CASI UN AÑO SIN ARREGLO

Acreedores de la provincia de Buenos Aires amenazan a Kicillof con pedir default por u$s 7148 millones

Hoy vence la 11° extensión de la oferta de Axel Kicillof para reestructurar u$s 7148 millones. Un grupo con más de 40 fondos que tienen la mitad de esa deuda hablan de "ausencia de progreso" y podrían pedir en la Justicia de Nueva York la aceleración de los pagos.

Los acreedores de la provincia de Buenos Aires activaron una ofensiva para apurar la reestructuración de la deuda por u$s 7148 millones y amenazaron con pedir en la Justicia de Nueva York, Estados Unidos, la aceleración del default, después de nueve meses sin avances concretos en la negociación.

El Grupo Ad Hoc, que asegura estar formado por más de 40 instituciones que tienen aproximadamente la mitad de la deuda elegible, avisó el viernes a través del estudio White & Case que si la provincia gobernada por Axel Kicillof "no cambia decisivamente el curso de acción", no habrá "más remedio" que ejercer "en cualquier momento" los derechos de aceleración en algunos o todos los bonos y ejecutar directamente los derechos contractuales.

Se trató de una dura advertencia ante lo que creen que es una "falta de respeto y trabajo constructivo" de Buenos Aires y una "ausencia de progreso" para levantar el default, en estado técnico desde mayo del año pasado.

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Según pudo averiguar El Cronista, los principales acreedores son GoldenTree Asset Management, Western Asset Management Company (WAMCO), Greylock Capital y Prudential. Fidelity y Templeton tendrían una parte minoritaria, contaron fuentes del mercado a este diario.

La propuesta bonaerense, que cuenta con el asesoramiento del Bank of America (BofA) es tener un período de gracia de tres años, con una quita de capital cercana al 7% y un recorte de los intereses de 55%, para obtener un alivio financiero de u$s 5000 millones hasta 2030. La contrapropuesta de los acreedores fue otorgar un alivio de u$s 3300 millones.

La onceava extensión del Período de Invitación, con una oferta que nunca se modificó, vence este lunes 1 de febrero, aunque se descarta que sería prorrogada una vez más.

White & Case es el estudio que asesoró, entre otros trabajos, a los fondos más intransigentes en la negociación de la deuda soberana, culminada con éxito en agosto de 2020.

El grupo contenía a BlackRock, Fidelity y Ashmore, entre otros, instituciones que hoy también pulsean con YPF por mejoras en las condiciones del canje de deuda por u$s 6227 millones emitida por la petrolera estatal argentina.

Pese a la advertencia de los bonistas, en La Plata muestran tranquilidad. Consultadas por El Cronista, fuentes oficiales plantearon que "el equipo económico está dialogando con los bonistas para alcanzar un acuerdo que sea consensuado y sostenible en el mediano y largo plazo".

"Siempre hemos planteado en los diálogos de buena fe que mantenemos con los acreedores privados externos que cualquier acuerdo tiene que estar alineado con nuestra realidad fiscal y capacidad de pago de la Provincia y también teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas y el impacto sobre las reservas internacionales", apuntaron.

El Grupo Ad Hoc, formado por más de 40 instituciones que tienen aproximadamente la mitad de la deuda elegible, avisó a través del estudio White & Case que si la Provincia "no cambia decisivamente el curso de acción", no habrá "más remedio" que ejercer "en cualquier momento" los derechos de aceleración en algunos o todos los bonos y ejecutar directamente los derechos contractuales.

En Buenos Aires prometieron seguir trabajando para "alcanzar un acuerdo que cumpla con esas características" y exhibieron coordinación con el resto de las provincias que se encuentran en negociaciones para canjear su deuda.

De hecho, el viernes pasado los ministros de Economía y Finanzas del "Grupo Provincias", conformado por Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Tierra del Fuego, encabezados por el bonaerense Pablo López, definieron "lineamientos para la implementación de reestructuraciones de deudas provinciales sostenibles", con una estrategia común con Nación, a través de la Unidad de Apoyo de Sostenibilidad de la Deuda Pública de las provincias, órgano que depende del Ministerio de Economía.

Los funcionarios provinciales, reunidos por segunda vez después de un encuentro que sostuvieron el 12 de enero, rechazaron el uso de "herramientas de presión de carácter judicial para forzar soluciones insostenibles, afectando los principios de buena fe que deberían primar en toda negociación" y se comprometieron a "evitar acuerdos que puedan acarrear beneficios individuales de corto plazo poniendo en riesgo la sostenibilidad del agregado provincial y con ello el interés del conjunto de los acreedores", según la declaración oficial.

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