Causa Vialidad

Condena a Cristina Kirchner: el tribunal reveló los fundamentos del veredicto

La vicepresidenta recibió en diciembre una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la denominada "Causa Vialidad".

El Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer este jueves los fundamentos del fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y a otra docena de imputados en la causa conocida como Vialidad.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso difundieron la sentencia mediante el sistema informático Lex 100, por el cual tramitan los expedientes, y entregaron copias en formato digital a las partes.

El documento es extenso, de un millar de páginas y describe de manera minuciosa lo que los jueces creen que quedó probado a lo largo de un juicio que se extendió durante tres años.

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En diciembre pasado, cuando dieron a conocer las condenas -que incluyen la pena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner- los magistrados distribuyeron una suerte de adelanto de fundamentos.

En ese resumen, colocaron a Cristina Kirchner como la principal responsable y beneficiaria de un sistema de corrupción que consistió en adjudicar 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, cuyo patrimonio creció en forma exponencial a la sombra de esas irregularidades.

"Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiendo órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional", determinó el fallo del que hoy se conocieron los fundamentos.

El empresario Lázaro Báez también fue condenado por corrupción en la denominada "Causa Vialidad".

Los magistrados creen que existió "un beneficio ilegítimo a favor de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez"; también un "interés manifiesto sobre el plan criminal"· por parte de la vicepresidenta, quien participó "en los beneficios económicos producto del delito".

"Estamos ante un hecho de corrupción estatal que, como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos", consideró el Tribunal.

La condena se limitó al delito de administración fraudulenta, y excluyó la figura de la asociación ilícita (el juez Basso se había inclinado por condenar también por esa figura, lo que hubiera significado una pena mayor).

En la ampliación de los fundamentos revelados este jueves los jueces insistieron en que hubo una maniobra fraudulenta para favorecer a Báez y, a través suyo, a la vicepresidenta.

La "maniobra fraudulenta" -según los magistrados, en coincidencia con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola- "perjudicó los intereses de la administración pública".

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Toda la estructura del aparato estatal se confabuló para favorecer a las empresas del Grupo Báez, sobre quien el fiscal Luciani dijo reiteradamente: "Báez era Cristina Fernández de Kirchner".

"Se evidencia la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial", agregaron los tres jueces.

Además de describir las irregularidades detectadas en cada uno de los hechos, el fallo subraya que para concretar el delito todos los intervinientes "desoyeron deliberadamente las alarmas" administrativas, judiciales y mediáticas.

"De manera inaudita, en lugar de la relación de distancia y contralor que debió signar el vínculo entre las dimensiones pública y privada, aquí hemos visto una promiscua y absoluta confusión entre ambas esferas", describieron en los jueces en los fundamentos que se conocieron hoy.

El fallo es apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, también ante la Corte Suprema de Justicia, de modo tal que la decisión que será fundamentada hoy aún no tiene fuerza de cosa juzgada: la vicepresidenta no debe cumplir ni la pena ni la inhabilitación. 

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