La arenga del presidente Javier Milei en el palco de la Cámara de Diputados puede ser una anticipación de lo que viene para los próximos tiempos en el Congreso. Envalentonado por la victoria electoral y la incorporación de legisladores de otras fuerzas al bloque de La Libertad Avanza, en el Poder Ejecutivo trabajan en un combo de como mínimo 10 proyectos de ley para la primera parte de 2026 que intentarán modificar desde la legislación laboral y el marco educativo hasta la circulación de barcos de cabotaje y el acceso a las tierras por parte de los extranjeros.
Se trata de un paquete que están puliendo en conjunto los ministerios de Economía, Desregulación y Capital Humano y que empezará a agitar la discusión pública ya desde el verano de la mano del llamado a sesiones extraordinarias que hará la Casa Rosada y que también irán luego entrando en la agenda después de marzo con una estrategia: se mandará “ley por ley” y no más una “ley ómnibus” como ocurrió en su momento con las distintas versiones de la Ley de Bases.
Según pudo confirmar "El Cronista", el Gobierno prepara para el 9 de diciembre un documento que desglose todos los puntos del llamado Pacto de Mayo, una serie de enunciados que se firmó el año pasado junto a los gobernadores aliados para discutir cambios en distintas áreas. El paper incluiría un resumen de los aportes de los distintos sectores que participaron de las discusiones y llevaría adjunto el proyecto de ley de reforma laboral que tomará algunos puntos propuestos y otros no.
En lo particular, habrá dos combos de modificaciones en materia laboral. Por un lado, habrá modificaciones a la ley de Contratos de Trabajo (20744/74), con el foco puesto en principio por un lado en eliminar lo que el Gobierno llama “zonas grises” que impactan en los montos que se pagan por indemnizaciones.
La decisión es mantener el cálculo de un mes por año trabajado como punto de partida y no habrá topes como fue la propuesta de la Unión Industrial Argentina, pero sí se introducirán cambios por ejemplo en la manera en la que se tiene que demostrar por ejemplo que hubo un “daño” al empleado, para intentar que los jueces no puedan incrementar los montos finales que deben pagar las compañías ante un despido. “La idea será que el trabajador tenga que demostrar que hubo un daño”, explican desde los equipos que trabajan en el tema.
Allí, a su vez impulsan modificar el principio de “ultraactividad”, por el cual un convenio sigue rigiendo una vez que venció, y también se buscará imponer la idea de la “prelación”, por la que un acuerdo laboral más chico (por empresa, por municipio o por provincia) prime sobre uno más grande firmado para toda la actividad.
El paquete de normas laborales también incluirá una vertiente de cambios impositivos, en la que trabaja puntualmente el Palacio de Hacienda, con el corazón en la baja de cargas sociales para estimular la formalización.
Todo esto en el marco del plan del Gobierno que incluye enviar una ley de Presupuesto después de dos años de que el país funcione sin la ley de leyes de asignación de partidas. El combo vendrá acompañado de dos proyectos varias veces anunciados pero nunca tratados: el llamado de “inocencia fiscal” con el que la Casa Rosada quiere estimular el uso de “los dólares del colchón” y establecer una “declaración simplificada de Ganancias”, y otro conocido puertas adentro como “la regla fiscal”, que escriba como norma la idea de que no se pueden proponer gastos que no cuenten con una fuente de recursos correspondiente. El paquete incluiría fijar como nuevos delitos sobre los funcionarios públicos el gasto público sin dejar en claro su fondeo así como la financiación monetaria del Tesoro.
En cuanto se formalice la firma del acuerdo de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina, por otro lado habrá otro shock de legislaciones que deberán pasar por el Parlamento para cumplir con las exigencias de la Casa Blanca en especial en materia de patentes, con la adhesión del país a unos cinco tratados internacionales en materia de patentes, marcas y semillas entre otros, además de modificaciones de resoluciones como la apuntada hace tiempo por los laboratorios internacionales que estableció en 2012 criterios más restrictivos para el patentamientos de medicamentos en el país.
Sin volver a apostar a una mega ley como hizo el año pasado, Milei también tiene previsto enviar al Congreso otros proyectos que prometen levantar polvareda como:
-Cambiar la ley de glaciares, para delegar en las provincias la potestad de definir qué área es considerada “periglaciar” y por ende dónde se puede y no se puede hacer explotaciones como la minería;
- Eliminar la ley de tierras que limita la compra por parte de inversores extranjeros, de manera tal de habilitar la llegada de fondos soberanos que, calculan, podrían ingresar u$s 5000 millones en inversión según fuentes oficiales
-Modificar la ley de circulación de cabotaje de barcos;
-Avanzar con una reforma de la ley nacional de Educación 26.206, para permitir también que los gobiernos provinciales introduzcan sus propias reglas, ya sea como la habilitación de la educación a distancia, el uso de vouchers, planes de pasantías o incluso algún mecanismo que permita a los padres tener acceso a una especie de scoring de escuelas para comparar y elegir entre las que ofrecen mejores resultados de aprendizaje.
