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A tres días de la sesión convocada en el Senado, La Libertad Avanza todavía negocia cambios de último momento en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para intentar garantizar su media sanción. El principal movimiento se produciría en la reforma de la Ley de Tierras, en lugar de eliminar por completo el límite para la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros, el oficialismo analiza elevarlo a un número clave.
“Este es el borrador número 16, pero todavía no cantamos victoria”, afirmó una voz cercana al bloque libertaria en diálogo con El Cronista.
La nueva concesión busca destrabar uno de los capítulos más controvertidos de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, cuyo tratamiento ya había sido postergado antes del receso invernal por la falta de acuerdo entre el Gobierno y sus bloques aliados.
Según el borrador que circula por estas horas, el límite máximo de tierras rurales en manos extranjeras pasaría al 25% del territorio nacional, provincial y municipal.
De confirmarse, el Gobierno abandonaría la propuesta original de eliminar totalmente las restricciones establecidas por la legislación vigente. Aun así, todavía no está cerrado ni el número ni los votos. “El proyecto está maldito”, afirmaron.
Según confirmaron, los cambios serán presentados este martes a las 16 en el Senado durante una conferencia encabezada por la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, junto con los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez.
El poroteo que hace el oficialismo para aprobar el proyecto
Voces internas del oficialismo aseguraron que cuentan contar, por el momento, con 35 votos afirmativos sobre un total de 72 senadores.
Se trata de una cifra insuficiente para garantizar la aprobación en caso de que todos los integrantes de la Cámara estén presentes, por lo que las negociaciones continuarán hasta el inicio de la sesión.
Dentro de los votos a favor aparecen los 21 senadores de La Libertad Avanza, los tres integrantes del PRO y siete de los diez legisladores de la Unión Cívica Radical.
También acompañarían Beatriz Ávila, de Tucumán; Julieta Corroza, de Neuquén; Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas, y la salteña Flavia Royón.
En contra se ubicarían 34 senadores. Allí se encuentran los 25 integrantes del interbloque popular, los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, los dos representantes de Santa Cruz, los tres senadores de Convicción Federal y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas.
De esta manera, la definición podría quedar en manos de los tres legisladores que todavía figuran en duda: los dos senadores de Misiones y la chubutense Edith Terenzi.
La postura de los misioneros será especialmente observada por el oficialismo. Durante el intento anterior de llevar el proyecto al recinto, distintos sectores aliados evitaron aportar el quórum y dejaron expuestas las dificultades de Bullrich para cerrar un acuerdo interno.
La concesión del Gobierno para destrabar la Ley de Tierras
El capítulo sobre la extranjerización de tierras rurales fue el principal obstáculo que impidió aprobar el proyecto antes del receso. La iniciativa crea un régimen para agilizar desalojos y modifica tanto la Ley de Tierras como la Ley de Manejo del Fuego, pero fue la apertura a compradores extranjeros la que generó mayores resistencias.
La propuesta inicial impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, buscaba eliminar los topes previstos por la Ley 26.737. Sin embargo, la falta de votos obligó al oficialismo a revisar su posición y analizar un esquema intermedio.
La alternativa del 25% intenta acercar posiciones con sectores de la UCR y otros bloques provinciales que rechazaban la eliminación total del límite, pero estaban dispuestos a discutir una ampliación.
La negociación también incluye las facultades que conservarán las provincias para establecer restricciones propias. Antes del receso, una modificación incorporada a instancias de la UCR reconocía expresamente la posibilidad de que las jurisdicciones provinciales aplicaran la norma y fijaran condiciones adicionales.
Ese punto provocó una disputa dentro del propio oficialismo. Desde el entorno de Sturzenegger advirtieron que otorgar amplias facultades a las provincias podía afectar la reglamentación de una ley nacional y derivar, en los hechos, en 24 regímenes diferentes.
En el sector de Bullrich, en cambio, sostuvieron que las provincias ya conservaban atribuciones para establecer restricciones y que la incorporación no alteraba el espíritu central del proyecto.
La interna que postergó el tratamiento
El proyecto debía tratarse antes del receso de invierno, pero fue postergado por la falta de acuerdo entre La Libertad Avanza y sus aliados. Durante aquella sesión, el Senado resolvió por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención trasladar el debate al 6 de agosto.
La decisión dejó al descubierto las diferencias entre Bullrich y Sturzenegger respecto de la última versión del dictamen. Fuentes cercanas al ministro de Desregulación aseguraron entonces que una modificación incorporada a último momento ponía en riesgo la aplicación nacional de la norma.
Desde el entorno de la presidenta del bloque libertario rechazaron esa interpretación y atribuyeron la caída de la sesión a la falta de dos votos clave. También indicaron que los cambios habían sido informados previamente en la mesa política del Gobierno sin que Sturzenegger presentara objeciones.
La discusión parlamentaria se cruzó además con la interna entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, el distanciamiento de algunos bloques provinciales y las ausencias de legisladores que impedían consolidar una mayoría.
Ahora, con la sesión prevista para este jueves, el oficialismo volverá a intentar la media sanción. La modificación del límite para extranjeros aparece como la principal moneda de negociación, pero los números siguen siendo ajustados: con 35 votos propios y 34 rechazos confirmados, el futuro del proyecto podría depender otra vez de un puñado de senadores provinciales.
