En Diputados

Ley de alquileres: la oposición apura el debate y negocia un dictamen unificado

Si las negociaciones entre los diferentes bloques de la oposición llegan a buen puerto, en el recinto, su propuesta podría cosechar más votos que la del Frente de Todos.

La oposición puso contra las cuerdas al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. A través de una carta, le solicitó que se reactive el debate por la reforma de la Ley de Alquileres. Mientras tanto, las diferentes bancadas acercan posiciones y no descartan que sus propuestas confluyan en un texto unificado que, de llegar al recinto, podría cosechar más votos que el oficialista.

El debate para modificar la ley sancionada hace menos de dos años quedó trunco. Fue luego de que los integrantes de la comisión de Legislación General firmaran no uno sino tres dictámenes. Como dos de ellos, el del Frente de Todos y el de la diputada del Interbloque Federal Graciela Camaño -que fue redactado con el Interbloque Federal- cuentan con beneficios fiscales, deberán contar con el aval de Presupuesto y Hacienda antes de ser llevados al recinto.

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Pero lo cierto es que tras el pedido que hizo Juntos por el Cambio en ese sentido, el tema quedó empantanado. Al menos hasta ahora, el presidente de esa comisión, Carlos Heller, sigue sin convocar a un plenario para que avance en el tema que, tras un acuerdo que habían sellado Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, debería haberse saldado hace más de un mes.

Ante este panorama, un conjunto de diputados opositores le enviaron una nota al presidente de la Cámara baja para que "en el menor tiempo posible" se convoque a un plenario de comisiones para que la reforma de la Ley de Alquileres, para que finalmente pueda ser votada en el recinto.

En la misiva, los legisladores solicitaron que "en miras a poder observar y cumplir con el tiempo acabadamente con los términos acordados en el acuerdo parlamentario sobre el tema Ley de Alquileres, arbitre y disponga todos los medios necesarios y conducentes para concretar en el menor tiempo posible la realización de una reunión conjunta en la que intervengan las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General". 

De esta manera, apuntan a "completar el trámite unificado y dictaminar respecto de todos los expedientes referidos al tema".

negociaciones 

Mientras se prolonga el debate en comisión, la oposición lleva adelante negociaciones para acercar posiciones. Es que el texto de Juntos por el Cambio que fue dictaminado en comisión es similar al del Camaño. Por caso, ambos plantean reducir los plazos de los contratos de tres a dos años. Es decir, como eran antes de la sanción de la ley vigente.

La oposición acerca posiciones y las chances de que vaya con un único dictamen son elevadas.

La diferencia clave entre ambos despachos es que el de Juntos por el Cambio carece de incentivos fiscales para propietarios e inquilinos. La explicación es que en el acuerdo original, la reforma solo pasaría por la comisión de Legislación General. 

La lectura que hicieron desde la bancada opositora fue que cualquier beneficio impositivo debía impulsarse por otra ley y ser despachada por Presupuesto y Hacienda.

Ante este panorama, desde Juntos por el Cambio dijeron: "Estamos pidiendo un plenario porque estamos trabajando en acuerdos que nos permita mejorar aún más las condiciones de los inquilinos y propietarios en la Argentina". El acuerdo sería entre Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y Provincias Unidas.

Si ese acuerdo se concreta, las chances de que las tres bancadas acompañen un despacho unificado, con beneficios impositivos, son altas.

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Si la oposición consigue redactar el texto unificado en el que trabajan, cuando el asunto finalmente llegue al recinto, podrían recibir más votos que el del oficialismo. Este despacho, a grandes rasgos, mantiene los puntos esenciales de la ley vigente: contratos con plazos de tres años, actualización anual y un ajuste basado en un promedio de la inflación y los salarios.

Asimismo, impulsan que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen general cuando superen las tres unidades ejecutoras si alguna de ellas está destinada a alquiler, además de que no paguen Bienes Personales si son destinadas a alquiler, con un tope de $ 30 millones.

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