El Gobierno endurece los controles para evitar fuga de dólares: los tres sectores en la mira

Las nuevas metas que definió el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sostener el acuerdo de financiamiento con la Argentina, llegaron con sugestivas recomendaciones que dan impulso a la segunda etapa del plan "cuidar los dólares", uno de los pilares de la política económica de Sergio Massa -con foco en las importaciones-, se expande a todos los servicios que demandan dólares del Banco Central (BCRA).

El riesgo de "sobrefacturación" en servicios como fletes marítimos, seguros internacionales y honorarios profesionales que anticipó el FMI en su último reporte, están en la mira de la cartera de Economía desde hace meses. Sin embargo, las definiciones debieron esperar a que el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) alcance una dinámica.

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En ese sentido, el informe del FMI señala que cumplir la meta de reservas y la estabilidad "requerirá medidas políticas más enérgicas".

Por un lado, indica que se necesitan "esfuerzos tempranos y decisivos para racionalizar el complejo régimen cambiario", una medida que puede "desincentivar el acaparamiento y alentar la liquidación de cereales".

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Además apunta a "contener" las importaciones y pone especial énfasis en "servicios y productos de lujo, que pueden estar sujetas a una sobrefacturación".

Por eso, en un contexto cada vez más ajustado por los dólares que descuenta el agro, además de lanzar un tipo de cambio diferencial para los productos agrícolas, Economía también se enfoca en el sector de servicios al exterior que, junto a turismo, exigen unos 15.000 millones de divisas oficiales por año y pesan tanto como las importaciones.

Mayores controles

"Por la brecha cambiaria, las maniobras de sobrefacturación en importaciones y subfacturación del lado de las exportaciones se extendieron al pago de servicios de transporte que se hace a través del MULC", justificó un funcionario cercano al ministro de Economía y aseguró que "se está avanzando con denuncias e investigaciones concretas".

En un escenario desvirtuado de referencias, por el impulso que cobraron los servicios marítimos en pandemia -por la faltante de contenedores-, la Aduana descubrió sobrefacturación de hasta el 800% en los valores declarados. 

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La maniobra no sólo se asocia a los servicios marítimos sino a una multiplicidad de contrataciones en el exterior que tienen como fin fugar divisas al exterior a precio oficial y luego ingresarlas al sistema financiero a través del "blue", que es lo que busca contener la administración pública. 

Con ese objetivo -"mejorar el control y supervisión en los servicios que se contratan en el exterior"-, a través de la Resolución 5342/2023 de la AFIP y la Secretaría de Comercio, establecieron nuevos plazos de vencimiento de la declaración del Sistema de Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE).

Por un lado, la norma exige a los organismos que intervienen en la aprobación un plazo no mayor a 60 días corridos -contado desde la carga de la información en el SIRASE- pero acorta a 30, los días para que el pedido se haga efectivo.

Además de sumar una planilla con diferentes requerimientos, el control de la situación tributaria del contribuyente y el análisis de la Capacidad Económica Financiera (CEF), la medida expresa, sin mayores aclaraciones, que los plazos se podrán ampliar "por idéntico término, cuando la complejidad de la cuestión así lo amerite".

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En paralelo, mediante la Resolución 173/2023, el Ministerio de Transporte de la Nación, creó el Observatorio de Estudios y Estadísticas Portuarias, una herramienta que le permitirá hilar fino sobre actores clave del comercio internacional, los dedicados al transporte marítimo y fluvial, y "cruzar información con las distintas áreas de gobierno y organismos públicos nacionales, provinciales y municipales".

El Observatorio creado por la cartera que lidera Diego Giuliano, quedará en la órbita de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante que conduce Patricio Hogan, y tendrá como principal objetivo "transparentar el comercio marítimo y fluvial de todo el país".

Además de monitorear, elaborar informes y crear indicadores, la oficina de Hogan quedó facultada para "requerir a los armadores marítimos y fluviales, de bandera nacional o extranjera, los agentes marítimos y las administraciones portuarias (sujetos a las previsiones de la Ley N° 24.093), la comunicación mensual de sus tarifas, rutas, frecuencias y calidad del servicio, y a hacerlas públicas para asegurar la transparencia de los mercados".

"Se llevará un registro minucioso de las operaciones que se desarrollen en las vías navegables y puertos argentinos", indica la información oficial.