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Patricia Bullrich realizó este martes una conferencia de prensa en el Senado para presentar los cambios de último momento al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Con los votos muy justos para este próximo jueves aprobar las modificaciones a la Ley de Tierras, el oficialismo explicó las concesiones dadas a la oposición.
“Pusimos 25% porque Brasil tiene un 25%, en acuerdo y por pedido de nuestros aliados pusimos un límite que nos parece razonable. Pusimos el mismo límite que Brasil porque creció más que nosotros en capacidad productiva en los últimos 40 años”, explicó la jefa del bloque en el inicio de la rueda con periodistas.
Además, aclaró ante las críticas que “propiedad no es soberanía, es la posesión de un título o un papel, la soberanía es la facultad de hacer cumplir la ley en todo territorio”.
La exposición se llevó a cabo a las 16 horas en el Salón de las Provincias y estuvo encabezada por Bullrich junto con los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, a menos de 48 horas de una sesión en la que los números aparecen prácticamente empatados.
La principal concesión de La Libertad Avanza será mantener un límite para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. En lugar de eliminar completamente las restricciones, como pretendía inicialmente el Poder Ejecutivo, la última versión eleva del 15% al 25% el máximo permitido en el territorio de cada provincia.
Asimismo, Bullrich confirmó que se pusieron límite a los estados extranjeros, que no pueden comprar un metro de tierra.
Además, también tienen restricciones las personas jurídicas, en todas sus figuras. Todo núcleo asociativo con participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval de la provincia y la nación.
“En zona de frontera se requiere autorización de provincia y nación y en nación tiene que ser un secretario de Estado el que firme”, remarcó.
El cambio busca acercar posiciones con legisladores radicales y provinciales que rechazaban la apertura total. Sin embargo, el poroteo todavía no garantiza la media sanción: tanto el oficialismo como la oposición se adjudican entre 34 y 35 votos y reconocen que la definición puede quedar en manos de uno o dos senadores.
Bullrich también aseguró que el oficialismo logró ampliar la base de respaldos para el proyecto y enumeró entre los sectores que acompañan a la UCR, el PRO, La Neuquinidad, los representantes de Tucumán y Salta y el denominado “grupo de los 44”.
Desde el oficialismo aseguraron que tienen “los votos suficientes para darle media sanción al proyecto”.
En ese escenario, todas las miradas están puestas sobre los representantes de Misiones, la chubutense Edith Terenzi y la salteña Flavia Royón. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, aseguró que habló con la exsecretaria de Energía y que todavía se encuentra evaluando su postura.
“Royón fue parte del Gobierno, estuvo en el área energética. Yo hablé con ella y está evaluando su voto”, afirmó Mayans durante una entrevista en Gelatina.
Según el jefe del bloque Justicailista, los sectores que rechazan la iniciativa cuentan con alrededor de 34 o 35 votos. “Estamos a un voto de 36, que es empate”, sostuvo.
En caso de una votación igualada, la vicepresidenta Victoria Villarruel tendría la facultad de desempatar.
Los cambios en la Ley del Fuego y el acceso al agua
Durante la conferencia, la intención del bloque libertario fue alejarse de los rumores de extranjerización y se hicieron distintos cuestionamientos a la compra de tierras de Lázaro Baéz y la instalación de una base científica china durante la presidencia de Cristina Kirchner.
El intento de cambiar la narrativa se profundizó durante un pasaje, dónde Bullrich se encargó de descartar ciertos rumores y eligió no nombrar al magnate británico Joe Lewis que al día de la fecha tiene una estancia en Lago Escondido y bloqueó el acceso principal al curso de agua.
Según explicó Patricia Bullrich, el proyecto no modifica el acceso público a lagos y ríos, que continuará regido por el Código Civil y por las normas provinciales.
La senadora sostuvo que, cuando un campo queda rodeado por otras propiedades, debe garantizarse un camino de paso para llegar al espejo de agua.
“No existe posibilidad de que alguien no pueda acceder a un lago. No existe posibilidad de que alguien no pueda acceder a un lago. Después, si el camino es más fácil o más difícil, depende de la Justicia provincial. Es el caso que todos conocemos”, afirmó.
En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, el oficialismo propone mantener sin cambios la protección sobre los bosques nativos, pero eliminar la prohibición que impide durante hasta 60 años modificar el uso de tierras rurales incendiadas.
Bullrich argumentó que esa restricción castiga también a productores que no tuvieron responsabilidad en el fuego y sostuvo que, con la nueva redacción, deberá probarse que el propietario provocó intencionalmente el incendio para obtener un beneficio económico.
La titular del bloque libertario aseguró que el cambio no elimina las sanciones para quienes incendien campos con fines inmobiliarios o productivos.
Según indicó, en los casos en que se demuestre la intencionalidad seguirán vigentes las penas correspondientes, mientras que el dueño que haya sido víctima de un incendio provocado por terceros podrá volver a utilizar su tierra.
“Al que cuida la tierra lo vamos a defender”, resumió Bullrich al justificar la modificación.
El voto de Fernández Sagasti, bajo la decisión de Villarruel
La paridad convirtió también en determinante la situación de Anabel Fernández Sagasti. La senadora mendocina cursa la semana 32 de su embarazo y tiene una indicación médica que le impide realizar viajes de larga distancia desde Mendoza hasta la Ciudad de Buenos Aires.
Por ese motivo, solicitó formalmente a Villarruel autorización para participar y votar de manera remota en la sesión convocada para este jueves 6 de agosto.
A última hora de este martes la vicepresidenta habilitó su voto a través de la modalidad virtual, con la debida presentación de certificado médico que acredite su condición e imposibilidad de trasladarse. También señala la preferencia de que se conecte desde la sede de la Legislatura de Mendoza. No obstante, la última palabra la tendrá el cuerpo del Senado el próximo jueves.
“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, planteó Fernández Sagasti al hacer público su reclamo. Su ausencia podría modificar el equilibrio de una votación que se encuentra abierta y favorecer al oficialismo, ya que la legisladora integra el bloque peronista y rechaza la reforma.
Mayans confirmó que los 25 integrantes de su bloque votarán en contra. “En total somos 25 en nuestro bloque y nadie votará a favor”, aseguró.
La letra chica del nuevo límite del 25%
Aunque el oficialismo presentará la nueva versión como una marcha atrás respecto de la eliminación total de las restricciones, el cambio es más amplio que una simple suba del límite del 15% al 25%.
La legislación vigente computa el techo para la propiedad extranjera sobre el territorio nacional, sobre cada provincia y sobre cada municipio, departamento o división política equivalente. En cambio, el nuevo dictamen establece el 25% únicamente sobre el territorio de cada provincia.
El artículo 25 del proyecto dispone que las personas humanas o jurídicas extranjeras no podrán adquirir tierras rurales “por encima del veinticinco por ciento” del territorio provincial. El texto no reproduce el límite nacional ni el control por departamento o municipio.
La modificación permitiría concentrar las adquisiciones extranjeras en una misma región sin superar el porcentaje total de la provincia. Así, un departamento cordillerano, minero, fronterizo o con recursos hídricos podría quedar completamente en manos extranjeras si representa menos del 25% de la superficie rural provincial y la jurisdicción no dicta restricciones adicionales.
“No es lo mismo en Mendoza, no crece la vid en Luján de Cuyo que en Malague”, dijo Bullrich al presentar el proyecto y explicar porque había cambiado los límites departamentales.
El nuevo texto también establece que cada provincia conservará la jurisdicción sobre su territorio y podrá dictar su propia normativa. Las empresas con participación estatal extranjera necesitarán autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional, mientras que las compras en zonas de seguridad de frontera también requerirán una doble aprobación.
Mayans endureció el rechazo del peronismo
Ante la proximidad de la sesión, el peronismo endureció su discurso contra el proyecto y busca convertir la discusión en un debate sobre soberanía nacional.
“Acá estamos hablando de liberación o dependencia. Hay gente que ama a la patria y otra gente a la que le importa muy poco”, afirmó Mayans.
El jefe del interbloque opositor consideró que el límite vigente ya resulta elevado. “El 15% de tierras en manos extranjeras es mucho. Esto es un paso tan grave porque habrá una Argentina antes y después de esta ley”, sostuvo.
Para Mayans, el nuevo régimen no debe evaluarse solamente por el porcentaje general, sino por la posibilidad de que grandes empresas concentren territorios productivos y recursos estratégicos.
“Un Estado comprando a otro Estado no puede ser. Estamos hablando de las grandes empresas que hoy aparecen y tienen más poder económico que un Estado”, expresó.
También vinculó la iniciativa con el endeudamiento externo y la relación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. “Gobierna el FMI hoy en día nuestro país. Los ministros de nuestro país le rinden cuentas a la directora del FMI; es lamentable el nivel de dependencia”, declaró.
En otro tramo, apuntó contra Mauricio Macri y relacionó la deuda tomada durante su administración con la actual reforma: “La campaña más cara del país fue la campaña que Trump le dio a Macri, con 58.000 millones de dólares. Con eso pagaron la bicicleta financiera y ahora vienen a presentar la ley de extranjerización de tierras. Todo está conectado”.
El senador sostuvo que la apertura afecta la seguridad y la defensa nacional, particularmente en las zonas fronterizas. “Sin territorio no hay país, así de simple”, afirmó.
“Se apropian de los campos productivos, de los alimentos, de los precios, de todo. Quieren lograr la enajenación del país. Esta ley vende el país”, agregó.
