Los argumentos técnicos de la querella criminal contra el macrismo por el acuerdo con el FMI

La querella penal que impulsa el Gobierno, y que todavía busca denunciante,  contra los ex funcionarios macristas que firmaron el acuerdo de Stand-By en 2018 y sus modificaciones -y que apunta también a los directivos del FMI, según anticipó el presidente Alberto Fernández en el Congreso- se basa en un informe realizado por el Banco Central en 2020 aunque también existe una demanda presentada por el ahora director del Banco Nación, Claudio Lozano, en 2019.

En el anuncio de la demanda criminal, el mandatario hizo referencia a la "administración fraudulenta y malversación de caudales". El Central presentó después un pedido de auditoría a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción sobre la base de su informe "Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019", elaborado el año pasado a pedido de Fernández.

La impulsora de ese pedido es la directora Betina Stein, abogada, especializada en Derecho Administrativo y Derechos Humanos y conocida como una de las letradas que llevó al ex integrante de la junta militar Emilio Eduardo Massera a responder con sus bienes personales para indemnizar a víctimas de la dictadura. "Hay decisiones que son políticas y que no son judicializables, pero deben estar sujetas al cumplimiento de la ley", indicó Stein en Futurock. La abogada considera que los funcionarios "podrían verse obligados a responder con su patrimonio si la Justicia verifica que cometieron irregularidades".

Emisión de deuda  

El informe elaborado por el BCRA sostiene que durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri "la formación de activos externos (coloquialmente llamada "fuga de capitales") se triplicó, superando los u$s 86.000 millones".

Al analizar el ciclo de endeudamiento, el Central argumenta que "a principios de 2018, el gobierno recurrió a la asistencia del FMI para evitar un default inminente. Los compromisos de deuda asumidos" desde la resolución del conflicto con los holdouts en 2016 "resultaban ya por entonces impagables sin el acceso a nuevo financiamiento".

Por el arreglo con bonistas y fondos buitre se emitieron u$s 13.700 millones bajo legislación extranjera con vencimientos en 2022, 2023 y 2025. A partir de ese momento, "Argentina resultó el principal colocador de títulos soberanos en los mercados internacionales entre enero de 2016 y abril de 2018. La deuda pública pasó así de representar 52,6% del PIB a fines de 2015, a 90% cuatro años más tarde", agregó el informe. El peso de los títulos bajo ley extranjera varió del 36,4% al 70% del PBI.

"Entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron u$s 44.500 millones. Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los u$s 45.100 millones, una salida de capitales especulativos por u$s 11.500 millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por u$s 36.900 millones", describe la entidad a cargo de Miguel Pesce.

Incumplimiento con el FMI

Hasta ahí, el argumento de una decisión política de desregulación, endeudamiento y fuga, pero el Central marca que el acuerdo incumplió las propias normas del FMI. El Fondo lleva adelante su propio análisis del programa de Stand-By, a cargo de una Oficina de Evaluación Independiente, que publicará su informe aunque todavía no hay fecha de finalización, según indicó el vocero Gerry Rice. Es una revisión habitual tras cada programa y podría determinar los motivos del monto de préstamo extraordinario o si los funcionarios soslayaron el cumplimiento de normas.

El pedido de auditoría a la Sigen y la OA del Central recuerda que el Convenio Constitutivo del FMI "aprobado por la República Argentina por Ley 21.648" dice: "Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin". 

El cepo se reinstaló en 2019, un mes después de las elecciones primarias, donde Fernández aventajó a Macri por casi 15 puntos. "Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales", marca la norma del FMI. También se cortaron los desembolsos del programa, previsto en u$s 57.000 millones.

El ministro Martín Guzmán, a cargo de la negociación de un nuevo programa con el FMI para repagar los u$s 44.500 millones que llegaron por el Stand-By, reforzó la retórica presidencial y aseguró que "el FMI es responsable de lo que pasó". En dos semanas verá a Kristalina Georgieva en Washington. "Que estemos negociando no quiere decir que no podamos decir las cosas", aseguró en A24.

Procedimientos Internos

El pedido de auditoría sostiene que "los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa".

Y cita que en el primer acuerdo firmado con el Fondo no hubo "dictamen jurídico previo" a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico "que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional", de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo del FMI.

El argumento del BCRA es que "ese dictamen posterior a la firma no se pronuncia sobre las cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de la Carta de Intención con el FMI: si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características".

Para los abogados del Central, las leyes 11.672 permanente de Presupuesto, 19.549 de Procedimiento Administrativo y 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, marcan que "el Poder Ejecutivo Nacional no tendría facultades para la firma del acuerdo".

"En el segundo acuerdo con el FMI se incorporó el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones, estaban facultados para tomar dicha decisión", agrega el Central.

La denuncia previa de Lozano

En 2019, Claudio Lozano por Unidad Popular y Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad denunciaron penalmente al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y al ex presidente del BCRA Guido Sandleris por "la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad". La denuncia tramita por el Expediente N° 8.853/2019 y quedó radicada en un primer momento en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del juez Sebastián Roberto Ramos.

Lozano argumentó que el acuerdo debería haber pasado por el Congreso y es inconstitucional. El Ejecutivo invocó a la Ley de Administración Financiera para firmarlo. También apunta a la Administración Fraudulenta por el ciclo de deuda y fuga que marcó el Central y sostiene que "el FMI participó, de manera cómplice y corresponsable de la orgía especulativa". La denuncia agrega que "la intervención del FMI es simultánea a la aceleración de la fuga de capitales".

También marca que si bien se reinstaló el cepo para evitar la fuga de capitales "por cuestiones de intereses electorales del presidente no se adoptaron" previamente y coincide en que los funcionarios no estaban habilitados a firmar el acuerdo.