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La paralización de las operaciones de practicaje comenzó a trasladar el conflicto entre el Gobierno y los profesionales hacia las empresas que dependen del movimiento portuario. Navieras, terminales, exportadores, importadores y compañías energéticas advierten por pérdidas millonarias, reprogramaciones y dificultades logísticas, mientras crece la preocupación por el abastecimiento de combustibles si la situación no se resuelve en el corto plazo.
Según fuentes allegadas a la Marina Mercante, más de 140 barcos permanecen paralizados mientras la Prefectura Naval Argentina intimó a los profesionales para que retomen sus tareas
Como uno de los ejemplos está la paralización de las maniobras de un importante buque que transportaba material para Vaca Muerta.
El sector petrolero fue uno de los primeros en exponer públicamente el impacto. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas, al igual que las del resto de la industria que requiere servicios de practicaje, se encuentran momentáneamente interrumpidas por un conflicto que definió como ajeno a las compañías.
La entidad advirtió que la situación puede provocar dificultades de abastecimiento por problemas en el transporte. La interrupción alcanza las actividades desarrolladas en los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, utilizados para la distribución de combustibles en todo el país.
También se encuentra afectada Caleta Córdova, en Chubut, una terminal que cumple un papel central en el traslado del petróleo crudo hacia las distintas refinerías.
“Básicamente, están afectados todos los muelles”, explicaron a El Cronista fuentes allegadas al sector empresarial. Según indicaron, dentro del segmento downstream, que comprende desde la refinación hasta la distribución de combustibles, existen al menos 12 operaciones comprometidas.
La interrupción comenzó durante el fin de semana, cuando los prácticos dejaron de manifestar disponibilidad para asumir nuevos servicios. Aunque no abandonaron las maniobras que ya habían comenzado, decidieron no aceptar nuevas contrataciones.
La particularidad del conflicto es que no existe un paro gremial formal ni una organización sindical que haya convocado una medida de fuerza. La mayoría de los prácticos trabaja como profesional independiente, una condición que limita las herramientas tradicionales del Gobierno para intervenir.
Según fuentes empresarias, el Ministerio de Trabajo no podría dictar una conciliación obligatoria porque no existe un conflicto colectivo encuadrado dentro de una relación laboral tradicional.
Pérdidas y dificultades para las empresas
La falta de prácticos genera una acumulación de costos para toda la cadena vinculada al comercio exterior. Las empresas deben afrontar demoras de los buques, reprogramaciones, gastos portuarios, disponibilidad de embarcaciones y alteraciones en los cronogramas de carga y descarga.
Desde el sector de los capitanes de ultramar ya habían advertido que la parálisis estaba generando pérdidas de millones de dólares. Con el paso de las horas, el perjuicio comenzó a extenderse hacia las industrias que necesitan movilizar insumos, materias primas y productos terminados.
Voces calificadas de las energéticas aseguraron a El Cronista que el principal problema no es solamente el costo inmediato, sino la posibilidad de que la interrupción sostenida afecte la logística de abastecimiento.
Las operaciones portuarias permiten trasladar crudo hacia las refinerías y distribuir combustibles entre distintas regiones. La imposibilidad de ingresar, descargar o movilizar los buques puede alterar esa cadena, aunque desde la industria evitan por ahora anticipar un faltante inmediato en las estaciones de servicio.
CADE señaló que trabaja junto con otras empresas afectadas y las autoridades competentes para encontrar una salida que permita restablecer el normal funcionamiento de los puertos.
“Hay una cuestión económica: están paralizando los puertos. Nuestra intención es que se politice lo menos posible y poder encarar una solución”, explicaron fuentes empresariales en diálogo con El Cronista.
Las compañías mantienen conversaciones con funcionarios nacionales y buscan alternativas para reactivar las operaciones. Sin embargo, admiten que la posibilidad de reemplazar a los prácticos es limitada.
El decreto impulsado por el Ministerio de Desregulación permite que la Prefectura Naval designe personas con experiencia en situaciones de emergencia o fuerza mayor. No obstante, las empresas reconocen que las maniobras de buques petroleros y de gran porte requieren profesionales con conocimiento específico de cada zona.
“El número (de personas capaces) es finito y todas las empresas están afectadas. Todos buscamos una solución, pero algunos se van a quedar sin esa alternativa. No hay forma de cubrir toda la demanda si el conflicto no se destraba”, señalaron fuentes de la actividad.
Las empresas apoyan la apertura, pero reclaman una salida
Dentro del sector energético existe una posición favorable a algunos de los objetivos que plantea el decreto del Gobierno.
Fuentes empresarias señalaron que una mayor competencia podría permitir que las compañías elijan entre distintos prestadores, accedan a precios más transparentes y reduzcan los costos que implica contratar los servicios de practicaje.
Según explicaron, las necesidades de la industria fueron consultadas durante el proceso de elaboración de la reforma. Sin embargo, aseguran que la urgencia actual pasa por recuperar la operatoria.
“Más allá de la discusión sobre el decreto, hoy las empresas necesitan buscar una solución. Estamos abocados a encontrar alternativas para reactivar las operaciones”, indicaron.
Esa postura expone una contradicción para el Gobierno: las empresas valoran la posibilidad de abrir el mercado, pero advierten que la implementación de la nueva regulación derivó en una parálisis que amenaza con encarecer la logística y afectar el abastecimiento.
La cautelar del gobierno
Ante la continuidad del conflicto, el Gobierno comenzó a escalar las medidas administrativas contra los prácticos. Prefectura avanzó con intimaciones, sumarios, suspensiones y notificaciones para exigir que los profesionales vuelvan a prestar servicios.
Como muchos prácticos no recibieron personalmente las comunicaciones o se negaron a firmarlas, las autoridades también recurrieron a una cautelar oficial.
Esta decisión fue tomada ayer, durante una reunión en la que participó la Agencia Nacional de Puertos, funcionarios del gobierno nacional y la Prefectura Naval.
Según la interpretación oficial transmitida a las compañías, una resolución judicial podría ordenar que los profesionales vuelvan a prestar el servicio. La alternativa judicial comenzó a evaluarse después de que las sanciones administrativas y las intimaciones no lograran modificar su posición.
Desde el sector empresario explicaron que el Gobierno buscó inicialmente avanzar de manera gradual y “prolija” mediante procedimientos administrativos, pero que la falta de resultados aceleró la búsqueda de una intervención judicial.
Loa respuesta de los prácticos
Fuentes allegadas al sector de los prácticos afirmaron ante El Cronista que el Gobierno no abrió hasta el momento una instancia directa de negociación con los profesionales para discutir una salida al conflicto.
Según su versión, las autoridades avanzaron con notificaciones, intimaciones y posibles sanciones, pero no los contactaron para analizar las objeciones que plantean contra el nuevo régimen.
Los prácticos sostienen que no existe una medida de fuerza formal, sino una decisión individual de profesionales independientes que optaron por no aceptar nuevas operaciones.
En ese marco, cuestionan que el Gobierno pueda obligarlos mediante una cautelar a asumir servicios que todavía no fueron contratados.
“Cuando los intimen o les hagan un sumario, van a responder que están ejerciendo su derecho a no trabajar. Son profesionales independientes”, explicaron fuentes allegadas a la actividad.
Desde el sector trazaron una distinción entre abandonar una operación ya iniciada y rechazar un nuevo servicio.
Además, reconocieron que un práctico no puede interrumpir una maniobra en curso, porque esa conducta podría poner en riesgo la navegación y se encuentra alcanzada por sanciones. Pero aseguraron que no existe la misma obligación antes de aceptar una nueva contratación.
Asimismo, desde el sector rechazaron el argumento de que el carácter público del servicio implique una obligación permanente de trabajar.
“Son profesiones liberales que integran un servicio público. Una farmacia presta un servicio público, pero el farmacéutico puede decidir cerrar su establecimiento. Cuando está abierto, debe cumplir las guardias y las obligaciones correspondientes”, ejemplificaron.
Por ese motivo, las fuentes consultadas anticiparon que los prácticos no piensan acatar voluntariamente una eventual intimación general para retomar operaciones.
En todo caso, prevén discutir judicialmente su alcance y sostener que una orden de ese tipo no puede transformar a trabajadores independientes en prestadores obligatorios.
