La tensión entre el Gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA) escaló este martes tras una nueva advertencia de los directores médicos de los hospitales universitarios, que alertaron por un “riesgo inminente” en la continuidad de la atención sanitaria debido a la falta de financiamiento. El planteo se formalizó en una conferencia de prensa realizada en el Hospital de Clínicas, donde las autoridades de los centros de salud denunciaron que, a cinco meses del inicio del año, no se ejecutaron los fondos previstos en el Presupuesto 2026 para su funcionamiento operativo. Los hospitales involucrados —el Clínicas, el Roffo, el Lanari, el Vaccarezza, el Odontológico y el Veterinario— atienden a unas 700.000 personas por año y cumplen, además, un rol clave en la formación médica y la investigación. Según detallaron, el monto adeudado asciende a unos $80.000 millones. “Llevamos un cuatrimestre entero, cuatro meses del presupuesto anual aprobado y no hemos visto un solo peso”, advirtió el director del Instituto Lanari, Norberto Lafos, quien puso en duda la posibilidad de sostener la atención en el corto plazo. En ese contexto, los profesionales describieron un funcionamiento cada vez más restringido. Según explicaron, los hospitales sobreviven con “ingeniería” financiera: retraso en pagos a proveedores, utilización de fondos de emergencia provenientes de obras sociales y prepagas, y donaciones para sostener insumos básicos. El cuadro se agrava por el costo de los insumos médicos —mayoritariamente dolarizados— y por la situación salarial del personal. Desde el Hospital de Clínicas advirtieron que el centro funciona al 50% de su capacidad y que la falta de presupuesto impacta en cirugías, internaciones y servicios esenciales. “El hospital está funcionando al 50% y, al no tener presupuesto, no podemos internar ni liberar la lista de cirugía”, señaló su director, Marcelo Melo, quien además remarcó que buena parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de pobreza. La advertencia más crítica apunta al corto plazo: según los directores, el sistema podría alcanzar un límite operativo en un mes y medio si no se normalizan las transferencias. El eje del reclamo de la UBA es que el Poder Ejecutivo no está ejecutando partidas ya aprobadas por el Congreso. En particular, señalan que existe un incumplimiento tanto de la Ley de Financiamiento Universitario como del propio Presupuesto 2026. Desde la conducción de la universidad sostienen que, pese a tratarse de fondos ya votados, la partida específica para hospitales universitarios no se ejecutó en lo que va del año, lo que configura —según su interpretación— una violación de la normativa vigente. El vicerrector Emiliano Yacobitti fue más allá y calificó la situación como un “incumplimiento” deliberado: aseguró que los fondos “no se ejecutaron” y apuntó contra el Ministerio de Economía por “pisar” las transferencias. El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, salió a rechazar las acusaciones y calificó de “falsas” las denuncias de desfinanciamiento. Según el comunicado oficial, el Gobierno “transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026”, incluyendo las partidas destinadas a salud. En esa línea, el Ejecutivo sostuvo que el reclamo de la UBA no responde a una falta de ejecución, sino a un pedido de mayor participación en la distribución de fondos. De acuerdo a esa versión, la universidad busca acceder a $75.371 millones, lo que representa el 94,5% de la partida total destinada a hospitales universitarios en todo el país. “El Ministerio considera inadmisible que una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”, señalaron desde la cartera. El conflicto suma presión política con la convocatoria a una nueva marcha universitaria prevista para el 12 de mayo, donde la UBA buscará visibilizar el reclamo por financiamiento. Desde la universidad advierten que el problema excede lo presupuestario y ya impacta en la calidad de la atención, la formación de profesionales y la sostenibilidad del sistema de salud universitario. Con posiciones enfrentadas, el punto de quiebre pasa por la ejecución real del gasto: mientras el Gobierno asegura haber cumplido con las transferencias, los hospitales advierten que no recibieron los fondos necesarios para operar, lo que abre un nuevo frente de conflicto en el vínculo entre la administración de Javier Milei y el sistema universitario.