El Gobierno reordenó su agenda legislativa para lo que resta del año y, con la idea de hacer un amplio abanico de acuerdos con el PRO y los gobernadores para asegurarse la reelección del presidente Javier Milei, ya tienen un esquema tentativo para armar el escenario de las elecciones del 2027 y las reformas pendientes para este segundo semestre.
La estrategia se concentrará en dos ejes: la aprobación del Presupuesto 2027 y la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que tendrán una discusión pisada en el mes de septiembre y octubre. En el medio, el Gobierno buscará recomponer el vínculo con aliados, para destrabar el cuello de botella en el Senado.
Alianzas, PASO y Milei en el Congreso
El frente central que todavía sigue postergándose es la reforma electoral. La negociación de las listas de adhesión a cambio de la suspensión de las Primarias para el 2027 -o un esquema de voluntariedad, en su defecto- quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli y el armador Eduardo “Lule” Menem. La discusión todavía sigue bajo tutela del Senado, donde ahora la jefe de bloque Patricia Bullrich busca mantenerse al margen de la discusión electoral.
Según pudo reconstruir El Cronista de altas fuentes del núcleo negociador, en el Gobierno están convenidos de que el esquema le resulta conveniente a la totalidad de los gobernadores aliados, ninguno de los cuales tiene candidato presidencial propio para 2027. No obstante, algunos quieren mostrar despreocupación sobre si el plan no llega a buen puerto, dado que el PJ comenzó un despliegue para intentar presionar a que los gobernadores no presten su apoyo para la iniciativa. “Las PASO solo le sirve al peronismo para que se reordene, pero hay que ver si no les juega en contra después. No nos preocupa”, aseguraron desde LLA.
En la Mesa Política ven que la estrategia electoral será distinta a la elección del 2025, cuando la secretaria general, Karina Milei, priorizó el purismo frente a las alianzas electorales en la mayoría de las provincias. “Quedó demostrado que su peso electoral (el de los gobernadores) fuera de sus distritos es prácticamente nulo”, aseguró un integrante de la Mesa en diálogo con El Cronista. “Ahora vamos con el ancho de espada, por la reelección de Milei”, agregaron.
La lectura interna del oficialismo es que el Presidente va a reelegir, ya sea en primera vuelta o en un eventual balotaje, ante un escenario de polarización. Sin embargo, algunos estrategias libertarios advierten que el resurgimiento de “outsiders” podría diluir ese esquema si logran instalarse como una tercera vía. Desde la Mesa Política prefieren no mostrarse preocupados por el surgimiento de esa opción: “Creen que cualquiera puede ser Milei, él es único”, sostuvieron desde el Gobierno.
Una moneda de cambio para avanzar sobre la reforma electoral será el Presupuesto 2027, el cual por ley debe ingresar al Congreso el 15 de septiembre. Según las fuentes consultadas por El Cronista, todo indica que Milei podría volver a presentarlo personalmente en el Congreso, como hizo en la primera ocasión. El del 2026, por caso, fue presentado solamente por cadena nacional. “Es el mejor comunicador que tenemos, por lejos”, dijeron desde La Libertad Avanza.
Inevitablemente, el Presupuesto y las PASO van a tratarse en simultáneo, ya que la idea es que la reforma electoral se active oficialmente en el debate de la Cámara alta en septiembre y para octubre, entonces, quedará en manos de Diputados junto a la “ley de leyes”. Desde el Gobierno no lo reconocieron como un plan armado, pero lo vieron con buenos ojos.
Según pudo saber este medio, este año el oficialismo buscará evitar convocar a sesiones extraordinarias y concentrar todo el trámite para antes de que termine el mes de noviembre, y no sumar un nuevo frente de desgaste político justo al comienzo de la campaña, como sucedió con la suspensión de las PASO en el 2025 -se sancionó en febrero del mismo año electoral-.
El cronograma de reformas
El primer avance concreto llegará el 26 de agosto, cuando la Cámara de Diputados prevé una sesión con varios proyectos acumulados: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), la segunda versión de la ley de Inocencia Fiscal, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.
En el oficialismo dan por hecho que consiguen los votos, aunque reconocen fricciones puntuales con gobernadores por reclamos de federalismo en torno al Banco Central. Provincias como Catamarca y Tucumán pidieron incorporar directores propios al directorio del BCRA como condición para acompañar la reforma.
La nueva ley trae además una consecuencia práctica poco difundida hasta ahora: todo el directorio del Banco Central, incluido su presidente, Santiago Bausili, deberá renovar su designación si la reforma se sanciona. En el Gobierno todavía no definieron un punto clave: si el nuevo mandato de seis años se contará desde cero o si se descontarán los años ya ejercidos en el cargo. El asunto está bajo análisis jurídico y no hay una determinación cerrada.
En paralelo, fuentes del oficialismo aseguraron que la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no se tratará hasta después de la sesión del 26, en línea con la decisión de no acumular discusiones sensibles en un mismo temario y luego de que la derrota en el Senado por capítulos clave como Tierras y Manejo de Fuego haya dejado asperezas entre los aliados.
Para eso, y tal como contó El Cronista, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Luis Caputo, tienen en mente priorizar en este próximo tramo los reclamos de los gobernadores para recuperar el diálogo, antes de exponerse de nuevo sobre un proyecto que, de todos modos, tendrá un debate puesto en los desalojos de la Ciudad de Buenos Aires y en expropiaciones en vez de la polémica por los extranjeros.
Parte de eso también implica que tratarán proyectos a pedido de los aliados, como la declaración de capitales simbólicas, la reducción del IVA para la fécula de mandioca, entre otros. El acuerdo macro rumbo al 2027 con el PRO, anunciado formalmente esta semana, no es ajeno a esa intención.
En tanto, mientras continúan las negociaciones puertas adentro entre Santilli y los gobernadores, la Cámara alta no se mantendrá estática. Ya esta semana comenzaron a caminar proyectos de ley como el Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivos para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares que ya cuenta con media sanción de Diputados y que en el oficialismo dan por encaminado.
En paralelo siguió el debate, más resistido, de la nueva Ley de Sociedades impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que crea las llamadas sociedades automatizadas y reemplaza el régimen vigente desde 1972. Pero, sobre todo, lo que más consenso tiene para el avance es el frente activo de los pliegos judiciales.
Algunos incluso especulan con que la nueva era de acuerdos podría implicar el judicial: “Me parece que se viene una etapa de jueces por leyes”, decía un senador del bloque libertario ante El Cronista. La Comisión de Acuerdos, que preside el senador riojano Juan Carlos Pagotto, cerró en agosto un cronograma de cinco audiencias públicas para tratar cerca de 70 postulaciones, dentro de un plan más amplio del Ejecutivo para cubrir alrededor de 300 vacantes en la Justicia federal.
A esto se suma un dato que trascendió de la última reunión de la Mesa Política con Sturzenegger: en el equipo económico ya está decidido que, una vez sancionada la reforma del BCRA, el próximo proyecto que impulsarán con prioridad será la nueva Ley de Mercado de Capitales, también diseñada por el ministro de Desregulación. La iniciativa busca simplificar ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) la emisión de Obligaciones Negociables y títulos corporativos en distintas monedas, y ampliar las alternativas de financiamiento privado para las empresas por fuera del crédito bancario.
