EFECTOS DEL ATENTADO

Discursos de odio: sin lugar para el cercenamiento de la libertad en Argentina

El Gobierno intenta que debatir ciertas restricciones y aunque desinflaron el globo de ensayo en el Congreso, no lo descartaron de fondo. Las iniciativas adoptadas en otros lugares y qué pasa en nuestro país

El Gobierno intenta que el tema se debata. Desinflaron el globo de ensayo de llevarlo al Congreso pero no lo descartaron de fondo. La Argentina no parece tener un escenario posible para la aplicación de ciertas restricciones a la libertad de expresión, pero en medio de un debate que tuvo como protagonista a una Cristina atacada, el Gobierno intentó colar la discusión. ¿Qué pasa con la gente y el discurso del odio?

A partir de la aparición del hombre que de la forma que fuera logró poner un arma a 10 cm de la cara de la Vicepresidenta, se intentó desde el oficialismo instalar la idea de que la situación no fue un hecho aislado y correspondió a que desde algunos medios se impulsa un discurso antidemocrático y de violencia.

Según un estudio del Conicet el 26% de los ciudadanos apoya los discursos del odio, un 17% se muestra indiferente y un 57% los desaprueba. Los índices más altos se ubican en el centro de la Argentina y los más bajos en el sur, mientras que, entre los consultados, aquellos que recibieron mayor nivel educativo son los que más se resisten a aceptar ese tipo de proclamaciones.

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Uno de los casos más exponenciales en donde la ley contra el odio le sirvió al Gobierno para callar voces opositoras es Venezuela. En 2005 entró en vigencia la Ley que se llamó de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Esa misma legislación fue reformada en 2010 y le sirvió al Gobierno de el fallecido presidente Hugo Chávez para perseguir y disolver medios opositores.

Una vez que Nicolás Maduro llegó al Gobierno venezolano se promulgó la llamada Ley contra el Odio, que en lugar de tolerar los discursos contrarios al Gobierno, habilitó silenciar las críticas de los medios opositores y de los ciudadanos particulares.

En Nicaragua en 2020, cuando la ley contra el odio ya existía, los diputados aprobaron una reforma legal para imponer prisión perpetua a quienes cometieran delitos de ese tipo.

En su momento al anunciar la reforma el Presidente Daniel Ortega incluyó a los opositores a su Gobierno entre los autores de los delitos de odio: "no son nicaragüenses" había dicho Ortega, "son hijos del diablo y están llenos de odio, cargados de odio están". 

El Presidente Daniel Ortega incluyó a los opositores a su Gobierno entre los autores de los delitos de odio: "no son nicaragüenses" había dicho Ortega, "son hijos del diablo y están llenos de odio, cargados de odio están". 

De todos modos, en ese país en el que la libertad de expresión se ve restringida, tampoco están descritos cuáles son los delitos que tipifican de este modo, por lo que la oposición entiende que es un manoseo a la institucionalidad jurídica y un esfuerzo desesperado del Gobierno por mantener amedrentada y con miedo a la población. Esto vino de la mano de un apartado en el cual se aprobó la condena de prisión para quienes difundieran noticias falsas en las redes o en televisión. ¿Quién lo controla? Si claro, un régimen dictatorial.

Por su parte, en El Salvador se introdujo este año una reforma que determina cárcel para las personas que reproduzcan mensajes de las bandas delictivas. Mientras que en Cuba, ya desde 1999, Fidel Castro aprobó una ley que condena con hasta 20 años de cárcel a aquellos que respalden las sanciones de Estados Unidos contra la isla caribeña.

En Ecuador la ley nunca se reglamentó por lo tanto no se aplica. Justamente la oposición calificó a lo aprobado en el año 2013 como ley mordaza. Y en Bolivia existe la Ley de Imprenta. Fue sancionada con la intención de proteger a los temas periodísticos de la justicia ordinaria. Cuando se quisieron implementar penas para los periodistas fue casi archivada.

Si nos vamos a Europa, encontramos que en España, la ley del odio dice que serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes en publico fomenten o promuevan odio u hostilidad contra un grupo, una parte del mismo o una persona determinada. Quienes elaboren, posean o produzcan escritos con contenidos para fomentar o incitar al odio, y quienes trivialicen o enaltezcan delitos de genocidio.

En otro contexto en Alemania, desde 2019 el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas para combatir los delitos de odio, antisemitismo y el extremismo de derechas ante una situación que el país sintió como amenaza y que iba creciendo.

Como queda claro en lo detallado, la clave es el contexto. No es lo mismo en América que en Europa, y no es lo mismo en Alemania que en España.

En Argentina se utilizó como parte de un discurso que convino al Gobierno en medio de una situación económica y política delicada. De todos modos, en nuestro país la vinculación con aplicar restricciones a la expresión y las críticas en ese sentido a quien sea que lo promueva genera pánico. 

Desde lo discursivo el oficialismo seguirá llevando adelante esta campaña. Pero en el Congreso no resiste siquiera un debate. El temor por entregarle en bandeja a la oposición la condena por el cercenamiento a la libertad de expresión si esto avanzara, lo confirma. El globo se pinchó antes de empezar a inflarse. Desde la Rosada van a insistir, pero la coyuntura, y el contexto, esta vez jugarán en favor de la libertad.

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