El Gobierno informó ante la comisión de valores de Estados Unidos que alcanzó un acuerdo con tenedores de bonos bajo legislación alemana por 750 millones de euros.
Según reportó a la entidad, el 8 de octubre pasado, “la República ha liquidado con tenedores de bonos gobernados por la legislación alemana un importe nominal de 750,1 millones de euros”.
Estos títulos integran la búsqueda que había iniciado el Gobierno para saldar posibles frentes judiciales internacionales por deuda en default o que no hubiese entrado en los distintos canjes impulsados por las administraciones.
También informó ante las autoridades estadounidenses que, al 8 de octubre, permanecían sin satisfacerse sentencias firmes de la justicia alemana por un importe total de 121 millones de euros en concepto de capital, intereses y costas.
Los litigios en ese país habían iniciado por deudas que no se habían presentado al canje.
“Asimismo, se han presentado en Alemania otras demandas —que reclaman aproximadamente 2,2 millones de euros de capital en concepto de deuda en situación de impago, más intereses—, si bien aún no se ha dictado sentencia firme al respecto”, agregaron en el documento enviado a la SEC.
A principios de mes, el Gobierno había avanzado con la contratación de estudios legales para alcanzar distintos acuerdos con los bonistas alemanes que quedaron fuera de los canjes 2005 y 2010. En paralelo, otros tenedores de bonos que entraron a los canjes reclaman reunirse con el Gobierno.
La Resolución 1685/2026 dio cuenta de que el Ministerio de Economía había aprobado la contratación del estudio Sodali & Co, un estudio con una división especializada en servicios de deuda, para reactivar el proceso de identificación, conciliación y pago con tenedores de bonos.
Operadores de mercado analizaron el contrato como una señal de que el Gobierno busca destrabar negociaciones y retomar el proceso de pago de una deuda histórica con holdouts.
Los títulos en cuestión son los conocidos como “bonos alemanes” al ser emitidos en ese mercado y que fueron comprados por tenedores individuales y luego destinados a cajas de compensación.
Luego de que se ofreciera el canje por los bonos en default de 2001 y el proceso de conciliación, el hecho de que los tenedores alemanes fueran individuales dificultó la posibilidad de alcanzar una negociación en conjunto y se dio la proliferación de juicios individuales.
La resolución de este frente puede derivar en un alivio diferencial. Los tenedores de títulos bajo ley alemana habían incluso reclamado en años anteriores que se les otorgara una cláusula pari passu, similar a la que habían otorgado en los tribunales de Nueva York, pedido que fue rechazado. Los bienes de la República destinados a fines diplomáticos o consulares no pueden ser embargados, así como las cuentas de embajadas o consulados.
“Según tiene conocimiento la República, algunos demandantes en Alemania han logrado embargar fondos de la República depositados en entidades que actúan como agentes de pago (destinados al abono de intereses de otra deuda pública).
“Asimismo, algunos acreedores han embargado créditos que la República posee frente a sus antiguos asesores jurídicos locales en Alemania y frente a otros demandantes —es decir, aquellos que retiraron sus demandas contra la República o que perdieron sus litigios, total o parcialmente—, quienes, conforme al sistema alemán según el cual «la parte vencida paga las costas», están obligados a sufragar los gastos de la República (honorarios de abogados establecidos por ley y, en su caso, tasas judiciales), siempre que dichos importes no hubieran sido previamente compensados por los propios demandantes”, reportaron.
Este avance además busca desarticular las solicitudes de algunos demandantes de obtener reconocimiento de las sentencias en países como Estados Unidos, Luxemburgo o España.
Base de datos
Ya en 2016, el Gobierno había contratado a Sodali como Agente de Información, para crear una base de datos de los acreedores y avanzar en una reestructuración, tanto con los tenedores de bonos dentro de las cajas compensadoras internacionales y con los que hubieran iniciado acciones judiciales. Desde 2019, señala la resolución, no se realizaron nuevos pagos a tenedores de bonos alemanes.
El contrato plantea que los primeros acuerdos se iniciarán con al menos 500 acreedores ya identificados y que tienen sentencias judiciales. La propuesta no contempla a acreedores que no tengan una sentencia judicial. Además, se avanzará con la identificación de acreedores.
En concreto, fue el paso inicial para las negociaciones con acreedores con litigios abiertos y para despejar los distintos frentes judiciales de la República, en particular los enfocados en los bonos en default, algo recurrentemente mencionado por el oficialismo como un hito en el quiebre de contratos del Estado argentino.
En paralelo, los bonistas que accedieron a los distintos canjes y reestructuraciones reclamaron sentarse con el Gobierno para negociar. “Milei está en París por Argentina con una gran historia que contar. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Argentina se negó a reunirse con sus acreedores de los bonos del PIB en París para discutir un acuerdo. Hasta ahora, también ha fallado en acordar reunirse con ellos en Bangkok en el FMI en octubre. ¿Buena fe y estado de derecho?”, sostuvo la agrupación de tenedores de bonos de canje de Argentina, una asociación que reúne bonos por un valor cercano a los u$s 4000 millones emitidos en los canjes 2005 y 2010.
El grupo tiene un comité directivo integrado por sus mayores tenedores de bonos de canje: HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Paloma Partners Management Corp., Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management, LLC y VR Capital Group.
Lo señalado anteriormente está en línea con lo declarado por Argentina ante el FMI de que avanzaría en conciliaciones. El antecedente directo fue el pago a los bonistas en default Attestor Master y Bainbridge por un total de u$s 170 millones luego de una quita superior al 30% de los montos reclamados, lo que permitió el posterior cierre de la causa.
El presupuesto 2027 establece un monto que estará destinado a cancelar obligaciones derivadas de juicios o procesos de arbitrajes.
El artículo 49 autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito por u$s 1030 millones, o su equivalente en otras monedas, destinadas exclusivamente a la “cancelación de obligaciones derivadas de decisiones o laudos firmes dictados por arbitrajes internacionales contra el Estado Nacional”.
