzó la senadora.
Bullrich respondió de inmediato: “No le voy a aceptar eso de ninguna manera, no se la voy a dejar pasar”.
Mayans volvió entonces sobre el argumento central del peronismo: el problema de los tiempos parlamentarios. “Esto se cae el 30”, insistió, y reclamó que los senadores definan si están a favor o en contra del proyecto.
La senadora Carolina Moisés, una de las legisladoras que siguió de cerca el debate sobre el juego online en las comisiones, rechazó que la salida sea una votación acelerada. Recordó que hubo varios plenarios y más de 40 expositores, entre especialistas, representantes de organizaciones y familiares afectados por la problemática.
“La autoridad moral, la preocupación natural y honesta sobre esta situación no habilita que tengamos que pasar por encima la oportunidad de legislar bien”, sostuvo Moisés.
Para la senadora, detrás del pedido de tratar sobre tablas existe una “especulación política” y el debate debería continuar en las comisiones.
















