Justo cuando la llegada de un fenómeno de El Niño fuerte pone bajo presión a rutas, caminos rurales y obras hidráulicas, la Justicia Federal le pidió explicaciones al Gobierno por el destino de los fondos del impuesto a los combustibles destinados a la infraestructura vial.
El juez federal de Victoria, Federico Martín, admitió un amparo presentado por los legisladores entrerrianos Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, en el que señalan que, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) más de $1,5 billones, pero solo unos $394.406 millones fueron aplicados a obras. Al 31 de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos, según los legisladores.
La causa todavía no determina que haya existido una retención ilegal: la Justicia abrió formalmente el expediente y pidió explicaciones al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional, que pidió la incompetencia para que, en lugar de tramitar la causa en Entre Ríos, sea en Buenos Aires. Fuentes involucradas en el proceso aseguran que el pedido será rechazado.
La discusión se da en un momento especialmente sensible: El Niño ya está instalado y el período de mayor riesgo se concentra entre octubre y diciembre, mientras Nación y Provincia despliegan sus propios programas de prevención.
El dato que complica la respuesta nacional
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) agrega otra dimensión al conflicto. Sobre las 24 obras que comenzaron a financiarse con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), 15 fueron canceladas o suspendidas, ocho continúan en ejecución y solo una figura como finalizada.
Las obras paralizadas representan contratos por $144.818 millones, el 39,7% del monto total de la cartera. Entre las obras que siguen en ejecución, ninguna supera el 36% de avance.
El FFIH se financia con el 4,31% del impuesto a los combustibles y fue creado para obras de prevención de inundaciones, saneamiento y recuperación de tierras productivas.
El problema no es solamente la ejecución. Al 1° de junio de 2026, el Fondo tenía $290.676 millones colocados en Letras del Tesoro, además de $49.069 millones en cuentas a la vista y $247 millones en plazos fijos. En total, eran $339.993 millones, de los cuales el 85,5% estaba invertido en deuda del Tesoro.
Hay otro dato que resume la magnitud de la discusión: entre enero y mayo, los intereses cobrados por las LECAP alcanzaron $59.747 millones, casi lo mismo que los $61.082 millones pagados por obras.
Qué obras quedaron frenadas
La situación adquiere especial relevancia en las zonas donde el pronóstico climático es más exigente.
En la cuenca del Río Salado, los tres subtramos del Tramo IV que figuran en la cartera nacional presentan avances de apenas 0%, 6,7% y 18,8%. Las obras concentran el 45% del monto de toda la cartera analizada por CEPA.
La Provincia prepara el Tramo V, pero sostiene que no puede avanzar hasta que Nación termine el tramo anterior. A su vez, el préstamo del Banco Europeo de Inversiones que permitiría financiar las etapas 1 y 2 del Tramo V venció el 30 de junio de 2026 y Buenos Aires pidió una prórroga hasta marzo de 2030 que todavía está pendiente de aprobación.
El Salado es así el caso testigo de una infraestructura que necesita funcionar como sistema, pero está dividida entre distintas jurisdicciones y fuentes de financiamiento.
Qué hace Nación sobre las rutas
El organismo desplegó tareas preventivas en sus 24 distritos, con intervenciones sobre más de 7.800 kilómetros de rutas nacionales. Los trabajos incluyen limpieza de cunetas, alcantarillas y desagües, mantenimiento de banquinas, control de erosión e inspección de puentes.
En Buenos Aires, el operativo se concentra en las rutas nacionales 3, 33, 188 y 226 y en la autopista A-017 Presidente Perón, con equipos destinados a reforzar la prevención de anegamientos.
La diferencia es que se trata principalmente de mantenimiento y adecuación de infraestructura existente, mientras las grandes obras hidráulicas requieren inversiones de otra escala.
Qué hizo la Provincia
Buenos Aires, por su parte, presentó un Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que reúne 139 obras y proyectos y siete estudios, con una inversión estimada de $1,7 billones.
El paquete incluye el mejoramiento del río Luján, la adecuación del río Areco, la refuncionalización del Canal Maldonado, el Sistema Presa Roggero, la defensa costera de Pehuen-Có y obras ya finalizadas en Miramar y Paso del Rey.
También avanza con el Tramo V del Río Salado, aunque todavía en proceso de adjudicación.
Además, durante 2025 la Provincia realizó 33.850 horas máquina y 272,4 kilómetros de intervenciones en 40 municipios, con tareas de limpieza de canales y arroyos, remoción de sedimentos y construcción de defensas.
La estrategia incluye un sistema de monitoreo hidrometeorológico con 150 estaciones, de las cuales 42 son provinciales, y un objetivo de llegar a 250 propias entre 2026 y 2030.
El agua también pone en disputa los caminos
La emergencia hídrica abrió otro frente: los caminos rurales.
Una modificación legal permitió durante 180 días que los municipios utilicen hasta el 100% de los recursos del Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento vial para obras hídricas.
Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, Jonathan Sánchez Sosa explicó que la Provincia ya acompaña a los municipios con subsidios para mejorar caminos, canalizaciones y alcantarillado.
“Si no se logra manejar el agua, difícilmente se pueda circular por un camino”, planteó.
Pero CONINAGRO cuestionó que la emergencia se financie con recursos destinados a otra infraestructura productiva y reclamó un fondo específico para las obras hídricas.
La discusión expone un problema concreto: una inundación puede afectar al mismo tiempo los canales que deben sacar el agua y los caminos que deben sacar la producción.
Un riesgo que ya no es teórico
El informe de CEPA advierte que el escenario climático encuentra a varias obras en zonas de alta exposición.
El SMN prevé para octubre-diciembre lluvias superiores a lo normal en el Litoral, oeste de Santa Fe y oeste bonaerense, además de una tendencia superior en el centro-este de Buenos Aires.
Y la Provincia llega con un elevado nivel de humedad: 58 de los 92 municipios que reportaban a la Mesa de Riesgo Hídrico habían superado a fines de julio su promedio acumulado de lluvias.
CEPA identificó seis zonas de alta exposición frente a El Niño. Entre ellas, la cuenca del Salado, donde las tres obras nacionales avanzan entre 0% y 18,8%; los Bajos Submeridionales, donde las dos obras previstas fueron rescindidas; y el conurbano bonaerense, donde 7 de las 8 obras hídricas de la cartera están paralizadas.
El informe agrega un dato todavía más significativo: un crédito del Banco Mundial por u$s 200 millones, aprobado en 2023 para infraestructura resiliente al clima y gestión del riesgo de inundaciones urbanas, registra 0% de ejecución en la cartera de financiamiento internacional del Ministerio de Economía.
El problema de fondo
La discusión judicial sobre el impuesto a los combustibles termina exponiendo un problema que va más allá de las rutas.
Nación tiene recursos afectados y ejecuta tareas preventivas; Provincia tiene un programa de obras, monitoreo y mantenimiento; los municipios sostienen los caminos rurales. Pero las obras estructurales dependen de fondos, avales y decisiones que están repartidos entre distintas jurisdicciones.
Mientras la Justicia empieza a preguntar dónde están los recursos destinados a las rutas, el Fondo Hídrico, bajo la órbita de Nación, tiene cientos de miles de millones de pesos colocados en deuda del Tesoro y varias obras permanecen paralizadas.
Según los especialistas, el desafío hoy, no es solamente conseguir más recursos, sino coordinar su ejecución de acuerdo a la urgencia y prioridades ante la llegada de El Niño.
