Después de años de litigios y fuertes controversias, la explotación del proyecto San Jorge en Mendoza tiene luz verde y del lugar se podrá extraer cobre y oro gracias a la adhesión al RIGI que se publicó hoy en el Boletín Oficial.
Con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, se anunció hoy que, en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, se dio el visto bueno para la explotación de minerales en el mencionado yacimiento mendocino.
La novedad va más allá de la inversión calculada en 613 millones de dólares, ya que se trata de un caso emblemático de la puja entre espacios ambientalistas y sectores productivos.
El RIGI de San Jorge
El proyecto, localizado en la zona de Uspallata, podrá acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por el RIGI, incluyendo franquicias para importar bienes destinados a la construcción y operación del complejo minero.
Según las presentaciones oficiales realizadas por la empresa, el desarrollo prevé producir alrededor de 40.000 toneladas anuales de cobre fino y tendría una vida útil inicial estimada en 16 años.
El esquema contempla además un período de construcción de entre 18 y 24 meses antes del inicio pleno de operaciones.
La dimensión económica del proyecto también aparece en el impacto esperado sobre empleo y proveedores.
Las estimaciones privadas vinculadas al desarrollo calculan entre 3.900 y 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción y unos 2.400 empleos asociados a la operación del complejo una vez en funcionamiento.
El proyecto no apunta únicamente a la extracción mineral sino a la producción de concentrado de cobre, un insumo clave para industrias vinculadas a transición energética, electromovilidad, infraestructura eléctrica y fabricación tecnológica.
Esa demanda global creciente es uno de los factores que impulsó el renovado interés inversor sobre proyectos cupríferos en la Argentina.
En paralelo, el desarrollo requerirá infraestructura energética, líneas eléctricas, logística y una red de proveedores industriales y metalmecánicos.
La primera mina de cobre de Mendoza podría comenzar a funcionar entre fines de 2027 y comienzos de 2028 y la empresa adjudicataria, PSJ Cobre MEndocino, contará con el Royal Bank of Canada como agente financiero, lo que podría suponer la búsqueda de más inversores futuros.
La conflictiva historia de la minería mendocina
De hecho, el conflicto se remonta a 15 años atrás, cuando la legislatura local había rechazado por unanimidad la constitución de San Jorge, en el marco de una fuerte tradición de resistencia social a este tipo de explotaciones por el uso de agua, sustancias químicas y el posible impacto ambiental en zonas cordilleranas.
En aquel entonces, la Legislatura mendocina rechazó la declaración de impacto ambiental del proyecto luego de una fuerte presión social y ambientalista.
A eso se suma la Ley 7722, una norma emblemática para Mendoza que restringió el uso de determinadas sustancias químicas en la minería y que durante años funcionó como un “muro político” para el desarrollo de proyectos metalíferos.
A comienzos de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo, ante la Legislatura, reiteró la voluntad de su gobierno de convertir a la provincia en un polo minero que tenga como centro la sustentabilidad.
San Jorge supo convertirse en emblemático porque, a pesar de contar con el apoyo del Ejecutivo local, reactivó protestas sociales y obligó a reiniciar todo el proceso ambiental. Aprobado el RIGI, el caso puede volver a aparecer como un test para medir hasta dónde cambió —o no— el clima político en Mendoza respecto de la minería.
