La Fiscalía federal pidió informes a la Dirección Nacional de Migraciones y a otros organismos de seguridad para reconstruir el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina y determinar si hubo irregularidades en su ingreso y posterior salida del país rumbo a Estados Unidos.
La investigación busca establecer, entre otras cuestiones, qué información tenían los funcionarios argentinos sobre la prohibición judicial que pesaba sobre el senador brasileño y bajo qué condiciones se realizó su traslado hasta Puerto Iguazú.
La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó estas medidas en el marco de la denuncia presentada contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por presunto encubrimiento. El objetivo es reconstruir la secuencia del viaje de Bolsonaro, que ingresó a la Argentina junto a su familia desde Brasil y horas después abordó un avión privado de Baires Fly con destino a Guayaquil, desde donde continuó hacia Estados Unidos.
Entre las medidas requeridas figuran los registros de ingreso y egreso de Migraciones, los movimientos de las fuerzas de seguridad que operaron en la frontera de Misiones, los registros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las listas de pasajeros y los manifiestos de vuelo. También se busca conocer bajo qué órdenes actuaron los efectivos que participaron de la custodia de Bolsonaro.
La fiscalía también puso el foco en las comunicaciones y eventuales gestiones oficiales vinculadas con el senador brasileño. La denuncia pide que Cancillería informe si hubo comunicaciones diplomáticas, notas verbales o pedidos de cooperación internacional relacionados con Bolsonaro durante el período investigado, mientras que también se solicitó preservar registros del Sistema de Inteligencia Nacional y del Ministerio de Seguridad.
La causa se inició a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien acusó a Milei y a funcionarios de inteligencia, seguridad y diplomacia de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
La presentación sostiene que pudo haber existido una maniobra para facilitar la salida de Bolsonaro, aunque esas acusaciones deberán ser determinadas por la investigación judicial.
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