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Giro histórico: la Iglesia Católica dejó de recibir fondos económicos del Estado

Se trata de una asignación económica que recibían los obispos. La Conferencia Episcopal Argentina explicó detalles del proceso de renuncia.

En un hecho histórico, el último día de diciembre de 2023, la Iglesia Católica dejó de percibir el aporte económico del Estado que se asignaba mensualmente a los obispos. 

De esta manera, concluyó el período de renuncia progresiva, que se había acordado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó que concluyó el "proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares" a los fondos previstos en la ley 21.950, por lo cual esas autoridades de la Iglesia católica dejarán de percibir los aportes del Estado nacional.

Las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre, "conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación", indicó la CEA en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en una resolución del 26 de abril de 2023, había habilitado que los arzobispos y obispos que "hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley", se detalló.

Giro histórico: la Iglesia católica ya no recibirá fondos económicos del Estado

La ley 21.950 (del año 1979) establece que los "arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos".

"El monto actual de la asignación es de $ 98.000", precisó la CEA sobre la suma que recibían los eclesiásticos.

La CEA comunicó que concluyó el "proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares" a los fondos previstos en la ley 21.950.

Además, se recordó que la CEA en 2018 había anunciado su "decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales" y se consignó que en julio de 2020 "los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país".

"Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el diez (10) por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres", se destacó.

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